El organismo prevé implementar un sistema para el registro de organizaciones políticas, que incluiría que la ciudadanía dé su huella dactilar para afiliarse.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) estima una inversión de $ 425 millones para los próximos cuatro años, para ejecutar proyectos de fortalecimiento institucional como parte de su Plan Estratégico 2022-2025.

La noche de este 17 de noviembre, con cuatro votos afirmativos de los consejeros Enrique Pita, José Cabrera, Esthela Acero y Diana Atamaint se aprobó el Plan Estratégico, que plantea tres ejes y cinco objetivos.

Entre estos, el CNE aspira a optimizar los procesos electorales con el desarrollo de sistemas informáticos propios, innovar el Sistema Integrado de Organizaciones Políticas, el de inscripción de candidaturas y acreditación de delegados, así como implementar el Sistema Contable del Financiamiento a la Política, que se creó en las reformas al Código de la Democracia.

La proyección presupuestaria para estos cuatro años incluye gastos en personal para las elecciones seccionales que se efectuarán en el 2023 y de las nacionales para el 2025.

Se detalla que para los planes operativos anuales de los cuatro años siguientes se requerirán $ 160′669.262; para los planes operativos electorales, $ 197′359.753; para el Fondo de Promoción Electoral, $ 67′616.841. Un total de $ 425′645.856.

Pero, justamente la asignación de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas es uno de los obstáculos que identificó el CNE.

Las políticas de austeridad que aplica el Gobierno nacional “podrían afectar el financiamiento para los procesos electorales”, por lo que se prevé gestionar actividades estratégicas con cooperación internacional, presentando proyectos de inversión, cita el Plan aprobado.

También la presencia de posibles rebrotes de COVID-19 podrían restringir el desarrollo de un proceso electoral, por lo que se buscará hacer previsiones en las planificaciones.

El organismo electoral se proyecta implementar el voto telemático, y para el Sistema Integrado de Organizaciones Políticas se adecuaría un sistema de huellas dactilares para la afiliación y adhesión permanente de los ciudadanos a los partidos y movimientos políticos.

En este caso, se propusieron desarrollar un sistema informático que permita integrar “la recepción, trámite, resolución y registro de la admisión o rechazo en las solicitudes de inscripciones de organizaciones políticas”.

En este se incluirá la desafiliación, renuncia, expulsión y reclamos de afiliación o adhesión involuntaria de los ciudadanos.

Los consejeros resaltaron la elaboración de este documento, para el que habrían contado con la participación del Programa de las Naciones Unidas (PNUD)

Para el consejero José Cabrera, esto será “la bitácora de navegación para fortalecer a la institución”.

El vicepresidente Enrique Pita aseguró que el proyecto central está enfocado con mejoras al sistema de escrutinio para reducir las inconsistencias, para el que se deben aplicar las recomendaciones de las auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado, por ejemplo.

Añadió que las actividades propuestas no se hicieron por beneficio personal o político de quienes actualmente son consejeros.

“No es un plan que obedece a la decisión específica de los actuales consejeros, sino a una visión que, en ningún caso, es politizada o sesgada, respecto a expectativas personales”, afirmó.

Esto, en el contexto de que el Consejo Electoral experimenta la primera renovación parcial de sus miembros, en cumplimiento del artículo 218 de la Constitución.

Este determina que sus autoridades estarán en funciones seis años y se renovarán parcialmente cada tres años: dos consejeros en la primera ocasión y tres en la segunda.

Justamente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se encuentra desarrollando el concurso público para designar a dos vocales principales y dos suplentes, el que concluiría en aproximadamente siete meses.

No obstante, las nuevas autoridades no asumirán sus cargos este 20 de noviembre cuando se cumple el primer tercio del periodo, pues el CPCCS se retrasó en la organización del concurso de selección.

Para dar seguimiento a la ejecución de este plan, los consejeros instituyeron una comisión técnica, que estará compuesta por sus delegados.

El Universo.

Más de 2 800 personas asistieron a la inauguración del primer foro de inversiones organizado por el Gobierno ecuatoriano, este jueves 18 de noviembre del 2021.

El presidente Guillermo Lasso inauguró el evento híbrido, presencial y virtual. Durante su Inter, el Primer Mandatario señaló que durante este foro se expondrá un portafolio de 50 proyectos públicos a los inversionistas.

Entre los proyectos están la Hidroeléctrica Santiago; el Viaducto sur Guayaquil, y Rehabilitación del Sistema Ferroviario Nacional, entre otros.

El objetivo es captar con estos proyectos USD 30 833 millones en inversiones, en los próximos 4 años, en los sectores de hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones, infraestructura, soluciones viales y agroindustrias.

“Estos 30 000 millones de dólares va a permitir reactivar a los pequeños negocios, a las microempresas, medianas y grandes empresas. Va a significar oportunidades para muchas familias ecuatorianas”, dijo Lasso.

Además, se refirió al éxito del proceso de vacunación contra el covid-19 y las cifras positivas del Ecuador en los últimos meses, como el incremento de reservas internacionales de USD 5 900 millones a USD 8 200 en lo que va de gobierno.

Asimismo, Lasso señaló que se trabaja en otras acciones para atraer inversiones como la creación de la Secretaría para las Alianzas Público y Privadas, que se encargará directamente de la formulación y gestión de proyectos de inversión.

“Creo firmemente en que el futuro de Ecuador y del continente pasa por este tipo de encuentros (…). Pasa por convencernos de que hacer negocios es una forma vital de construir a la nación. Debemos estar conscientes de que buscar y crear oportunidades es también construir una mejor sociedad, más justa y ética”, aseguró el Primer Mandatario. Por otra parte, aseguró que en las próximas semanas enviará el proyecto de Ley de Fomento de Inversiones a la Asamblea.

El Open for Business es la estrategia productiva del Gobierno para la reactivación del país y concluirá esta viernes 19 de noviembre.

El Comercio.

Tras casi cuatro años de mantener suspendida la entrega de concesiones mineras en Ecuador, el Gobierno tiene previsto abrir el catastro minero entre diciembre del 2021 y enero del 2022, informó este 18 de noviembre del 2021 Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, durante su intervención en el foro Ecuador Open for Business 2021.

El propósito, según el Ministro de Energía, es promover el desarrollo de esta actividad y atraer más inversiones. “El catastro está cerrado hace cuatro años, es hora de abrirlo. No solo porque es un requisito, sino porque es una demanda y los inversionistas lo requieren”.

La entrega de concesiones mineras fue suspendida en diciembre del 2017, durante el Gobierno anterior, por pedido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Una vez que se abra el catastro minero, este insumo contendrá información sobre las áreas donde estará permitido desarrollar esta actividad. Además, proporcionará datos a los inversionistas sobre la infraestructura próxima que existe en esas zonas: vías, puertos, proyectos eléctricos y otros que son claves para impulsar esta industria.

El esquema identificará también áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles. En estos sitios está prohibido el desarrollo de la minería metálica, en todas sus etapas, tras la consulta popular del 2018.

El Ministerio de Energía mencionó que actualmente apenas alrededor del 10% del territorio país se encuentra concesionado. Sin embargo, cuando se cuente con el catastro existe la posibilidad de ampliar ese porcentaje.

La concesión de un área minera permite que los inversionistas desarrollen actividades de exploración en las zonas determinadas. Estas prácticas (exploración) pueden terminar o no la explotación de minerales, en función de los resultados obtenidos en las distintas fases.

El titular de Energía enfatizó el potencial que tiene la industria minera en el país. Este año, por ejemplo, se estima que la exportación de minerales ascenderá a unos USD 1 600 millones.

El Comercio

El vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, indicó que el Gobierno evalúa decretar un nuevo estado de excepción. Analistas miden los alcances constitucionales.

Hoy, 18 de noviembre, se cumplen los 30 días de vigencia establecidos para el estado de excepción que determinó el Gobierno como mecanismo para combatir a la delincuencia.

“El Gobierno está evaluando un nuevo estado de emergencia, esperemos que hasta mañana se haya tomado una decisión”, aseguró Jijón. Esto porque aún no tienen una evaluación del primero.

El 18 de octubre pasado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretó el “estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional por el plazo de 60 días”.

Según anunció el Primer Mandatario, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llevarían a cabo controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día, requisiciones de droga y más acciones.

La Corte Constitucional (CC) le impuso límites a ese decreto. Señaló que se excedió en el alcance territorial del despliegue militar y, además, redujo su vigencia de 60 a 30 días.

La renovación del estado de excepción dependerá de una evaluación que esperan tener las autoridades entre este 19 y 20 de noviembre.

El presidente Lasso, a inicios de este mes, ya había calificado a los resultados, hasta ese momento, como positivos.

Pero, ¿hay límites para una renovación del estado de excepción? ¿Puede la Corte Constitucional frenar esas iniciativas?

Para Ismael Quintana, abogado constitucionalista, la Corte Constitucional no tiene ninguna atribución para determinar la vigencia de un estado de excepción, ni en su periodo inicial ni en su posibilidad de renovarlo.

“Ha entrado a asumir una facultad que no tiene porque el único habilitado a definir (los términos de un estado de excepción) en el decreto, en el marco constitucional, es el Presidente de la República”, indica Quintana.

Considera que el tema carcelario no se va a resolver en 60 o 90 días, porque para ello se requiere la aplicación de una política pública a largo plazo. Pero, plantea que para mitigar los sucesos, “hay que darle la posibilidad al Presidente para pueda renovar las veces que sean necesarias, mientras la contingencia no se supere”.

En esto coincide el constitucionalista André Benavides, y plantea como “totalmente prudente renovar el estado de excepción”. Para ello el Mandatario debe “fundamentar de manera adecuada para meter a las Fuerzas Armadas en los centros de rehabilitación social”, señala.

Benavides plantea como salida jurídica a la limitación que antes ya puso la Corte que el estado de excepción sea focalizado en las provincias o centros de privación de libertad donde se concentra la crisis.

Los dictámenes sobre el límite de vigencia del estado de excepción es un punto de crítica de los expertos.

El Comercio.

Paso a paso es, cada vez, más evidente la configuración de una tormenta perfecta para el sector agrícola y pecuario. El aumento en el precio del gas natural, a niveles superiores a los alcanzados en la crisis de 2008, está provocando un creciente encarecimiento y escasez de importantes insumos como fertilizantes, herbicidas, nitrogenados, urea.

Los precios de los insumos han tenido un salto de entre el 40% y 100%. Esta situación ha puesto por las nubes los costos de producción en el campo ecuatoriano (a nivel mundial también), lo que da como resultado que se restrinjan al mínimo, o de plano no se hagan nuevas inversiones en el sector de cara a 2022.

El empresario y agricultor Geancarlo Murrieta explicó que «al no poder sembrar porque sería salir a pérdida, los campos se quedarán botados y con ello se dejará de requerir de mano de obra. Juro que no es pesimismo, es una dolorosa realidad».

En otras palabras, la escasez y encarecimiento de materias primas para la siembra podrían provocar, a su vez, escasez o una provisión limitada de algunos de los principales productos agrícolas en el mercado nacional. Eso, por su parte, empujaría un aumento de precios y del costo de la canasta básica.

De acuerdo con Murrieta, la producción agrícola, bajo las condiciones actuales, no es negocio a menos que sea lo suficientemente grande para tener economías de escala o la productividad por hectárea esté por encima del bajo promedio nacional.

Cereales, verduras y hortalizas, inclusive productos cárnicos y lácteos (pastizales para el ganado) requieren una serie de productos químicos cada vez más costosos. Asimismo, los precios de otras materias primas precios como el trigo y maíz se han disparado a niveles  a los de 2012.

Loren Vera, por su parte, puntualizó que, a pesar de que el año pasado incursionó en con su esposo en la siembra de arroz y soya, ahora el proyecto se queda en suspenso.

«Este ciclo no vamos a sembrar, los costos de los fertilizantes y ciertos otros productos están por los cielos», acotó

A escala mundial, la envergadura de la crisis se visibiliza en situaciones como el riesgo creciente de que Brasil no pueda cumplir con sus compromisos de exportación de café. Asimismo, otros países como Rusia y China están limitando sus ventas al exterior porque la caída de su producción local se está quedando corta frente a la demanda interna.

Por el lado de la oferta de insumos, los problemas alcanza a la gigante noruega Yara, la cual ha anunciado que reducirá en 40% su fabricación de amoniaco y otros materias primas para la producción agrícola como consecuencia de los precios récord de gas natural.

Fernando Ríos, mediano productor, comentó que en Ecuador se debería estar pensando en ayudas directas a los agricultores, en lugar de exigir el mantenimiento del subsidio a los combustibles.

«Lamentablemente, la economía nacional no está preparada. No existe reservas ni tecnología para enfrentar crisis y shocks externos; pero se debería estar hablando de cómo evitamos una caída del agro», concluyó. 

La Hora.

Con la finalidad de asistir a las familias más vulnerables del cantón, el Municipio de Yantzaza, continuará con la campaña de conexión Wifi gratuito en zonas urbano-marginales y rurales del cantón, facilitando el acceso a la educación en línea a cientos de estudiantes y promoviendo una preparación académica idónea para los alumnos.

A inicios de este año, 13 barrios como; Nankais, Muchime, El Pindal, El Padmi, Los Hachos Alto, Los Hachos Bajo, La Yona, Unión Lojana, San Juan de Chicaña, Playas La Florida, San Antonio, El Pincho y San Vicente de Caney, se beneficiaron de este proyecto, donde se instaló zonas con internet libre en las unidades educativas, y cada presidente barrial es responsable del mismo.

“Ha sido un proyecto muy beneficioso para los niños, adolescentes y ciudadanía en general, porque hemos colocado este servicio en lugares donde incluso no hay señal telefónica, mejorando así la educación y comunicación. Por ello hemos decidido continuar y ampliar el servicio para llegar a más barrios como; Miraflores, San Andrés, Río Chantzas, El Oso, La Merced, San Sebastián, Nueva Esperanza y Wambash.” mencionó Martín Jiménez, alcalde de Yantzaza.

Con una inversión de 38 mil dólares aproximadamente, en los próximos meses se incrementarán 8 barrios, con zonas de internet y se renovará el servicio a los otros 13 ya instalados, sumando un total de 21 puntos wifi gratuitos en todo el cantón Yantzaza.

GAD De Yantzaza.

El pasado 10 de noviembre del presente año, El Directorio de la Entidad de Control de Energía aprobó la reducción de los procesos de pagos de las operadoras petroleras por los servicios que prestan el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y la Agencia de Regulación y Control de la Energía y Recursos No Renovables sobre actividades de control, fiscalización, regulación y administración de las actividades hidrocarburíferas.

Por lo tanto a partir del 01 de enero del 2022, de los 2 000 pagos aproximados que realizaban anualmente las empresas petroleras, solamente se efectuará uno cada año, sin afectar la recaudación estatal promedio, señaló el Ministerio de Energía en un boletín de prensa.

El documento sostiene que esta decisión contó con el pronunciamiento favorable de la Presidencia de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas.

En la Resolución del organismo estatal, se definió “fijar una Tasa Única anual a los sujetos de control que efectuarán actividades en las fases de exploración y explotación de hidrocarburos”. Como parte de esta tasa, se incluirán también los valores por actividades de transporte, almacenamiento, refinación e industrialización.

Según el ministerio, la decisión del Directorio mejorará sustancialmente la eficiencia en el sector petrolero, impulsará la captación de mayores inversiones y fortalecerá la seguridad jurídica del país, según lo planteado en la nueva Política Petrolera.

Con esta decisión se simplifican 91 ítems sujetos a pago. De ellos, 46 pertenecían a la Agencia y 45 al Ministerio del ramo.

Además, se estableció un mecanismo para que los valores cobrados por concepto de la Tasa Única sean recaudados a través de un solo proceso, y se distribuyan entre la Agencia (63%) y el Ministerio (37%).

El Comercio.

Tras una amplia sesión, ayer, 17 de noviembre de 2021, que incluyó la participación de 25 legisladores en el debate, el Pleno de la Asamblea Nacional, acogió con 131 votos afirmativos el informe la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral respecto a la investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país.

En este sentido, determinó que la situación que viven las cárceles es una prioridad nacional que debe ser tratada sin evasión de responsabilidades, pues ha provocado la muerte de seres humanos, intranquilidad en los ecuatorianos y grave inseguridad ciudadana en las calles y en los hogares del Ecuador. En tal virtud, los órganos pertinentes tienen la obligación de precautelar la seguridad de las personas privadas de libertad y de la ciudadanía en general, conforme lo determina la Constitución de la República.

La Asamblea recomienda a todas las instituciones del Estado mencionadas en el referido informe que, en el marco de sus competencias, desarrollen de manera inmediata un protocolo de observancia a las normas y estándares internacionales de derechos humanos con relación a las personas privadas de libertad, así como la implementación de los mecanismos institucionales y tecnológicos que, a través de indicadores de gestión y protocolos claramente definidos, permitan el cumplimiento y seguimiento institucional y ciudadano.

Igualmente, recomienda al ente rector del Sistema Nacional de Rehabilitación Social que, con el carácter de urgente, implemente un plan de contingencia que permita superar el déficit de talento humano en los servicios de rehabilitación social, a fin de que las personas privadas de libertad (PPL) puedan acceder al régimen penitenciario semiabierto previsto en el artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal, en aras de disminuir los índices de hacinamiento carcelario.

También requiere de la Defensoría del Pueblo el fortalecimiento de las acciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, como respuesta al cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención de Nacionales Unidas contra la Tortura. Así mismo, que inicie un proceso defensorial por la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad víctimas de las masacres perpetradas en las cárceles en el último año, pertenecientes a los grupos de atención prioritaria.

Además, la Asamblea solicita a las distintas funciones del Estado que, conforme a las recomendaciones formuladas, determinen medidas de reparación integral a las víctimas y sus familias.

La Secretaría General remitirá el informe, con sus anexos, y la resolución a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado, a fin de que inicien las investigaciones a que hubiere lugar; al igual que a diversas entidades del Ejecutivo, a la Corte Constitucional, al Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Consejos Nacionales de Igualdad y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Asamblea Nacional.

El Ministerio de Educación junto a Fundación Telefónica Ecuador, recibieron un reconocimiento de Prácticas Ejemplares, el pasado martes 16 de noviembre, en el Hotel Hilton Colón, como parte del concurso “Reconocimiento de prácticas ejemplares”, organizado por la Corporación Líderes para Gobernar (CLPG).

La cartera de Educación junto a Telefónica ha trabajado de la mano para desarrollar procesos de capacitación docente con la implementación de itinerarios formativos y cursos abiertos, dirigidos a docentes del Magisterio Fiscal Ecuatoriano. 

Con este proceso se realizó la postulación conjunta dentro del concurso con el proyecto “Formación Docente online para el desarrollo de competencias digitales y pedagógicas del Programa ProFuturo”. Esta práctica tiene como objetivo proporcionar a los maestros un programa de desarrollo profesional basado en competencias en modalidad online, para fortalecer su práctica pedagógica, su capacidad de gestión del aula, sus competencias digitales y su apropiación tecnológica.

En el 2020, 54.691 docentes se beneficiaron de estos cursos, teniendo un porcentaje de aprobación del 89%. Cabe destacar que, hasta mayo 2021, hay 30.205 docentes se han beneficiado de estos itinerarios formativos y cursos abiertos.

La capacitación periódica del docente potencia a largo plazo el progreso de los estudiantes, cuyo desarrollo en conocimientos, habilidades y competencias permitirá que se desenvuelvan con éxito, especialmente en lo referente a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Es crucial que los profesores estén a la altura de poder resolver las dudas de las generaciones que han crecido rodeadas de la tecnología.

Definitivamente, la alianza creada entre el Ministerio de Educación y Fundación Telefónica Ecuador está permitiendo que día a día, los docentes fiscales tengan acceso a estos cursos que están fortaleciendo sus competencias digitales y pedagógicas, en beneficio de la educación de nuestro país.

Ministerio de Educación

Debido a las fuertes lluvias acontecidas en las últimas horas en la provincia de Zamora Chinchipe, particularmente en el cantón Yantzaza, algunos sectores de esta localidad se han visto afectados. En tal virtud, el Gobierno Municipal se ha desplegado de manera inmediata en diversos frentes para poder atender estas eventualidades.

Entre los barrios que sufrieron aluviones, taponamiento del alcantarillado e ingreso de agua a sus hogares, se hallan: Las Orquídeas, San José Francisco, La Delicia y Playa Rica. Precisamente a estos sectores, se acudió con maquinaria y trabajadores para hacer frente a las emergencias.

El alcalde Martín Jiménez, delegó a la concejal Yalitza Sarango, quien preside el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal (COE), para que se brinde la asistencia necesaria a las comunidades en riesgo. Esta activación se la hizo en conjunto con los demás organismos estatales que integran esta instancia de atención de emergencias.

Lenin Granda, coordinador general del Municipio, manifestó que “debido a las fuertes lluvias, se dispuso de toda la maquinaria posible para la intervención inmediata. Otro de los componentes afectados, es el servicio de agua potable para el perímetro urbano, que tuvo que restringirse hasta la tarde de este miércoles 17 de noviembre. En tal efecto, varias cuadrillas de obreros trabajan desde tempranas horas, para proveer en el menor tiempo posible el líquido vital. A partir de las 19:00 se habilitaría este servicio para la ciudad”, aseguró.

El Gobierno Municipal de Yantzaza, hace un llamado a los moradores de las comunidades urbanas y rurales, a tomar en cuenta todas las medidas de precaución frente al fuerte clima invernal pronosticado para estas semanas.

GAD de Yantzaza.