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El Gobierno entregó una nueva reforma tributaria a la Asamblea Nacional, el 11 de mayo de 2023, denominada Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, que aliviaría los impuestos para personas naturales y emprendedores. La reforma tributaria fue trabajada durante los últimos 10 meses y es posible gracias a la política de consolidación de las cuentas fiscales.
El Ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, explicó que las familias ahorrarán 558 dólares en el pago del impuesto a la renta al año. Además, señaló que la propuesta legal “triplica” el monto permitido para las deducciones del impuesto a la renta.
Estos son los principales cambios en impuesto a la renta:
Negocios populares (RIMPE)
Impuesto a los pronósticos deportivos
Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ecuador es el primer país sudamericano en comenzar el proceso de vacunación contra el virus. La primera etapa del proceso de vacunación contra la gripe aviar, que se inició el pasado viernes 3 de marzo, continúa y cumplió este miércoles su sexto día, en los sectores aledaños donde se detectaron brotes del virus desde noviembre del 2022 a febrero pasado.
La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) indicó que tenía previsto vacunar a alrededor de 757.818 aves. Según Agrocalidad, las aves infectadas corresponden a 15 brotes del virus registrados en 20 granjas: 9 en Cotopaxi, 7 de Tungurahua, 2 de Bolívar y Pichincha y Azuay con una granja en cada provincia.
Marisol Molina, directora ejecutiva de la Unión de Productores de Huevos (Uniproh), afirmó que el costo de las vacunas es asumido en su totalidad por los productores que han mostrado apertura al proceso sobre todo para precautelar la producción. Según la dirigente el frasco que contiene 1.000 dosis de la vacuna tiene un costo de $ 62,20.
“Esperamos que se amplíe el radio de vacunación porque existe aún nerviosismo entre los productores. La influenza es una enfermedad agresiva, por la cual fueron sacrificadas o murieron 1´200.0000 aves hasta el momento”, sostuvo Molina, quien pidió a los avicultores que refuercen las medidas de bioseguridad.
Las primeras 4 millones de dosis llegaron al país a mediados de febrero pasado importadas por la alianza empresarial ecuatoriano mexicana Macuna-Avimexy. Según el valor indicado por la Directora Ejecutiva de Uniproh, el costo de esas primeras dosis fue de $ 248.800.
Además, el MAG anunció durante el inicio del proceso de vacunación que ya está autorizada la importación de 10 millones de dosis adicionales.
Con 126 votos a favor, la Asamblea aprobó un paquete de reformas al Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Entre los objetivos consta impulsar la protección e incentivo al ciclismo, promoción de la seguridad ciudadana; y, conservación de la fauna urbana.
En cuanto a desarrollo de territorio, la reforma aporta a la equidad territorial y la administración basada en objetivos medibles, faculta a los gobiernos locales para suscribir acuerdos de cooperación interinstitucional, asociatividad, mancomunamiento, resaltó la Asamblea.
Asimismo, establece que la designación de autoridades de los distintos niveles de gobierno deberá observar los principios de equidad y paridad de género. Además, determina un procedimiento eficiente para la remoción de las autoridades de elección popular.
Los gobiernos municipales y metropolitanos podrán crear y coordinar Consejos de Seguridad Ciudadana, con la participación técnica profesional de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la seguridad ciudadana, para formular la planificación de la política local, su ejecución y evaluación de resultados, sobre la acción preventiva, protección, seguridad y convivencia ciudadana.
También deberán crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas, en torno al manejo responsable de la fauna urbana que garanticen el bienestar animal.
El Comercio.
El asambleísta por Zamora Chinchipe, Diego Esparza Aguirre, presentó el proyecto de Reforma a la Ley de Discapacidades en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, con la finalidad de que se garantice el acceso a salud, educación inclusiva, derecho al trabajo y deporte, acceso a créditos, vivienda y a una movilidad digna a las personas con discapacidad en el Ecuador, en especial a las personas de talla baja.
El planteamiento principal de esta iniciativa está relacionada a la estabilidad laboral, es decir que se exija que los empleadores públicos o privados que tengan un número de veinticinco trabajadores en su nómina total, contratarán un mínimo del cuatro por ciento de personas con discapacidad incluyendo en el cálculo a trabajadores permanentes u ocasionales.
Esparza subrayó la necesidad de incluir a las personas de talla baja dentro de esta reforma legal. En ese marco gestionó la participación en el debate legislativo al señor Vicente Romero, representante nacional de las personas de talla baja, quien expuso la necesidad de una infraestructura adecuada, acceso al trabajo, correcta carnetización, derecho a la movilidad y bonificación del Estado acorde a sus capacidades diferenciadas.
Tras la aprobación del informe que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lasso ha despertado pasiones: la celebración de los opositores al Gobierno, para quienes el juicio político es inevitable; y el rechazo de quienes apoyan al primer mandatario.
Sin embargo, la aprobación de informe es recién el inicio del proceso. El informe aprobado no es vinculante. De acuerdo con la Constitución de la República, el proceso de juicio político debe iniciar con una solicitud por escrito de un asambleísta y tener el apoyo de al menos un tercio de la Asamblea (46 firmas).
En la solicitud deben estar por escrito los cargos que se atribuyen al Mandatario y las pruebas que se adjuntarán. Tras la presentación de la solicitud, hay un plazo máximo de tres días para que el presidente de la Asamblea la entregue al Consejo de la Administración Legislativa (CAL) para verificar los requisitos.
El CAL debe pasar la solicitud a la Corte Constitucional (CC) para la emisión del dictamen previo de admisibilidad. El plazo para resolver es de seis días.
En la CC se revisa si la solicitud está elaborada de acuerdo con la Constitución; si la infracción imputada y la tipificación jurídica se incluyen como causales de juicio político. Y con base en eso, si se puede proceder con dicho procedimiento.
El Comercio.
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