El Consejo de Administración Legislativa (CAL) determinó como de alta prioridad el tratamiento de todos los proyectos de ley referentes a la seguridad del Estado y seguridad ciudadana, rehabilitación social o que correspondan a materias relacionadas.

El organismo dispuso a los presidentes de las comisiones de Justicia; Soberanía y Seguridad Integral; y, Garantías Constitucionales que, en el plazo de 7 días a partir de la notificación, presenten un cronograma priorizando el tratamiento de los proyectos en estas materias.

La legisladora Nathalie Arias (Creo) se encargará de hacer el seguimiento respecto del cumplimiento del cronograma en la Comisión de Justicia; Johanna Moreira (ID) en la de Soberanía y Seguridad Integral; y Darwin Pereira (PK) en la Comisión de Garantías Constitucionales, informó el Parlamento.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, hizo un llamado a las comisiones legislativas a dar el tratamiento prioritario a estos cuerpos legales.

Además, en la sesión del jueves pasado, el CAL calificó a trámite los proyectos de Ley para el uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza; de seguridad privada (dos); seguridad digital, ciberseguridad, ciberdefensa y ciberinteligencia, mismos que serán analizados por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral.

También, el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal y Ley de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial para sancionar los delitos en los espacios acuáticos nacionales que serán analizados por la Comisión de Biodiversidad.

La decisión del CAL ocurrió dos días después de que el Pleno aprobó un informe de la Comisión de Seguridad sobre la crisis carcelaria y dio varias tareas a otras instituciones del Estado como una reestructuración del sistema carcelario y una reparación integral para los familiares de las víctimas de las masacres que en lo que va de 2021 han cobrado la vida de 316 personas privadas de la libertad (ppl)

Las autoridades del Parlamento se comprometieron también a tramitar con celeridad algunos pedidos de amnistías, entre los que se encuentran procesos judiciales contra dirigentes indígenas y gremiales por las protestas de octubre de 2019.

El Comercio.

La empresa privada Corpetrolsa y la estatal Petroecuador en la mañana de este lunes, 22 de noviembre del 2021, un contrato para el servicio de recepción, transporte, almacenamiento y despacho de productos derivados de petróleo, por quince años. De esta manera, Corpetrolsa se convierte en la primera empresa privada que entra en el mercado de importación de combustibles y contrata los servicios de la infraestructura de Petroecuador.

De acuerdo con Petroecuador, esto le permitirá optimizar los recursos existentes a través de la utilización de la infraestructura de la estatal petrolera, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo 1158, cuya Disposición General Cuarta señala que “las empresas públicas deberán facilitar la infraestructura a cambio del pago de una tarifa razonable por volumen y permanencia, para la importación, recepción, transporte y almacenamiento, y despacho de combustibles, con su costo y margen. La tarifa será establecida por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables”.

El acto contó con la presencia del ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, como testigo de honor.

El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, felicitó a Corpetrolsa por tener la valentía de ingresar a este mercado monopólico que había sido manejado, hasta ahora, por Petroecuador. Informó que este acuerdo comercial se enmarca en el Decreto 95, suscrito en julio pasado, que beneficiará a las dos partes y generará ingresos para la empresa pública y el país. “Para la ejecución de este contrato se podrán utilizar los muelles petroleros de Esmeraldas, La Libertad y Tres Bocas, además de los poliductos, los terminales y refinerías, todos estos activos pertenecientes a EP Petroecuador. Estamos buscando las mejores opciones para que vengan las nuevas inversiones al sector hidrocarburífero, poniendo en práctica lo que establece el Decreto 95 y utilizando la infraestructura existente”, dijo.

Por su parte, el gerente general (S) de EP Petroecuador, Pablo Luna, explicó que el cobro de tarifas se basará en lo establecido por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC). “Existe una tarifa diferenciada por el uso de cada segmento de la infraestructura, lo que permite a las empresas realizar planes piloto y a EP Petroecuador cobrar por el uso diferenciado, es decir, existe la opción de la tarifa única de $ 0,027665 por galón, que será aplicable siempre y cuando se cumpla con la distribución del producto en todos los terminales que se consideraron para la fijación de la tarifa”, afirmó.

Por su parte, el representante de Corpetrolsa, Jairo Molina Bustos, explicó que el objetivo de su empresa es poder realizar importaciones de combustible con mejor calidad que la que ahora se comercializa en el país.

Cabe destacar que, el 6 de septiembre de 2021, la compañía Corpetrolsa S. A. fue calificada y autorizada para el ejercicio de las actividades de abastecimiento de derivados de hidrocarburos, biocombustibles, sus mezclas, incluidos GLP y gas natural, en todos los segmentos de mercado. EP Petroecuador garantizará que la calidad de los derivados de hidrocarburos a entregarse en los puntos de despacho se encuentre dentro de las especificaciones técnicas conforme lo estipulado en este contrato. Además, la empresa privada podrá importar los derivados que desee, siempre que cumpla con las normas NTE INEN.

El Universo.

La repatriación de 170 privados de la libertad colombianos desde Ecuador fue otro de los acuerdos con los que terminó la reunión de alto nivel entre el presidente Guillermo Lasso y su homólogo del vecino país, Iván Duque, en Carondelet, este domingo 21 de noviembre de 2021.

Duque manifestó que por este proceso supone la activación de un protocolo continuo, regular y basado en fundamentos precisos para que esa repatriación opere oportunamente.

El director encargado del sistema penitenciario, Fausto Cobo, quien también participó de este encuentro, explicó que “ya están listos los expedientes. El proceso ha avanzado. Es cuestión de días si la Cancillería así lo resuelve”.

“Es importante iniciar con este proceso, para eso se requieren tres voluntades: la primera es del propio reo, la segunda, del Estado, en donde está cumpliendo la pena; y la tercera es el país de donde el cual él procede. Entonces, si hay esas tres voluntades se puede avanzar”, explicó.

Además, aclaró que “no todos pueden ser repatriados, hay delitos que no lo permiten, hay una serie de inconveniencias que hay que ir separando, es un tema diplomático”.

De acuerdo a información de la Presidencia colombiana, en total “tan solo 2 127 (de sus connacionales detenidos en Ecuador) podrían acceder al trámite de traslado, por cuanto cumplen la condición básica de haber sido condenados por las autoridades ecuatorianas”.

El Comercio.

Los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Colombia, Iván Duque, anunciaron que el próximo miércoles 1 de diciembre se reabrirá la frontera entre ambas naciones.

Ese fue uno de los acuerdos a los que llegaron los mandatarios tras una reunión que incluyó delegaciones de ambos países, desarrollada este domingo, 21 de noviembre, en el Palacio de Carondelet, en Quito.

El cierre de fronteras rige desde marzo del 2020. Luego de la reunión dieron a conocer los compromisos adquiridos.

Duque mencionó que hay el compromiso de su nación de brindar apoyo, asesoría, acompañamiento e integración de su capacidad en seguridad para enfrentar enemigos como el narcotráfico y el terrorismo.

El mandatario colombiano acotó que ambos países comparten una agenda de emprendimiento e innovación.

Acotó que en 2022 habrá una reunión de mandatarios de Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica para reafirmar su decisión de crear el área protegida marina más grande del mundo, que une varios ecosistemas. La cita será en las islas Galápagos.

De su parte, Lasso indicó que reabrir fronteras no solo es el resultado de que ambos países hayan avanzado en el control de la pandemia del coronavirus, sino que da una solución a un problema de seguridad que se ha manifestado con la presencia de caminos ilegales.

“Al abrir las fronteras ninguna familia ecuatoriana o colombiana tendrá que pagar la extorsión de ninguna banda de delincuentes que les cobran por el paso a través de vías alternas a las vías oficiales, que serán abiertas el próximo primero de diciembre”, dijo Lasso.

Agregó que los transportistas ecuatorianos podrán cruzar la frontera y avanzar a territorio colombiano para entregar su mercadería, y lo propio harán los de Colombia.

Con respecto a la situación carcelaria, Lasso expresó que habrá repatriación de algunas personas privadas de la libertad de nacionalidad colombiana, lo que contribuirá a reducir el hacinamiento en cárceles locales. La repatriación sería de unas 170 personas privadas de la

libertad.

El jefe de Estado ecuatoriano anunció que el siguiente gabinete binacional se realizará en diciembre en suelo colombiano.

Masharos News.

El Gad Municipal de Palanda tiene programada la proclamación, exaltación y coronación de la Reina periodo 2021-2022, al conmemorarse el VIGÉSIMO CUARTO ANIVERSARIO de emancipación política.

La Señorita Anasbeth Janeth Álvarez será quién lusca la corona de la belleza de la mujer palandense.

Por su parte Mariuxy León de la Unidad de Turismo, detalla que este evento se desarrollará el viernes, 26 de noviembre del 2021 en el Parque Central a partir de las 19h00. Asimismo, se llevará a efecto el FESTIVAL DEL PASILLO, con el objetivo de resaltar el arte de musical del cantón.

La Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe, estará presente en este evento para dar mayor realce a estas festividades con el grupo de danza y baile moderno, así lo  informo Diego Arias, secretario general de la institución.

Las actividades deportivas, culturales, sociales y cívicos se desarrollarán el 26, 27, 28 de noviembre y el 02 de diciembre con el cierre de la sesión solemne y la noche de confraternidad.

GAD  DEL CANTÓN PALANDA.

El Ejecutivo tiene 10 días para responder las observaciones de la proforma presupuestaria hechas por la Asamblea Nacional, el pasado 18 de noviembre del 2021.

El plazo empieza a correr al día siguiente que el Legislativo notifique al Ejecutivo con la resolución de las observaciones. Hasta horas de la mañana de este viernes 19 de noviembre, aún no se había hecho la notificación.

De todas formas, terminado el plazo, el Presidente de la República puede acatar las observaciones y enviar una nueva proforma o también puede ratificarse en su propuesta original.

Entre las principales observaciones hechas por el Pleno de la Asamblea está la asignación de recursos para salud, educación y educación superior.

Para los dos primeros rubros, el Legislativo señala que no se cumple con el incremento anual de 0,5% como establece la Constitución. En eso coinciden expertos económicos como Fausto Ortiz, ex ministro de Economía quien explicó que el Gobierno comete un error en el mecanismo para definir el incremento; por ejemplo, “compara el aumento con el presupuesto devengado del año y no el inicial del año previo”, dijo.

Para Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, el porcentaje de aumento no se ha cumplido desde el inicio y ahora es más complicado debido a la situación económica del país.

En las comparecencias durante el debate del documento en la Comisión de Régimen Económico el Gobierno ha defendido sus asignaciones.

Por ejemplo, en los temas de salud y educación, el ministro de Finanzas, Simón Cueva sostuvo que para el incremento se ha establecido la metodología de comparar con el presupuesto codificado; es decir con lo ejecutado y lo proyectado hasta culminar el año. Así se ha hecho desde el 2015, según el funcionario.

Mientras que para el tema de recursos para las universidades y escuelas politécnicas se justificó el incremento comparando con las asignaciones iniciales de años pasados y con las variaciones por los ingresos de gestión propia.

El Comercio.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso firmó esta mañana dos contratos de inversión para el sector minero. Se trata de los proyectos Cangrejos, a cargo de la empresa Lumina; y Cascabel, de Solgold.

Ambos representan una inversión de $ 470 millones y generarán 2.000 plazas de empleo. Así lo informó la viceministra de Promoción de Exportación e Inversiones, Lorena Konanz.

La firma se dio en el marco del evento internacional ‘Ecuador Open for Business’, que aglutina a representantes de 51 países del mundo y cuyo propósito es conseguir inversiones para el país. Lasso ha ratificado que el objetivo del país es atraer inversión privada por alrededor de $ 30.000 millones en cuatro años.

En Cangrejos se prevé una inversión de $ 35,6 millones con un proyecto de cuatro concesiones que durará 25 años, y que se desarrollará en el cantón Santa Rosa de El Oro. Mientras que el contrato para Cascabel, con duración de quince años, asciende a $ 430 millones. Este segundo proyecto, parte del top mundial, se ubica en Imbabura.

La firma contó con la presencia del presidente de la República, Guillermo Lasso; el ministro de Producción, Julio José Prado; el de Energía, Juan Carlos Bermeo y los representantes de las mineras: el presidente de Lumina, Marshall Koval; y Andrew Tauton, vicepresidente de Solgold.

El presidente de la República agradeció a los empresarios, los felicitó y les deseó mucho éxito. También pidió a los inversionistas asistentes conocer más el país y “enamorarse de esta tierra maravillosa”.

Explicó que el Gobierno busca ser facilitador de los trámites y aseguró que lucha con los procesos burocráticos. “Muchas veces los trámites matan los sueños de los inversionistas”, dijo.

En este tema también hubo anuncios, pues se firmaron dos decretos para la creación del Sistema Nacional de Atracción y Facilitación de Inversiones (Senafi) y la Ventanilla Única de Inversiones (VUI). Asimismo se creó la Secretaría Técnica de Alianzas Público-Privadas y Gestión Delegada.

Lasso explicó que de esta manera se logra que los inversionistas no se pierdan en un mar de trámites y papeleos o desplazamientos de un edificio a otro.

Además, la Secretaría coordinará a las instituciones necesarias para concretar los procesos de inversión. Comentó que el Gobierno busca agilizar los procesos, y por ello, por ejemplo, la preparación de los contratos firmados en el ámbito minero han durado dos meses, cuando lo que demoraban normalmente eran dos años.

El Universo.

El primer grupo que regresará a las aulas es el del bachillerato rural y técnico. Hay dos fechas adicionales, entre diciembre y enero.

Para el retorno obligatorio y progresivo a las aulas no es obligatoria la compra de uniformes escolares ni su uso.

Ese plan de regreso se aplica desde el próximo lunes 22 de noviembre tal como lo decidió el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

Según la ministra de Educación, María Brown Pérez, los lineamientos que se dieron al inicio del año lectivo 2021-2022 se mantienen.

“No se puede exigir el uniforme como un requisito indispensable para acceder a clases”, dijo en una entrevista radial, este viernes.

Brown agregó que hacen un llamado a las familias a que si tienen la posibilidad de adquirir los uniformes lo hagan porque, a su criterio, es un elemento que ayuda a que por un lado no usen la ropa que utilizan para otros espacios y no se deteriore y sea el uniforme al que se le dé “palo” y además porque da un valor agregado pues da un sentido de pertenencia a la comunidad.

La funcionaria indicó que si las condiciones socios económicos de la familia debidos a la pandemia o por otras causas no les permiten adquirir los uniformes la institución educativa no puede exigirlo como requisito para que el alumno pueda asistir a clases de forma presencial.

De hecho, en entidades educativas hay estudiantes que asisten a las aulas de manera semipresencial y no usan el uniforme.

El Universo.

Con el fin de garantizar a la población el acceso permanente a medicamentos, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), a través de su Coordinación Zonal 7, ha realizado más de 148 controles relacionados con el cumplimiento de turnos en establecimientos farmacéuticos de las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe (Zona 7) en lo que va del 2021.

Las acciones de control se realizan de conformidad con el Artículo 166 de la Ley Orgánica de Salud, que establece que las farmacias además de atender al público mínimo doce horas diarias ininterrumpidas, deben cumplir con los turnos de 24 horas, de conformidad con el cronograma que establece la Arcsa.

En estas inspecciones, los equipos técnicos revisan que el establecimiento cuente con una ventanilla para la atención, un letrero encendido que indique al usuario que la farmacia está de turno, el contrato con un representante técnico y el permiso de funcionamiento vigente.

Arcsa invita a la ciudadanía a revisar los turnos de farmacias en la página web: https://www.controlsanitario.gob.ec/turnos-de-farmacias/ o través de la aplicación para celulares Arcsa Móvil.

Del mismo modo, en caso de que el establecimiento farmacéutico no esté cumpliendo el cronograma, Arcsa invita a reportar a través de los canales antes mencionados.

Diario El Amazónico.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) determinó como de alta prioridad el tratamiento de todos los proyectos de ley referentes a la seguridad del Estado y seguridad ciudadana, rehabilitación social o que correspondan a materias conexas y que se encuentren en conocimiento de las Comisiones de Justicia y Estructura del Estado; Soberanía y Seguridad Integral; y, Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.

En tal sentido dispuso a los presidentes de dichas comisiones que, en el plazo de 7 días a partir de la notificación, presenten al CAL un cronograma priorizando el tratamiento de los proyectos en estas materias.

La legisladora Nathalie Arias se encargará de hacer el seguimiento respecto del cumplimiento del cronograma en la Comisión de Justicia; Johanna Moreira en la de Soberanía y Seguridad Integral; y Darwin Pereira en la Comisión de Garantías Constitucionales.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, hizo un llamado a las comisiones legislativas a dar el tratamiento prioritario.

Además, el CAL calificó a trámite los proyectos de Ley para el uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza; de seguridad privada (dos); seguridad digital, ciberseguridad, ciberdefensa y ciberinteligencia, mismos que serán analizados por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. También, el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal y Ley de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial para sancionar los delitos en los espacios acuáticos nacionales que serán analizados por la Comisión de Biodiversidad.

Por otro lado, luego de verificar los requisitos, el CAL calificó con 6 votos a favor el inicio de proceso disciplinario en contra del asambleísta Diego Ordóñez Guerrero, una vez que la asambleísta Mónica Palacios completó la queja, conforme el artículo 173 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En otro orden, el CAL conoció varias solicitudes de amnistía, mismas que fueron remitidas a la Unidad Técnica Legislativa (UTL), para que verifique el cumplimiento de los requisitos y pertinencia establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Una vez que el CAL emita el dictamen previo de admisibilidad, el Secretario de la Asamblea, en el plazo de 2 días, remitirá a la Comisión Especializada encargada de tramitar el tema, a fin de dar inicio al pedido solicitado.

De igual forma conoció las solicitudes sobre indultos y remitió a la Comisión Administrativa coordinada por la Unidad Técnica Legislativa para verificación del cumplimiento de requisitos.

Asamblea Nacional Del Ecuador.