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El retorno progresivo a clases presenciales evidenció otra grave carencia que afronta el sistema educativo público del Ecuador: 6 000 plazas de docentes no han sido llenadas por falta de recursos económicos, según la Unión Nacional de Educadores (UNE).

El Ministerio de Educacón (ME) no proporcionó la cifra real de maestros faltantes, únicamente se informó que están trabajando para en el primer trimestre del 2022 cubrir el déficit con un primer ingreso de 1 900 docentes.

Esta escasez de profesores afecta a más de 800 000 estudiantes de la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos que están en clases presenciales; y ocurre, principalmente, por las jubilaciones constantes.

Desde 2019 hasta octubre pasado, 12 300 docentes del país se jubilaron y el pasado 1 de noviembre el Ministerio de Educación (ME) llenó 8 002 plazas con los concursos Quiero ser Maestro 7 y Quiero ser Maestro Intercultural.

Cada mes hay nuevas jubilaciones y con eso aumenta el déficit, explica Isabel Vargas, presidenta de la UNE.

Pero además, los ganadores de los concursos venían laborando con contrato en otros planteles y al reintegrarse a las nuevas plazas con nombramiento dejaron una nueva vacante en otro plantel.

Ese cambio es la segunda causa del déficit de profesores. Le siguen las renuncias por diferentes causas, traslados (sectorización), permisos por salud y el arrastre de las necesidades de años anteriores.

Álex Barreto, de 33 años, dejó la Unidad Educativa Nabón y pasó al colegio San Francisco de Cuenca. Ganó el concurso para maestro y desconoce si contrataron a un nuevo docente. La mayor necesidad está en las cabeceras cantonales.

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El informe del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos señala que, por cada 25 estudiantes debe haber un profesor. En el país hay planteles tradicionales con población numerosa, superior a los 35 alumnos por aula.

Según Vargas, para cumplir ese aforo y la distancia física de 1,5 metros por la pandemia del colvid-19 faltaría 70 000 profesores en todo el país. “Pero no hay esas inversiones y en pandemia más bien hubo recortes a la educación”, puntualizó.

El pasado martes se entregó 71 nombramientos a docentes de Cuenca, de los 587 ganadores de los concursos en Azuay Cañar y Morona Santiago. Pero hay 362 plazas faltantes, dijo Miguel Pesántez, coordinador de la zonal 6 del ME.

En esa lista están las unidades educativas Manuel J. Calle, Sayausí, Guillermo Mensi, Daniel Córdova Toral y 12 de Abril de Cuenca, que les hace falta entre dos y cinco docentes. En el Benito Juárez de Quito faltan dos profesores de especialidad para los primeros y segundos de bachillerato.

Los rectores visitan a diario las oficinas de los distritos del ME para gestionar e insistir en la contratación. Nos ofrecieron para el próximo mes, dijo José Luis Chicaiza, rector del Manuel J. Calle, que acoge a 2 100 estudiantes. Allí llenaron dos plazas y falta tres.

Según Chicaiza, se apoyan en los inspectores “para mantener a los alumnos con actividades”. Al igual que ellos, los tutores, inspectores y hasta sicólogos del DECE han asumido las materias de los profesores faltantes en los diferentes planteles. En otros casos hay pasantes de las universidades.

Eso es parte del plan de contingencia del ME para cubrir las necesidades insatisfechas, dijo Pesántez. Sin embargo, Silvana Durán, del Comité de Padres de Daniel Córdova Toral, cree que esa alternativa frena y devalúa el aprendizaje.

“Los chicos están afectados por las clases virtuales y la falta de profesores amplía los vacíos de conocimiento”, precisó. Ella contó que en este plantel faltan docentes de física y lenguaje, que son importantes en la vida académica.

A la mayoría de los rectores del país, las autoridades distritales les han ofrecido una solución. Según Pesántez, esta Cartera de Estado está pidiendo un incremento del 17% del presupuesto de educación para el ejercicio fiscal del 2022.

Para Antonela Mora, madre de familia, la lista de desafíos para sacar de la crisis a la educación ecuatoriana es enorme y el regreso a clases requiere de acciones concretas del Gobierno para asegurar el bienestar de los estudiantes y de los docentes.

El Comercio

A partir de febrero del 2022 empezará el proceso de fusión de BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional (CFN), para dar paso al Banco de Fomento Económico del Ecuador, como lo establece la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, promulgada por el presidente Guillermo Lasso.

El objetivo de la unión de las dos entidades es alcanzar parámetros técnicos y de capital para otorgar crédito a bajo costo y a largo plazo para los sectores agrícolas y productivos, señala la norma, que entró en vigencia el 29 de noviembre del 2021.

El plan del Gobierno, desde la campaña, es otorgar créditos al 1% de interés y a 30 años plazo para reactivar los sectores productivos del país.

Cerca del 60% de los créditos que otorga BanEcuador son para el desarrollo de actividades agropecuarias, señaló la institución.

De enero a octubre de este año ha entregado USD 251,5 millones en créditos para actividades relacionadas al agro. Mientras que la CFN ha otorgado créditos por USD 21,8 millones para este mismo sector, según datos del sistema de información agropecuaria del Ministerio de Agricultura.

Esta semana, el Gobierno Nacional informó que los créditos al 1% de interés y a 30 años plazo se entregarán desde el 1 de enero del 2022.

Durante la sesión solemne por los 80 años de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), el jueves 2 de diciembre, Lasso dijo que los impuestos recaudados con la reforma tributaria serán destinados a financiar los proyectos sociales y para estos créditos a bajo costo.

“También vamos a destinar estos recursos para que, a través del Banco Nacional de Fomento, desde el 1 de enero del 2022, empecemos a otorgar los créditos al 1 % de interés y hasta 30 años plazo”, dijo Lasso.

Los recursos estarán destinados para los pequeños emprendedores del país, en los sectores agropecuarios, ganadero, pequeña industria, artesanía y más, “con un enfoque especial en la mujer emprendedora”, agregó.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pedro Álava, señaló a este Diario que para cumplir la oferta presidencial se tiene pensado ofrecer USD 5 000 a cada solicitante. Sin embargo, destacó que el plazo de los créditos dependerá del monto entregado en cada préstamo individual. 

Se prevé pedidos de créditos por parte de asociaciones las que, en caso de calificar, recibirán el financiamiento total de su proyecto, aseguró.

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Sin embargo, organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino señalaron que todavía no han tenido información sobre el proceso para acceder a los créditos.  

“El Ministro de Agricultura nos dijo que se entregan desde enero, pero no sabemos nada más”, comentó Richard Intriago, dirigente de este gremio.  

Álava sostuvo que también se financiarán los créditos con la venta de tierras estatales que actualmente son ocupadas por camaroneras, en concesión. Además, se liquidarán activos y se utilizarán fondos provenientes de los créditos internacionales, dijo.  

Con respecto a la venta de las camaroneras, Lasso detalló que en el próximo proyecto de ley que enviará a la Asamblea constará un artículo para que el Estado pueda vender estas tierras concesionadas. Se trata, al menos, de 80 000 hectáreas concesionadas a camaroneras, ubicadas en varias provincias de la Costa. 

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, no habló de la iniciativa del Gobierno, pero explicó que en el sector camaronero hay productores que, por trabajar en zonas concesionadas por el Estado, no son sujetos de crédito. “Para ellos sería importante la titularización de dichos predios”, agregó.

Dos productores de camarón señalaron no conocer de los planes del Gobierno de vender estas tierras, por las que el Gobierno prevé obtener USD 1 000 millones. 

Tradicionalmente, BanEcuador y su antecesor, el Banco Nacional de Fomento -en liquidación-, han sido utilizados para entregar este tipo de créditos para recuperar a sectores agrícolas que han perdido sus cosechas.

El Comercio.

La Asamblea Nacional tiene previsto reinstalarse mañana 07 de diciembre a partir de las 15:30 para abrir el debate y luego aprobar una resolución respecto del informe que elaboró la Comisión de Garantías Constitucionales respecto de la investigación realizada al caso denominado Pandora Papers.

El informe de mayoría contenido en 291 páginas indica que el presidente de la República, Guillermo Lasso, inobservó el pacto ético aprobado en consulta popular de 2017, por lo que se configura el incumplimiento señalado en el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, y recomienda su destitución por grave crisis política y conmoción interna.

Esta causal de destitución señalada en el informe aprobado por seis votos no tiene el respaldo suficiente de votos en el pleno para ser recogida y apoyada en una resolución. Únicamente, el bloque legislativo correísta, representado en la bancada Unión por la Esperanza (UNES), insiste en aplicar la destitución de Lasso.

El pasado 2 de diciembre, el pleno de la legislatura dio lectura al contenido del texto, pero el debate se suspendió para este martes, que concluirá con la aprobación de una resolución.

Sin embargo, hay bancadas como Pachakutik que analizan y tratan de coincidir con otros sectores políticos en una resolución en la que se apruebe el informe de mayoría suscrito por el legislador José Cabascango, de sus filas, pero que se deje de lado la primera recomendación relacionada con la destitución de Lasso.

Por ello, este grupo de 25 legisladores espera pedir que se cambien las recomendaciones, entre ellas, que toda la investigación sea remitida de forma íntegra a la Fiscalía General del Estado para que se investigue si existen o no delitos financieros de parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, y su familia, reveló el asambleísta nacional Ricardo Vanegas.

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Que la Contraloría General del Estado concluya la investigación que inició para que se determine si el jefe de Estado faltó o no a lo que determina la Ley de la consulta popular de 2017, es decir, si él realmente tenía o sigue teniendo capitales en paraísos fiscales.

Asimismo, este grupo de legisladores espera obtener los votos para disponer que el presidente Guillermo Lasso, como primer funcionario público del país, comparezca ante el pleno de la Asamblea Nacional a rendir cuentas y que aclare si tiene o no bienes o capitales en paraísos fiscales él o su familia, afirmó Vanegas.

Esta posición que analiza Pachakutik podría ser apoyada por 48 votos que tiene UNES, según lo anticipó el legislador Ronny Aleaga, quien advirtió que al parecer el pedido para la aprobación del informe no lo hará el presidente de la mesa, José Cabascango, por lo que se analiza la posibilidad de que provenga de la legisladora correísta Paola Cabezas.

Dijo que hay muchos legisladores que no quieren apoyar el informe porque incluye la causal de destitución del mandatario, y frente a eso, habrá una moción de Pachakutik que recogería el informe, pero sin la primera recomendación.

Aunque persisten los cuestionamientos realizados por el asambleísta de Pachakutik Édgar Quezada, quien denunció que minutos antes de la votación del informe el documento fue alterado, porque no constaba la recomendación principal sobre la destitución de Lasso. Esta denuncia es objeto de una indagación fiscal.

En otros sectores como el Partido Social Cristiano, su posición frente al informe de Pandora Papers no ha variado, afirmó el coordinador de esa bancada, Esteban Torres, por lo que no respaldarán el texto presentado por la mesa que preside Pachakutik, debido a que si se analiza el informe, este se refiere en varias partes a una supuesta conmoción interna. Esa causal no es aplicable en este caso, subrayó.

“Si el correísmo quiere, para lavarse la cara de los supuestos pactos y llegar a los extremos, no lo vamos a apoyar, y tampoco apoyaremos un informe de minoría que busca absolver con agua bendita cualquier conducta que puede ser susceptible de ser investigada por la Contraloría y Fiscalía”.

Desde el sector oficialista, representado en la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), aspiran a que el pleno trate el informe de minoría presentado por los legisladores Virgilio Saquicela y Gruber Zambrano, en el que recomiendan el archivo del caso y que todo el expediente sea remitido a la Contraloría y Fiscalía como órganos competentes para la indagación

El Universo

 

Mediante un recorrido por el sector, entre el Director de Obras Públicas Municipal, el Fiscalizador del proyecto conjuntamente con el contratista, se realizó la inspección de los trabajos que se ejecutan en el proyecto de Repotenciación del Sistema de Agua Potable para el barrio San Francisco de la Wintza.

Este importante proyecto inició a ejecutarse el pasado mes de octubre del presente año, mediante contratación publica por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Centinela del Cóndor, liderado por el Alcalde Luis Merino, con el fin mejorar las condiciones de vida de las familias de la comunidad, mediante la dotación del líquido vital, apto para el consumo humano. Según informo Jacsson Medina, fiscalizador de la obra, que se está trabajando en la verificación para que se dé cumplimiento con todas las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y así garantizar un óptimo servicio. Por su parte Nelson Sozoranga, Director de Obras Públicas del Gobierno cantonal, índico los trabajos constan de la construcción y adecuación del sistema de captación, desarenador, planta de tratamiento, tanque rompe presión, almacenamiento y distribución de agua para el barrio.

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Además, se está realizando el cambio de la tubería anterior, que en su mayor parte se encuentra en muy mal estado, limpieza de estructuras y pintura en los elementos hidráulicos, ampliación del diámetro de para obtener una mayor y mejor abastecimiento de agua, entre otros. El contratista Jhandry Ramón, dijo que se ha priorizado la mano de obra del sector, para la construcción de la obra y movilización de materiales, como también se ha instalado un servicio de agua provisional para no desabastecer a la comunidad mientras duren los trabajos. El monto de inversión destinado para la obra es de 31,934.42 USD, la misma que se encuentra con un avance más del 80% de trabajos y muy pronto será entregada a la población.

Ante la incertidumbre que se ha generado en torno al proceso para la creación de las cuatro universidades en la Amazonía ecuatoriana y por iniciativa de la asambleísta Isabel Enrríquez, varios sectores de la provincia de Zamora Chinchipe se autoconvocaron a una primera reunión de trabajo que se llevó a efecto este lunes 06 de diciembre, con la finalidad de analizar las acciones para exigir al Ejecutivo, que se agilite este proceso.

 

Como antecedente, Enrríquez informó que, dentro de su proceso de seguimiento y fiscalización, se ha avanzado en la cancelación de los estudios de pertinencia y, en el caso de Zamora Chinchipe, se logró que se inspeccionen los terrenos ofrecidos para la construcción de la universidad, sin embargo “se ha estacado el proceso y nos están evadiendo cuando les preguntamos qué está pasando”, agregó la legisladora. 

 

En este sentido, el Gobernador Absalón Campoverde, coincidió en la necesidad de dejar las decisiones técnicas a la SENESCYT, como ente rector, concentrando los esfuerzos de las autoridades, dirigentes y ciudadanía en general a trabajar en unidad para exigir el cumplimiento de la Ley Amazónica

 

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También estuvieron de acuerdo en solicitar el fortalecimiento de los institutos superiores y extensiones universitarias con la finalidad de garantizar la diversidad de carreras para la juventud local y de las provincias vecinas, tomando como referencia el supuesto descuido de las autoridades de la Universidad Estatal Amazónica, la extensión ubicada en el cantón El Pangui, tal como coincidieron el Gobernador Campoverde, la asambleísta Enrríquez y el concejal del cantón El Pangui, Wilson Arias.

 

Como resolución principal, acordaron emitir un primer pronunciamiento por escrito, ante el Presidente de la República, Guillermo Lasso, al Secretario de la SENESCYT, Alejandro Rivadeneira y al Secretario de la Amazonía, Carlos Zavala, solicitando voluntad política para el cumplimiento de la Ley, para la creación de las universidades en Orellana, Morona Santiago, Sucumbíos y de manera particular, a la de Zamora Chinchipe; así mismo para el fortalecimiento de la sede de la Universidad Estatal Amazónica ubicada en el cantón El Pangui.

 

Esta primera reunión, según indicó la legisladora Enrríquez, es el inicio de posteriores convocatorias que permitirán observar el cumplimiento de la hoja de ruta marcada para cumplir con este fin y que, hasta el momento, dicho trabajo no se está reflejando en el esfuerzo de las instituciones competentes. 

 

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