En el salón de sesiones de la Municipalidad de Gualaquiza se instaló una mesa de trabajo donde trataron el mal estado vial de la parte sur de la troncal amazónica y los pendientes económicos a través del FINGAD II y III, que adeuda el Gobierno Nacional por la devolución del IVA a los GADs (Parroquiales y Prefecturas). Asistieron las autoridades de los cantones Méndez, San Juan Bosco, Gualaquiza, Prefecto de Morona Santiago y el Prefecto de Zamora Chinchipe.

Los presentes se refirieron al tramo Méndez-San Juan Bosco-Limón Indanza hasta Gualaquiza, de Morona Santiago y en Zamora Chinchipe, la construcción del puente carrozable sobre la quebrada Cayamatza acceso al cantón El Pangui.

“El problema es en general, no solo para Zamora Chinchipe. Tenemos problemas con la vialidad interna y también con las vías de orden estatal dentro de nuestra provincia. Si bien se debe exigir lo que corresponde, pero lo que no puede resolver el gobierno central debe buscarse alternativas para afrontarlo desde los gobiernos descentralizados, hay que plantear la manera de resolver las premuras que apremian a nuestros ciudadanos”, manifestó el Prefecto Cléver Jiménez.

Para el prefecto de Morona Santiago Rafael Antuni, por el incumplimiento del Gobierno Nacional no es posible continuar con algunas obras. “Aspiramos que nos devuelvan el IVA y cumplir con los objetivos trazados”. De la misma manera exhortó a la entidad correspondiente, que se atienda la vialidad estatal de su provincia.   

Elaboraron un documento al Gobierno Nacional suscrita por las dos Prefecturas, GADs Municipales y Parroquiales para que a través del Ministerio de Obras Públicas se dé el mantenimiento a la red vial de la troncal amazónica, de manera especial el tramo antes mencionado. Existe la predisposición de las dos Prefecturas para aportar con el contingente para dicho mantenimiento.

Insistir al Gobierno Nacional que el tramo Plan de Milagro Loma de la Virgen (Morona Santiago) de 1Km, conste en el plan del eje vial nacional. Elaborar una carta de inconformidad por el incumplimiento de los acuerdos firmados FINGAD II y III por la devolución del IVA a los diferentes niveles de gobierno, y se cumplan en este año los compromisos establecidos.    

• A la prefectura de Zamora Chinchipe, el estado nacional le adeuda 5 millones de dólares.
• FINGAD son convenios de financiamiento, cuyo objetivo es establecer formas de pago de valores que se adeudan a los GADs.

Prefectura de Zamora Ch.

El próximo martes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tiene previsto analizar y definir la fecha en la que arrancarán las movilizaciones indefinidas, que anunció su presidente Leonidas Iza, para exigir al gobierno de Guillermo Lasso el cumplimiento de sus seis demandas.

El pasado 11 de enero, la Conaie convocó a un consejo ampliado a sus organizaciones de base, como son la Ecuarunari, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa (Conaice).

Después de más de ocho horas de debate, la Conaie resolvió que este martes, 18 de enero, se instalaría una asamblea nacional, posiblemente en Quito y que sería presencial, para analizar cuándo arrancarán las protestas que serán indefinidas, como lo advirtió Iza en diciembre pasado.

Los motiva exigir al presidente Guillermo Lasso que cumpla con la agenda de seis puntos que se planteó en la reunión de noviembre pasado, entre las que está la revisión de los precios de la gasolina extra y del diésel. Su propuesta es que el galón de gasolina se reduzca de los $ 2,55 a $ 2,10 y el diésel de $ 1,90 a $ 1,50.

Piden la renegociación de las deudas y la reducción de las tasas de interés del sistema financiero; garantizar precios de sustentación y compras públicas de los productos campesinos; políticas públicas concertadas con sectores sociales y el movimiento indígena para la generación de empleo digno y parar frenar la precarización laboral.

Con 116 votos a favor, la Asamblea se ratificó en las reformas al Código Ingenios, que fueron objetadas por el Ejecutivo. Los cambios apuntan a reestructurar las deudas que mantienen los beneficiarios de becas y créditos educativos con el Estado. 

La resolución se dio este jueves 13 de enero del 2022. Según el presidente de la Comisión de Educación, Manuel Medina (Pachakutik), la reforma favorecerá a 9 200 personas que adeudan USD 64 millones por estos rubros. 

El legislador añadió que esta normativa, que en los próximos días irá al Registro Oficial, “también permite combatir las graves sanciones e inhabilidades generadas por el incumplimiento del pago de créditos educativos” y crear condiciones que permitan liquidar los contratos de becas.

La reforma abarca a dos artículos, una disposición general, dos disposiciones transitorias y tres disposiciones reformatorias del Código Ingenios. Con ello, el asambleísta independiente Jhon Vinueza manifestó que podrán actuar los funcionarios de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) y atender las solicitudes de los becarios, sin temor a glosas de la Contraloría. 

La asambleísta Patricia Núñez (Unes) detalló que, al momento, 8 348 personas adeudan a la Senescyt por concepto de becas y créditos educativos y que, además, existen 6 940 procesos coactivos en trámite. Rechazó que el Ejecutivo haya observado que no se han establecido garantías reales o personales a los deudores.  

La legisladora Isabel Enríquez (PK) precisó que no se trata de condonar deudas, sino de ofrecerles facilidades para que puedan cumplir con sus compromisos.  

Así, por ejemplo, quienes adeudan hasta USD 2 000 tendrán hasta 18 meses de plazo para pagar el crédito, aquellos que adeudan desde USD 2001 hasta USD 5 000, unos 27 meses; y aquellos que adeudan de USD 55 001 en adelante hasta 240 meses, según la tabla aprobada por la Legislatura. 

Los votos a favor provinieron de todas las bancadas, menos del oficialismo que se abstuvo, sin intervenir en el debate. 

La Comisión de Educación, en su informe no vinculante, consideró que la objeción parcial presentada por el Ejecutivo resultaba “ajena a la realidad por la que atraviesan miles de becarios y estudiantes que han accedido a créditos de estudio y, sobre todo, ajena a la crisis económica y laboral por la que atraviesa el Ecuador”. 

La reforma incluye una disposición para que “en el término de 45 días contados a partir de la publicación de la presente ley”, la Senescyt ajuste su normativa para la aplicación. 

“Los deudores de créditos educativos, becas y ayudas económicas que se encuentran en procesos coactivos por parte de la institución pública encargada de la administración de becas, seguimiento y asesoría académica, instituciones de educación superior públicas o entidades del sector financiero privado y que se encuentren pendientes de resolución, podrán acogerse al régimen especial de facilidades de pago establecido en esta ley, y las medidas cautelares que hayan sido dictadas dentro de los mismos quedarán sin efecto”, precisa. 

El Comercio.

La ministra de Educación, María Brown, confirmó este jueves 13 de enero del 2022 que las instituciones educativas públicas que tengan aprobado su Plan de Continuidad Educativa (PICE) y que suspendieron clases por una semana para la vacunación contra el covid-19 regresarán desde el lunes 17 de enero a la presencialidad.

Para este retorno voluntario a clases presenciales las instituciones educativas deben cumplir con los siguientes parámetros:

• Las instituciones educativas (escuelas o colegios) que tengan el 85% o más de estudiantes vacunados con dos dosis: 2,25 metros cuadrados de área por persona para calcular el aforo máximo permitido.

• Las instituciones (escuelas o colegios) con menos del 85% de estudiantes vacunados con dos dosis: Aforo máximo del 50% del número de estudiantes matriculados asistiendo de manera simultánea a la institución educativa. Pueden organizar horarios alternados para que todos los estudiantes puedan asistir de manera presencial con medidas de bioseguridad.

• En los centros de desarrollo infantil y los niveles de educación inicial regulados por el Ministerio de Educación tanto particular, fiscal, municipal y fiscomisional que educan a una población estudiantil de 3 a 4 años y que aún no son vacunados acudirán a clases con aforo de 50% de la capacidad física del plantel. Es decir, si la escuela tiene capacidad para 100 estudiantes solo se permite clases presenciales con 50 alumnos.

• Desde el 17 enero escuelas y colegios con PICE aprobado deberán ofertar clases presenciales en todos sus cursos.

La ministra Brown reiteró que si un docente o estudiante sospecha o tiene covid no debe acudir presencialmente al plantel y debe guardar aislamiento de 10 días en caso de que haya sintomatología. Si el paciente es asintomático el aislamiento será de siete días a partir del diagnóstico con prueba PCR.

El 31 de enero del 2022 el COE Nacional volverá a evaluar el retorno obligatorio presencial a clases con 100% de aforo previsto para el 7 de febrero en el caso del Régimen Sierra-Amazonía y para el 7 de mayo en el caso del Régimen Costa-Galápagos.

El Comercio.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) presentó este 12 de enero de 2022, una denuncia en la Fiscalía General del Estado sobre presuntos cobros ilícitos en la entrega de rutas y frecuencias de transporte.

Entre los documentos entregados a la Fiscalía se encuentran detalles de cobros a transportistas por USD 74 635, destinados a “trámites para frecuencias” en los que se incluye la compra de cajas de whisky y devolución de dinero a prestamistas, entre otros. 

Adrián Castro, director ejecutivo de la ANT, informó que durante esta semana se han iniciado procesos judiciales por parte de ciertas cooperativas de transporte para que, pese a las denuncias e informes técnicos presentados, se levante la suspensión de las rutas y frecuencias entregadas en pandemia.

La denuncia trata de pagos de entre USD 50 000 y 480 000 por trámites de cambios de horario, frecuencias y alargues de ruta de cooperativas de transporte de la Amazonía. 

Esta denuncia se da días después de que el directorio de la ANT resolvió la suspensión de rutas y frecuencias entregadas en pandemia, que coinciden con las detalladas en los documentos y videos entregados a la Fiscalía. 

Castro señaló que, tras un análisis, la ANT determinó que estos trámites fueron entregados de manera anti técnica y sin el sustento jurídico correspondiente, al igual que otras 302 rutas y 1 632 frecuencias a nivel nacional. 

Así mismo, Freddy Villamagua, gobernador de Morona Santiago, respaldó la denuncia interpuesta por la ANT, debido a que la saturación de nuevas rutas y frecuencias ha generado accidentes que dejaron 52 víctimas mortales en el último año.   

Morona Santiago es la provincia que registró el mayor número de muertes por siniestros de tránsito en los que se vieron involucrados buses inter e intraprovinciales durante el 2021.

Cabe mencionar que en diciembre, la ANT comenzó los procesos administrativos para suspender estas rutas y frecuencias a 64 operadoras del país. Y en enero, la Contraloría iniciará un examen especial, para determinar a los responsables.

La entidad alista un plan nacional de rutas y frecuencias, que estaría listo en marzo de 2022, para frenar estas irregularidades.

El Comercio.

Un taller de corte y confección en su segunda fase culminó en el cantón Paquisha con la participación de 15 mujeres, esto gracias al proyecto de “Apoyo a iniciativas artesanales de emprendimientos”, de la Prefectura de Zamora Chinchipe, con el único objetivo que las personas puedan generar sus propios ingresos económicos a través de sus emprendimientos.

Aida Sarango fue la capacitadora y comentó que fue fructífera la enseñanza, porque se observó el interés en cada una de ellas, “la costura aparte de ser bonita es laboriosa y se necesita tener ese carisma para desarrollarla y de más capacitaciones para poder perfeccionarla, acotó.

Este taller inició el 06 de diciembre y se desarrolló en los horarios de: 14:00 a 17:00 y de 18:00-21:00, con una duración de 90 horas.  Aquí se confeccionaron: blusas, vestidos, pantalones, sacos, ternos, entre otros.

“Como mujer y como madre que soy, me siento muy contenta de haber perfeccionado mis conocimientos en este taller de corte y confección y porque me ayudará para emprender”, dijo María Álvarez Gaona. Mientras que Elizabeth Calva, otra de las participantes, exteriorizó su agradecimiento al Prefecto porque es una autoridad que está pendiente del trabajo social a través de sus técnicos.

En este 2022 estos proyectos continuarán con el mismo espíritu de llegar a más personas de los sectores rurales.

Prefectura de Zamora Ch.

La feria libre de expendio de productos de primera necesidad, que con normalidad se desarrolla en el barrio “La Península”, desde el próximo sábado 15 de enero, se trasladará hasta la cancha de uso múltiple del barrio Pío Jaramillo.

Trabajos que obedecen a la planificación estipulada por los trabajos de ampliación y remodelación del mercado centro comercial Reina del Cisne. Bladimir Rosales – Director de Gestión de Obras Públicas del GAD Municipal de Zamora, mencionó que los trabajos de adecuación de la cancha de uso múltiple del barrio Pío Jaramillo, tienen un 90% de avance y estarán en pleno funcionamiento para la fecha establecida. Además, dio a conocer que dentro de los trabajos constan importantes mejoramientos como la construcción de baterías sanitarias, la adecuación de pisos con concreto, lavadores, techos, área de juegos para niños y parqueaderos, obras que aportarán a generar un ambiente sano y seguro para todos los usuarios.

Stalin Gálvez – Administrador de la Feria Libre, mencionó que se tiene previsto que las nuevas instalaciones de la Feria Libre de Zamora, funcionen alrededor de 140 puestos dedicados al expendio de productos y servicios, asimismo indicó que los horarios de atención serán a partir de las 14h00 del día sábado hasta las 17h00 del domingo.

GAD Municipal de Zamora.

El Pleno del Legislativo tramitó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación. “Con este importante proyecto la Asamblea Nacional busca garantizar la libertad de expresión y comunicación”, destacó Guadalupe LLori Abarca, la presidenta del Parlamento.

Previo al primer debate, el Pleno recibió en comisión general al director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte; Martha Roldós, representante del portal periodístico “Mil Hojas”; Eduardo Guachamin, de Corape; y, Cristina Benavides, directora de carrera de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central.

Cristina Benavides y Martha Roldós expresaron su preocupación respecto a varios artículos, entre ellos, el de la postura de los medios comunicación en procesos judiciales. Sostuvieron que la actual normativa tiene un sesgo hacia los medios de comunicación, específicamente hacia el periodismo.

El representante de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (Corape), propuso que la nueva normativa contemple mecanismos claros para su aplicación, así como, la distribución equitativa de frecuencias para medios comunitarios, creación y difusión de contenidos interculturales en todos los medios de comunicación y un Consejo de Regulación con atribuciones claras.

El debate inició con la intervención de la asambleísta Marjorie Chávez, ponente del proyecto, quien señaló que la Comisión de Relaciones Internacionales unificó los proyectos presentados por el Presidente de la República, los legisladores Marjorie Chávez, Fernando Villavicencio, Marcela Holguín, Dina Farinango y el exlegislador Juan Cárdenas. “Esta ley protege a las audiencias y garantiza la labor responsable de periodistas y comunicadores”, enfatizó.

Además, indicó que durante el proceso de socialización de la ley se realizaron siete mesas técnicas y se contó con el criterio de autoridades estatales y colectivos ciudadanos relacionados con la materia, entre ellos la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República; Consejo de Comunicación; Federación y Unión Nacional de Periodistas; Corape; Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión; Red de Periodistas Libres; Cofeinaie; el Relator de la Libertad de Expresión de Naciones Unidas; académicos; entre otros.

Por su parte, la legisladora Dina Farinango sostuvo que la normativa debe garantizar la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, a fin de que pueblos y nacionalidades tengan canales propios que permitan conocer la realidad de cada uno de los territorios.

Marcela Holguin manifestó que se debería mejorar la tabla salarial de los trabajadores de la comunicación. El asambleísta Ramiro Narváez propuso que es necesario contemplar un capítulo que establezca medidas para garantizar la seguridad en el ejercicio de las funciones periodísticas.

Los legisladores Ana María Raffo, Luis Almeida y Katiuska Miranda sugirieron a la comisión que considere el criterio de la sociedad civil y demás actores involucrados en el ám|bito comunicacional.

En el debate intervinieron 18 legisladores. La mayoría de ellos coincidieron en la necesidad de especificar las atribuciones del Consejo de Comunicación, así como, la autorregulación, responsabilidad ulterior, contenidos interculturales, distribución de frecuencias, entre otros aspectos. La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana elaborará el informe para segundo debate con las observaciones planteadas durante esta sesión.

Asamblea Nacional.