A través del Decreto 397, el presidente Daniel Noboa dispuso que las cámaras de seguridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) pasen al control del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911.

El documento consta de cuatro artículos y cuatro disposiciones generales. «Los sistemas y/o plataformas orientadas a actividades vinculadas con la seguridad ciudadana, en particular los sistemas de videovigilancia de los Gobierno Autónomos Descentralizados y de las personas jurídicas creadas mediante actos normativos de estos interoperen y proporcionen acceso al Servicio Integrado de Seguridad ECU911«, dice el primer artículo del Decreto.

También añade más adelante que el control de los centros de procesamiento de datos utilizados en actividades ligadas a la seguridad ciudadana «será ejercido única y exclusivamente» por el ECU911.

Según el Decreto firmado por Noboa, el objetivo es «garantizar la protección de los datos personales de la ciudadanía» para que no sean usados de manera indebida o sin autorización. Y recalca que la videovigilancia se aplicará solo «cuando existan indicios razonables de la comisión de un delito».

Asimismo, el Gobierno ordena que el ECU911 implemente un sistema moderno, articulado y unificado para la videovigilancia en tiempo real. Añade que se deberá incluir analítica de datos, reconocimiento facial y de placas de vehículos. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá analizar y disponer de los fondos requeridos, ordenó Noboa.

El ECU-911 será el encargado de autorizar a cualquier entidad la contratación de sistemas o plataformas vinculadas a la seguridad ciudadana, especialmente de videovigilancia.

El Ministerio del Interior, el de Telecomunicaciones y el ECU-911 tienen las facultades para emitir la normativa complementaria.

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