Marlon Santi, coordinador de la organización política, planteó el pedido al Ejecutivo y Legislativo para líderes y activistas sociales encarcelados por luchas sociales. El pedido se da después de los últimos asesinatos ocurridos en la Penitenciaría del Litoral.

Para estas acciones indica haber entregado la solicitud formal a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea para la gestión de amnistías, que es lo que le corresponde al órgano legislativo.

Mientras que el pedido de indulto atañe al Presidente de la República. El 18 de noviembre, Santi aseguró que están por consultar a los asesores del Ejecutivo qué casos se pueden viabilizar por esta vía. Después de ello presentarán una lista. A su criterio en esta podrían entrar varias personas que han cumplido más del 60% de sentencia, de la tercera edad y quienes tienen enfermedades catastróficas. Solo en las cárceles de la Amazonía, sostiene, el 60% de los detenidos son indígenas.

Para Luis Pachala, secretario de Pueblos y Nacionalidades, existe la voluntad por parte del Gobierno. Asegura que siempre ha sido una preocupación del Jefe de Estado, ya demostrada en los casos de indultos otorgados a Antonio Vargas, Carlos Chacha y Gonzalo Villamil.
“El Presidente hará los análisis jurídicos necesarios y trabajará para tomar las decisiones pertinentes”, declaró Pachala.

Del grupo de 303 líderes y luchadores sociales encarcelados, el 70% habrían sido detenidos en el paro de octubre de 2019. El resto se dividiría entre personas encausadas por manifestarse en contra de actividades mineras y petroleras y, en sus defensores. Según Santi, también se han seguido procesos judiciales en contra de abogados de los activistas y de organismos que velan estos derechos.

La preocupación se intensificó a partir de la última matanza carcelaria. En esta asesinaron a 68 personas privadas de la libertad. Entre ellas, Víctor Guai-llas Gutama, líder social, originario de la comunidad San Pedro de Yumate en Molleturo, en el Azuay. Él fue uno de los manifestantes apresados en el paro de octubre de 2019.

Por la urgencia del tema, Santi aseguró haber adelantado conversaciones con diferentes organismos y representantes legislativos. A pesar de que este punto no consta en la agenda de solicitudes que la Conaie presentó al Ejecutivo en sus diálogos. En septiembre, Leonidas Iza, dirigente de esta organización, entregó a la Asamblea un listado con 260 casos de manifestantes detenidos en el paro de octubre para que se les otorgue amnistías.

En ese marco, Santi ha hablado con la Comisión de la Asamblea, que atenderá la solicitud, con la presidenta del ente, Guadalupe Llori y con algunos jefes de bancadas. Al final este tema es de derechos humanos y no político, manifestó.

También indicó haberse reunido hace más de 20 días con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Considera importante contar con veeduría internacional en el tema para revisar mecanismos para precautelar la vida y la integridad de los presos, según los estándares internacionales.

El Comercio.