La Revolución Juliana, liderada por el Presidente Isidro Ayora Cueva, creo una serie de organismos para institucionalizar el Estado y el cumplimiento de sus roles fundamentales, entre ellos, la Contraloría General del Estado que según el Art. 211 de la Constitución establece que es el organismo técnico encargado del control, de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Lamentablemente muchos de estos organismos creados para La irrestricta defensa del interés público, desde hace ya varias décadas se han convertido en instrumento de los grupos económicos o políticos que se proponen ellos controlar para sus fines e intereses al Estado, sus recursos y competencias de esta manera los órganos de control y regulación del Estado desde hace ya largo rato han estado convertidos en instrumentos de impunidad y protección y de persecución para otros.

Si bien no estamos jamás de acuerdo con la famosa Función de Participación y Control Social, no es cierto que solamente por su culpa la Contraloría se convirtió en un elemento de manipulación, impunidad para unos y persecución para otros. El Contralor mediante concurso en el Consejo de Participación y Control Social o nómbrese en la Función Legislativa, la situación ha sido similar o hasta peor. Quienes hemos tenido larga experiencia en la administración pública lo hemos constatado en forma reiterada.

Últimamente el caso del Sr Carlos Polit y el Sr. Pablo Celi ponen en evidencia que lo que menos estaba haciendo la Contraloría desde hace ya largo tiempo era cumplir con su importantísimo rol de control y defensa del interés público, era simplemente un centro donde se protegía la impunidad de unos y se ejecutaba el asedio político y la persecución de otros. De igual forma es necesario destacar que gran parte delas grandes cadenas mediáticas y sus sucursales provinciales cumplían un mismo papel: linchamiento mediático para unos y encubrimiento y complicidad para otros, todo depende de que actitud tengan frente al manejo del Estado y sus competencias.

Para esta gente lo público no es público sino que pertenece a los grupos de poder que mayor influencia pueden ejercer. Si a algún hijo de vecino que llegue a ejercer un mandato popular se le ocurre defender el interés público por arriba de los intereses de los que más influyen, pronto será sometidos al aislamiento, a la tergiversación, la calumnia, el linchamiento mediático y la destitución por cualquiera de los caminos que nuestra sistemática y cultivada inestabilidad política han creado en forma tan prolífica.

Para que se vea mejor, cómo funcionan las cosas a nivel local, solo sería necesario un leve análisis de las glosas que la Contraloría ha impuesto a la anterior administración municipal y como se encubre todas las denuncias que se han hecho con fundamento respecto a la actual administración municipal de Loja que en forma muy parecida, sino idéntica a lo sucedido en el Municipio Metropolitano de Quito en plena pandemia, se manipuló por ejemplo los procesos de contratación de insumos sanitarios. En un caso el responsable es Yunda, en el otro subalternos del conocido equipo político que bien sabemos quién lo dirige. El tema va a la Fiscalía de Galápagos y Guayas. Igual sucede con el tema bomberos y adquisición del predio Punzara a una de las partes en litigio, ofreciéndoles desalojar a la otra parte “todo por la Ley nada por la Fuerza”, no digamos nada de la falta absolutamente deliberada de mantenimiento al sistema de agua potable, de mercados y a los sistemas de drenaje.

Para darnos cuenta qué es lo que realmente sucede tras bastidores, basta escuchar lo que declara en la mañana del 11 de Septiembre del 2020 ella mismo, la Asambleísta Jeaninne Cruz, en el programa Primer Plano del Padre de su “asesor”, en el cual dice que ha tenido que pasar días y horas de horas gestionando en la Contraloría las glosas contra el Ex Alcalde Revocado y para poner un ejemplo se refiere a la millonaria glosa de foto-multas establecida por cuanto la administración municipal tuvo que acatar una sentencia contenciosa administrativa que disponía devolver aquellas multas, que según los jueces se habían impuesto sin fundamento legal, por cuanto para aplicar en Loja lo que manda el COIP y la Ley de Tránsito, era antes necesario que se apruebe una ordenanza. Por cierto con la nueva mayoría que se había formado para bloquear la administración.

José Bolívar Castillo V.