Los representantes del sector de la construcción llegaron al menos con tres propuestas para su reactivación al encuentro con el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess), este martes 7 de diciembre del 2021. En especial, piden mayor asignación para hipotecarios.

Henry Yandún, vocero del gremio Constructores Positivos, señaló que el monto de dinero, entregado por el Biess, para estos fines ha ido decreciendo desde el 2015.

De todas formas, expresó que esperan que haya una recuperación para el 2022. Se estima que el sector financiero, incluido el Biess, entregue unos USD 2 005 millones.

Esa es una cifra cercana a los USD 2 020 millones en el 2018, el mejor año que tuvo el país en la entrega de hipotecarios, según Yandún. 

El representante del sector, además, sugirió al Biess considerar el otorgamiento de créditos verdes para vivienda, que son subsidiados y pueden generar tasas de interés más bajas. 

También el sector pidió que se simplifique y optimice el proceso para el acceso a este financiamiento.

 “No puede ser que los trámites se demoren el mismo tiempo que nos toma hacer la construcción”, refirió Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción.

Ocampo propuso que se impulsen alianzas público-privadas con la entidad para concretar proyectos conjuntos. Estas acciones ayudarán a reducir el déficit del acceso a vivienda, aseguró. 

El gerente del Biess, Iván Tobar, afirmó que tras este encuentro se recogerán las recomendaciones de los empresarios para trabajar de forma conjunta. Invitó a que el sector sea el veedor de las acciones.

El Comercio.

Con 96 votos a favor y 39 abstenciones, la Asamblea Nacional se ratificó en las observaciones realizadas al presupuesto general del Estado para 2022, en lo que tiene que ver con las asignaciones a salud, educación, incentivos jubilares, rehabilitación social y monetización de bienes públicos. 

La resolución se dio este lunes 7 de diciembre de 2021, después de tres horas de un debate dominado por asambleístas del correísmo y de Pachakutik, quienes rechazaron que el Ejecutivo no acogiera las objeciones que le hizo el Parlamento en primera instancia. 

El Presupuesto General del Estado para 2022 asciende a USD 33 899 millones, frente a los USD 32 948 millones que se tuvo este año, cuando Ecuador empieza a recuperarse de los estragos de la pandemia del covid-19. 

El Parlamento necesitaba de una mayoría calificada (92 votos) para ratificarse, cifra que fue sobrepasada. Alcanzó cuatro más, después de que los bloques de Unes, Pachakutik y parte de la Izquierda Democrática (ID) y el Partido Social Cristiano (PSC) votaran a favor. Las 39 abstenciones provinieron del oficialismo y asambleístas independientes. 

La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño (Pachakutik), argumentó que en las asignaciones existía una disminución de USD 218 millones para salud y de USD 311 millones para educación. 

Agregó que el Ejecutivo tampoco había determinado los mecanismos o modalidades a través de los cuales se obtendrían los recursos por venta o monetización de activos del Estado, como el caso del Banco del Pacífico. 

Desde la bancada oficialista, solo el asambleísta Guido Chiriboga salió a defender el presupuesto planteado y refutó a Pazmiño, pues aseveró que las asignaciones para salud registraban un aumento de USD 540 millones; para educación, USD 560 millones; y, para los incentivos por pensiones jubilares se habían asignado USD 240 millones para 2022. 

“Estos aumentos cumplen con exceso lo requerido por la Constitución”, dijo Chiriboga. Sin embargo, otros asambleístas como Juan Cristóbal Lloret (Unes) señalaron que dichas cifras diferían al comparar lo presupuestado para el nuevo año versus lo codificado para el año anterior. 

Los asambleístas Mario Ruiz y Salvador Quishpe, de Pachakutik, rechazaron que se pretenda financiar el presupuesto con la venta de bienes públicos. Señalaron que se busca reeditar las prácticas de los 90 donde “privatizaron todo” como eléctricas y telefónicas.  

Chiriboga insistió que la venta del Banco Pacífico serviría para un plan contra la desnutrición crónica infantil e incluso recordó que este era un plan del expresidente Rafael Correa. 

Por su parte, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní (ID), criticó que el Ejecutivo no incluyera en la proforma “mecanismos para el pago de la deuda de más de USD 16 000 millones a favor del IESS, de los cuales USD 4 300 millones son por conceptos del seguro de salud”. 

Los asambleístas independientes César Rohón y Pedro Velasco concordaron en que el país requiere debatir una nueva forma de desarrollo. 

“La palabra central debe ser financiamiento o desfinanciamiento”, dijo Velasco. 

“El modelo de gratuidad en el país no funciona, está colapsado”, agregó Rohón. La bancada del PSC no intervino en este debate. 

Alcances 

El artículo 295 de la Constitución dice que “La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta días antes del inicio del año fiscal respectivo”.  

“La Asamblea Nacional aprobará u observará, en los treinta días siguientes y en un solo debate, la proforma anual y la programación cuatrianual. Si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrarán en vigencia la proforma y la programación elaboradas por la Función Ejecutiva. Las observaciones de la Asamblea Nacional serán solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma”. 

Así también lo señala el artículo 130 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El Comercio.

El Gobierno espera remitir al legislativo un segundo proyecto de ley de inversiones y necesitará 70 votos para que sea aprobado en el pleno.

Las bancadas legislativas de la Izquierda Democrática y Pachakutik mantendrán los diálogos con el Gobierno, aunque cuestionan al desenlace que tuvo el trámite del proyecto urgente de reforma tributaria, pues para lograr que entre en vigencia el Ejecutivo se apoyó en el correísmo representado en la bancada Unión por la Esperanza (UNES).

Desde mayo pasado, el Ejecutivo, la ID y Pachakutik actúan juntos en el legislativo y mantienen el control administrativo de la directiva de la Asamblea Nacional y de las principales comisiones especializadas permanentes. Antes y durante el trámite del proyecto urgente de reforma tributaria denominado Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, estos tres sectores participaron en reuniones y hablaron sobre modificaciones a la propuesta legislativa del Gobierno, pero no contaron con el escenario de un entendimiento con el correísmo para pasar el proyecto por el ministerio de la ley, tras el endurecimiento de posiciones en Pachakutik.

El coordinador de la bancada de la ID, Alejandro Jaramillo, comentó que su organización política siempre buscará el diálogo y será propositiva. “Sí estamos pidiendo al presidente de la República que no se dedique a oír, sino a escuchar a la gente”.

Que por el bien del país, añadió el político, van a continuar con los diálogos porque la ID considera que la Asamblea Nacional debe trabajar de la mano con el Ejecutivo, pero que “tampoco podrán prestarse como lo hizo UNES, para hacerle juego al Gobierno y pasar un mamotreto de ley que afecta a los intereses de toda la clase media, popular y a la clase obrera”.

El diálogo con el Ejecutivo podría romperse si continúa actuando de la manera que lo hizo con el proyecto económico urgente, estableciendo “pactos del indulto”, advirtió Jaramillo, quien aseguró que la alianza legislativa con Pachakutik continúa.

Los diálogos permanentes permitirán encaminar al país a un desarrollo real, insistió Jaramillo, y señaló que de ninguna manera se puede asegurar que la ID entró al cogobierno al referirse a la designación de Andrés Vallejo, militante activo de la agrupación, como embajador de Ecuador en España.

Que esa designación responde a un tema personal, que jamás fue consultada a él que se desempeña como jefe de la bancada y presidente provincial de la ID, que jamás se ha pedido ningún tipo de autorización al partido naranja para asumir la representación diplomática en España, que tampoco sabe si esa designación proviene desde la directiva nacional.

Jaramillo aclaró que no tienen ninguna afinidad ideológica con el Gobierno, pero que la ID extendió la mano al presidente de la República para que tenga gobernabilidad, pero que es lamentable lo que hizo con UNES, es decir, llegar a un pacto entre Rafael Correa y Guillermo Lasso.

Frente a ello, esa tienda política prepara un proyecto de derogatoria parcial a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, el cual será presentado en los próximos días.

Rafael Lucero, coordinador de Pachakutik, expresó que desde la última reunión que mantuvo el bloque con el Ejecutivo no ha existido un nuevo acercamiento, pero consideró que el Ecuador necesita que los dos sectores, el Ejecutivo y el Legislativo, sigan conversando a pesar de las divergencias y diversidades.

Cuestionó que el Gobierno haya publicado la reforma tributaria tras un acuerdo político con el correísmo, cuando desde el sector de Pachakutik se advirtió del grave impacto que tendrá la aplicación de esta reforma en la clase media.

Sin embargo, dijo que el proyecto de derogatoria de la reforma tributaria es de iniciativa de un sector de asambleístas de Pachakutik y no de toda la bancada. Que recién este martes habrá un debate interno en la bancada en el que se definirá el respaldo o no de esa iniciativa legislativa.

Lucero admitió que hay dos grupos dentro de la bancada de Pachakutik, que uno de ellos pretende hacer algunas cosas sin consultar con la bancada y el otro que está dentro del bloque que reclama la socialización previa respecto a lo que se presenta en la legislatura.

El grupo de legisladores de Pachakutik que presentó el proyecto para echar abajo la reforma tributaria lo lideran Mario Ruiz Jácome, Mireya Pazmiño, Bertha Sánchez, Dina Farinango, José Cabascango, Darwin Pereira, Salvador Quishpe y Ángel Maita, entre otros. Este sector político mantuvo sus críticas al proyecto presentado por el Ejecutivo y planteó el archivo de la propuesta, pero no logró los votos suficientes para ese propósito. 

El Universo.

La Contraloría General del Estado decidió este martes 7 de diciembre del 2021 archivar el proceso de investigación del presidente Guillermo Lasso, por el caso de los Pandora Papers.

Según el documento de dos páginas, hecho público este martes 7 de diciembre, la investigación sobre la posible infracción respecto bienes o capitales situadas en paraísos fiscales no arrojó “elementos objetivos” que demuestre que a la fecha de la inscripción de su candidatura para la Presidencia de la República no era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en empresas o fundaciones situadas en paraísos fiscales.

La Contraloría señala que ha revisado estas compañías: Da Vinci Foundation, Bernini Foundation, Barberini Foundation, Bretten Holdings,, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investmentt Corp., Petro Overseas S.A., Brothers Investment Ltd., Positano Trade LLC, Tintoretto International Foundation, Trident Trust Company y Banisi International Foundation.

En la investigación de los Papeles de Pandora, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se reveló en octubre que el mandatario recurrió hasta 14 sociedades en Panamá y EE.UU.

Él, por su parte, ha respondido que se deshizo de las compañías antes de lanzarse a las elecciones de 2021 y que ha pagado más de $ 500 millones en impuestos en Ecuador entre él y el Banco de Guayaquil, del que es accionista mayoritario.

En noviembre, el presidente Lasso, entregó a la Contraloría la documentación certificada que acreditaría que su candidatura fue inscrita sin incumplir la Ley sobre este tema.

Además, está previsto que esta tarde, el Pleno de la Asamblea Nacional continúe con el debate del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso ‘Pandora Papers’.

El Comercio.

Una nueva especie de sapo Cutín fue descubierta en la Cordillera del Cóndor de Ecuador, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (sureste), informó el viernes el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y según un informe está en peligro de extinción.

«Cutín de Daquilema (Pristimantis daquilemai) es el nombre de la nueva especie de sapo Cutín descubierta en la Cordillera del Cóndor, sur de Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe», dijo el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

El nombre de la nueva especie es un homenaje al líder de la etnia Puruhá, Fernando Daquilema, que en 1871 encabezó una insurrección indígena en el actual territorio de la provincia de Chimborazo (centro) por los altos impuestos eclesiásticos y el trabajo forzoso para las obras viales del país, durante el gobierno de Gabriel García Moreno.

Esta nueva especie se diferencia de todos los demás anfibios del mundo por su diminuto tamaño, pues los machos adultos miden solo 1,3 centímetros y las hembras 1,7 centímetros, dijo el Ministerio de Ambiente.

El sapo, además, se distingue por tener las ingles con manchas naranjas o amarillas, el dorso presenta pliegues y tubérculos, tiene una prominente papila en la punta del hocico, un tubérculo cónico en el párpado y el tímpano está oculto por la piel.

Un estudio elaborado por un equipo de investigadores integrado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y el Real Jardín Botánico, describió que la nueva especie habita en una pequeña área de la Cordillera del Cóndor.

 Masharos News

El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe entregó dos puentes carrozables en el cantón Chinchipe, beneficiando de esta forma a sectores altamente productivos de la parroquia San Andrés, y la parroquia Zumba. Son más de USD 360.000 invertidos en las infraestructuras que ahora quedan al servicio de varias comunidades agroproductivas.

En lo que concierne la parroquia San Andrés, el puente está ubicado sobre el río Isimanchi,  y es tipo bailey, se convierte en uno de los resultados alcanzados por la gestión del Prefecto Cléver Jiménez, ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP. Con la colocación de esta obra, se benefician directamente ganaderos de la zona El Castillo, quienes proveen de leche, queso, quesillo, y trucha a los mercados locales.  

Wilmer Jiménez, ganadero de El Castillo, dijo que ahora sus productos serán transportados de mejor manera y así abastecer a los mercados de Zumba, Loja y el cantón Espíndola, “estas obras necesitábamos hace años, ahora estamos bien servidos con la vía y el puente, nos sentimos alegres y agradecidos con las autoridades de turno”, señaló.

Asimismo un puente carrozable doble carril fue entregado en la parroquia Zumba, se trata de una infraestructura de hormigón armado, construido sobre la quebrada Guadual, es de 15 metros de longitud y 7.20 metros de ancho, aquí la Prefectura invirtió USD 212.000, en beneficio de las comunidades de La Guayusa, Huanchunangui, El Orcón, Gramalotal, La Sinchama y Río Blanco.

“Antes de la construcción era un contratiempo, un problema de toda la vida, porque cuando crecía la quebrada nos dejaba sin paso hasta por varios días, ahora estamos contentos porque la vialidad se está transformando”, señaló Bartolomé Jiménez, morador de la Guayusa.

De esta forma la Prefectura de Zamora Chinchipe, incentiva al sector productivo de la provincia, con obras viales que garantizan la conectividad de pueblos y a su vez el expendio de productos a los mercados de la zona. “Con gusto dejamos estas obras que dignifican a los chinchipenses, porque estamos seguros que la producción nos sacará del subdesarrollo”, resaltó en su mensaje el Prefecto Cléver Jiménez.  

Prefectura  de Zamora Ch.

El retorno progresivo a clases presenciales evidenció otra grave carencia que afronta el sistema educativo público del Ecuador: 6 000 plazas de docentes no han sido llenadas por falta de recursos económicos, según la Unión Nacional de Educadores (UNE).

El Ministerio de Educacón (ME) no proporcionó la cifra real de maestros faltantes, únicamente se informó que están trabajando para en el primer trimestre del 2022 cubrir el déficit con un primer ingreso de 1 900 docentes.

Esta escasez de profesores afecta a más de 800 000 estudiantes de la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos que están en clases presenciales; y ocurre, principalmente, por las jubilaciones constantes.

Desde 2019 hasta octubre pasado, 12 300 docentes del país se jubilaron y el pasado 1 de noviembre el Ministerio de Educación (ME) llenó 8 002 plazas con los concursos Quiero ser Maestro 7 y Quiero ser Maestro Intercultural.

Cada mes hay nuevas jubilaciones y con eso aumenta el déficit, explica Isabel Vargas, presidenta de la UNE.

Pero además, los ganadores de los concursos venían laborando con contrato en otros planteles y al reintegrarse a las nuevas plazas con nombramiento dejaron una nueva vacante en otro plantel.

Ese cambio es la segunda causa del déficit de profesores. Le siguen las renuncias por diferentes causas, traslados (sectorización), permisos por salud y el arrastre de las necesidades de años anteriores.

Álex Barreto, de 33 años, dejó la Unidad Educativa Nabón y pasó al colegio San Francisco de Cuenca. Ganó el concurso para maestro y desconoce si contrataron a un nuevo docente. La mayor necesidad está en las cabeceras cantonales.

El informe del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos señala que, por cada 25 estudiantes debe haber un profesor. En el país hay planteles tradicionales con población numerosa, superior a los 35 alumnos por aula.

Según Vargas, para cumplir ese aforo y la distancia física de 1,5 metros por la pandemia del colvid-19 faltaría 70 000 profesores en todo el país. “Pero no hay esas inversiones y en pandemia más bien hubo recortes a la educación”, puntualizó.

El pasado martes se entregó 71 nombramientos a docentes de Cuenca, de los 587 ganadores de los concursos en Azuay Cañar y Morona Santiago. Pero hay 362 plazas faltantes, dijo Miguel Pesántez, coordinador de la zonal 6 del ME.

En esa lista están las unidades educativas Manuel J. Calle, Sayausí, Guillermo Mensi, Daniel Córdova Toral y 12 de Abril de Cuenca, que les hace falta entre dos y cinco docentes. En el Benito Juárez de Quito faltan dos profesores de especialidad para los primeros y segundos de bachillerato.

Los rectores visitan a diario las oficinas de los distritos del ME para gestionar e insistir en la contratación. Nos ofrecieron para el próximo mes, dijo José Luis Chicaiza, rector del Manuel J. Calle, que acoge a 2 100 estudiantes. Allí llenaron dos plazas y falta tres.

Según Chicaiza, se apoyan en los inspectores “para mantener a los alumnos con actividades”. Al igual que ellos, los tutores, inspectores y hasta sicólogos del DECE han asumido las materias de los profesores faltantes en los diferentes planteles. En otros casos hay pasantes de las universidades.

Eso es parte del plan de contingencia del ME para cubrir las necesidades insatisfechas, dijo Pesántez. Sin embargo, Silvana Durán, del Comité de Padres de Daniel Córdova Toral, cree que esa alternativa frena y devalúa el aprendizaje.

“Los chicos están afectados por las clases virtuales y la falta de profesores amplía los vacíos de conocimiento”, precisó. Ella contó que en este plantel faltan docentes de física y lenguaje, que son importantes en la vida académica.

A la mayoría de los rectores del país, las autoridades distritales les han ofrecido una solución. Según Pesántez, esta Cartera de Estado está pidiendo un incremento del 17% del presupuesto de educación para el ejercicio fiscal del 2022.

Para Antonela Mora, madre de familia, la lista de desafíos para sacar de la crisis a la educación ecuatoriana es enorme y el regreso a clases requiere de acciones concretas del Gobierno para asegurar el bienestar de los estudiantes y de los docentes.

El Comercio

A partir de febrero del 2022 empezará el proceso de fusión de BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional (CFN), para dar paso al Banco de Fomento Económico del Ecuador, como lo establece la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, promulgada por el presidente Guillermo Lasso.

El objetivo de la unión de las dos entidades es alcanzar parámetros técnicos y de capital para otorgar crédito a bajo costo y a largo plazo para los sectores agrícolas y productivos, señala la norma, que entró en vigencia el 29 de noviembre del 2021.

El plan del Gobierno, desde la campaña, es otorgar créditos al 1% de interés y a 30 años plazo para reactivar los sectores productivos del país.

Cerca del 60% de los créditos que otorga BanEcuador son para el desarrollo de actividades agropecuarias, señaló la institución.

De enero a octubre de este año ha entregado USD 251,5 millones en créditos para actividades relacionadas al agro. Mientras que la CFN ha otorgado créditos por USD 21,8 millones para este mismo sector, según datos del sistema de información agropecuaria del Ministerio de Agricultura.

Esta semana, el Gobierno Nacional informó que los créditos al 1% de interés y a 30 años plazo se entregarán desde el 1 de enero del 2022.

Durante la sesión solemne por los 80 años de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), el jueves 2 de diciembre, Lasso dijo que los impuestos recaudados con la reforma tributaria serán destinados a financiar los proyectos sociales y para estos créditos a bajo costo.

“También vamos a destinar estos recursos para que, a través del Banco Nacional de Fomento, desde el 1 de enero del 2022, empecemos a otorgar los créditos al 1 % de interés y hasta 30 años plazo”, dijo Lasso.

Los recursos estarán destinados para los pequeños emprendedores del país, en los sectores agropecuarios, ganadero, pequeña industria, artesanía y más, “con un enfoque especial en la mujer emprendedora”, agregó.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pedro Álava, señaló a este Diario que para cumplir la oferta presidencial se tiene pensado ofrecer USD 5 000 a cada solicitante. Sin embargo, destacó que el plazo de los créditos dependerá del monto entregado en cada préstamo individual. 

Se prevé pedidos de créditos por parte de asociaciones las que, en caso de calificar, recibirán el financiamiento total de su proyecto, aseguró.

Sin embargo, organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino señalaron que todavía no han tenido información sobre el proceso para acceder a los créditos.  

“El Ministro de Agricultura nos dijo que se entregan desde enero, pero no sabemos nada más”, comentó Richard Intriago, dirigente de este gremio.  

Álava sostuvo que también se financiarán los créditos con la venta de tierras estatales que actualmente son ocupadas por camaroneras, en concesión. Además, se liquidarán activos y se utilizarán fondos provenientes de los créditos internacionales, dijo.  

Con respecto a la venta de las camaroneras, Lasso detalló que en el próximo proyecto de ley que enviará a la Asamblea constará un artículo para que el Estado pueda vender estas tierras concesionadas. Se trata, al menos, de 80 000 hectáreas concesionadas a camaroneras, ubicadas en varias provincias de la Costa. 

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, no habló de la iniciativa del Gobierno, pero explicó que en el sector camaronero hay productores que, por trabajar en zonas concesionadas por el Estado, no son sujetos de crédito. “Para ellos sería importante la titularización de dichos predios”, agregó.

Dos productores de camarón señalaron no conocer de los planes del Gobierno de vender estas tierras, por las que el Gobierno prevé obtener USD 1 000 millones. 

Tradicionalmente, BanEcuador y su antecesor, el Banco Nacional de Fomento -en liquidación-, han sido utilizados para entregar este tipo de créditos para recuperar a sectores agrícolas que han perdido sus cosechas.

El Comercio.

La Asamblea Nacional tiene previsto reinstalarse mañana 07 de diciembre a partir de las 15:30 para abrir el debate y luego aprobar una resolución respecto del informe que elaboró la Comisión de Garantías Constitucionales respecto de la investigación realizada al caso denominado Pandora Papers.

El informe de mayoría contenido en 291 páginas indica que el presidente de la República, Guillermo Lasso, inobservó el pacto ético aprobado en consulta popular de 2017, por lo que se configura el incumplimiento señalado en el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, y recomienda su destitución por grave crisis política y conmoción interna.

Esta causal de destitución señalada en el informe aprobado por seis votos no tiene el respaldo suficiente de votos en el pleno para ser recogida y apoyada en una resolución. Únicamente, el bloque legislativo correísta, representado en la bancada Unión por la Esperanza (UNES), insiste en aplicar la destitución de Lasso.

El pasado 2 de diciembre, el pleno de la legislatura dio lectura al contenido del texto, pero el debate se suspendió para este martes, que concluirá con la aprobación de una resolución.

Sin embargo, hay bancadas como Pachakutik que analizan y tratan de coincidir con otros sectores políticos en una resolución en la que se apruebe el informe de mayoría suscrito por el legislador José Cabascango, de sus filas, pero que se deje de lado la primera recomendación relacionada con la destitución de Lasso.

Por ello, este grupo de 25 legisladores espera pedir que se cambien las recomendaciones, entre ellas, que toda la investigación sea remitida de forma íntegra a la Fiscalía General del Estado para que se investigue si existen o no delitos financieros de parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, y su familia, reveló el asambleísta nacional Ricardo Vanegas.

Que la Contraloría General del Estado concluya la investigación que inició para que se determine si el jefe de Estado faltó o no a lo que determina la Ley de la consulta popular de 2017, es decir, si él realmente tenía o sigue teniendo capitales en paraísos fiscales.

Asimismo, este grupo de legisladores espera obtener los votos para disponer que el presidente Guillermo Lasso, como primer funcionario público del país, comparezca ante el pleno de la Asamblea Nacional a rendir cuentas y que aclare si tiene o no bienes o capitales en paraísos fiscales él o su familia, afirmó Vanegas.

Esta posición que analiza Pachakutik podría ser apoyada por 48 votos que tiene UNES, según lo anticipó el legislador Ronny Aleaga, quien advirtió que al parecer el pedido para la aprobación del informe no lo hará el presidente de la mesa, José Cabascango, por lo que se analiza la posibilidad de que provenga de la legisladora correísta Paola Cabezas.

Dijo que hay muchos legisladores que no quieren apoyar el informe porque incluye la causal de destitución del mandatario, y frente a eso, habrá una moción de Pachakutik que recogería el informe, pero sin la primera recomendación.

Aunque persisten los cuestionamientos realizados por el asambleísta de Pachakutik Édgar Quezada, quien denunció que minutos antes de la votación del informe el documento fue alterado, porque no constaba la recomendación principal sobre la destitución de Lasso. Esta denuncia es objeto de una indagación fiscal.

En otros sectores como el Partido Social Cristiano, su posición frente al informe de Pandora Papers no ha variado, afirmó el coordinador de esa bancada, Esteban Torres, por lo que no respaldarán el texto presentado por la mesa que preside Pachakutik, debido a que si se analiza el informe, este se refiere en varias partes a una supuesta conmoción interna. Esa causal no es aplicable en este caso, subrayó.

“Si el correísmo quiere, para lavarse la cara de los supuestos pactos y llegar a los extremos, no lo vamos a apoyar, y tampoco apoyaremos un informe de minoría que busca absolver con agua bendita cualquier conducta que puede ser susceptible de ser investigada por la Contraloría y Fiscalía”.

Desde el sector oficialista, representado en la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), aspiran a que el pleno trate el informe de minoría presentado por los legisladores Virgilio Saquicela y Gruber Zambrano, en el que recomiendan el archivo del caso y que todo el expediente sea remitido a la Contraloría y Fiscalía como órganos competentes para la indagación

El Universo

La mañana de este viernes 3 de diciembre, el presidente Guillermo Lasso entregó frecuencias radiales a once comunidades indígenas amazónicas, en Sucúa, provincia de Morona Santiago.

Las nacionalidades amazónicas awas, sáchilas, chiwas, cofantes, huoranis, eperas, sionas, ashuares, kichwas, chachis y shuaras recibieron once frecuencias radiales comunitarias en un evento organizado por el Gobierno nacional en Sucúa, Morona Santiago.

Al final de su discurso, el mandatario hizo un llamado a la unidad y a trabajar con base en el diálogo.

“Vamos a trabajar juntos, porque todos los ecuatorianos, unidos, hermanados, sobre la base del diálogo, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos y podemos brillar frente al mundo, basados en la solidaridad, en el amor entre todos los ecuatorianos (...). Debemos ir avanzando sobre la base de la paz, la tranquilidad y del diálogo para poder lograr la prosperidad que todos los ecuatorianos anhelamos para nuestras familias y para nosotros mismos”, dijo Lasso.

Las declaraciones del mandatario se dan en medio del diálogo roto con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que esperó, hasta esta semana, una respuesta a su propuesta sobre la reducción del precio de los combustibles.

Hasta el momento, el Gobierno no ha dado una respuesta al respecto, pese a que la reunión entre la Conaie y el Ejecutivo se dio el 10 de noviembre y allí se ofreció que se tomaría una decisión en 15 o 21 días, como máximo.

Sobre la entrega de frecuencias, Lasso manifestó que el objetivo es que estas nacionalidades “tengan su propia voz”. Informó que han actualizado el convenio de conectividad para mejorar los cinco infocentros que sirven para conectar a esa región con el mundo a través de internet, e instalar un nuevo infocentro comunitario en Sucúa, con una inversión de $ 3 millones, en beneficio de 600 habitantes de la región.

Lasso precisó que los créditos al 1 % de interés y hasta 30 años plazo para los productores serán entregados desde el 3 de enero por BanEcuador.

Además, dijo que el Ministerio de Gobierno analiza la factibilidad técnica del pedido de cantonización de la parroquia Sevilla Don Bosco; que reactivarán las escuelas bilingües con el Ministerio de Educación y que se compromete a realizar las obras viales necesarias para Morona Santiago.

Sucúa está celebrando sus 59 años de cantonización y, en medio de estas celebraciones, Lasso también llamó a la población a vacunarse contra el COVID-19 para reactivar la economía y el turismo.

En tanto, la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, agregó que se firmó el convenio para funcionamiento de 183 infocentros, ahora llamados Puntos del Encuetro; conectaron, vía satélite, cinco escuelas y sus comunidades; y se firmaron acuerdos para la instalación de dos nuevos infocentros.

Maino sostuvo que, por la aprobación de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, el 50 % de los impuestos que pagan las telefónicas irá a inversión rural, y que se reducirán en un 10 % las planillas de telefonía.

Maino anunció que en este mes inaugurarán 1.173 nuevos puntos wifi totalmente gratuitos a nivel nacional, ubicados cerca de escuelas, centros de salud y juntas parroquiales. Además, 47 nuevas parroquias rurales del país accederán a conexión.

El Universo.