Guillermo Lasso aseguró que, para la prevención de la mendicidad y el trabajo infantil, en el 2021 se han destinado $ 10′600.000.

El Gobierno lanzó la campaña “Solidaridad sin mendicidad” para prevenir la mendicidad en los grupos de atención prioritaria, principalmente en niños, niñas, personas de la tercera edad y con discapacidad, a través de una acción interinstitucional de control, vigilancia y articulación de ayuda hasta los sectores más vulnerables.

El acta de compromiso de la campaña fue firmada por el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal; Wilfrido Carrera, vicepresidente de AME; el alcalde de Quito, Santiago Guarderas; y el presidente Guillermo Lasso.

El Gobierno activó un “trabajo interinstitucional en la prevención, atención y protección a personas en mendicidad y trabajo infantil” en 20 cantones priorizados: Ambato, Esmeraldas, Babahoyo, Carchi, Cuenca, Guaranda, Guayaquil, Huaquillas, Ibarra, Loja, Jama, Latacunga, Manta, Pastaza, Quito, Riobamba, Rumiñahui, Mejía, Cayambe y Santo Domingo. Se pretende llegar a 100.000 ciudadanos.

Con la campaña, funcionarios públicos recorren barrios y comunidades con el objetivo de promover, difundir y sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de prevenir y concientizar sobre los riesgos de la mendicidad y el trabajo infantil. Además, realizan acciones ambulatorias en calle, carreteras, plazas y parques para la observación y abordaje; y operativos específicos o alertas ciudadanas, que permitan la atención e intervención oportuna del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y otras instituciones, según sus competencias.

Se efectúan eventos comunitarios, entrega de donaciones, carpas lúdicas, activaciones comunicacionales, brigadas médicas, entre otras, para evitar que las personas que practican la mendicidad y trabajo infantil salgan de sus comunidades, barrios o parroquias, y de esta manera disminuir los riesgos a los cuales se enfrentan por realizar estas actividades.

El MIES, con apoyo de la empresa privada, coordina la recepción y distribución de donaciones ciudadanas voluntarias de ropa, alimentos no perecibles, juguetes y confites en varios puntos seguros habilitados en todo el país. Para ello, también habilitó el portal web www.ecuador-solidariocom, en donde se podrán adquirir kits de $ 10, $ 15 y $ 20.

“Todo el dinero recaudado en esta plataforma irá a un fondo común de la campaña, que servirá para comprar kits a precios preferenciales. Estos serán distribuidos a personas en situación de mendicidad y trabajo infantil. Asimismo, se podrán entregar las donaciones físicas en cualquiera de las oficinas de las direcciones distritales y zonales del MIES a escala nacional”, señaló el MIES.

Lasso manifestó que esta campaña es el inicio de toda una política pública, integral y permanente, no solo en febrero por las festividades navideñas, que busca erradicar la mendicidad y prevenir el trabajo infantil.

“Hasta diciembre de 2019, había 311.000 niños y niñas que trabajaban; estoy seguro de que con la pandemia esa cifra debe haber crecido. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) registra que en la región al menos 11 millones de niños y niñas hasta los 17 años trabajan. La Unicef señala que 3 millones de niños en Latinoamérica corren el riesgo de caer en trabajo infantil o mendicidad”, detalló el mandatario.

El mandatario dijo que el Gobierno ha destinado $ 10′600.000 para estos fines en el 2021, “cifra que dista mucho de los $ 6′700.000 empleados por el Gobierno anterior, entre el 2017 y el 2020″; y este año se ha llegado a 14.000 niñas y niños, y a 10.000 familias de manera indirecta, con énfasis en veinte cantones priorizados.

Bernal agregó que recibieron un país con el 34 % de pobreza y pobreza extrema, con 27,2 % de desnutrición crónica infantil (DCI), y que se logró identificar a 15.700 niños y niñas en esta situación; de ellos, solo 4.000 están dentro de un programa para la reinserción y protección de sus derechos.

En tanto, Guarderas señaló que el Municipio del Distrito participará activamente en el proyecto para proteger los derechos de estos grupos.

“Durante esta época el espíritu de la Navidad nos motiva a ser más generosos y solidarios, sin embargo, les invito a que no fomentemos la mendicidad o adultos mayores que muchas veces son víctimas de mafias que se aprovechan de ellos. Si queremos ayudarlos, hagámoslo a través de instituciones con orden y priorizadamente. Queremos más niños estudiando”, concluyó Lasso. 

El Universo.

La temporalidad del embarazo, los requisitos para acceder al procedimiento y la objeción de conciencia de los médicos fueron los tres nudos críticos sobre los que giró el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación.

La sesión 749 de la Asamblea Nacional se desarrolló, el 9 de diciembre, en una extensa jornada de casi de diez horas. Por la mañana, los legisladores escucharon a 23 representantes de organizaciones de la sociedad civil que expusieron argumentos a favor y en contra. Mientras tanto, en los exteriores del Palacio Legislativo se apostaron grupos feministas y los autodenominados provida. Al interior, en las curules de varios asambleístas colgaban pañuelos verdes (a favor del aborto por violación) y celestes (provida), que representaban las posturas de cada uno.

El debate en el Pleno inició alrededor de las 16:00, con la lectura del informe de la Comisión de Justicia -responsable de procesar la propuesta de la Defensoría del Pueblo-, y finalizó a las 20:50, tras la intervención de 24 parlamentarios. Los tres temas que marcaron la sesión no fueron definidos en el informe aprobado por la Comisión.

El proyecto que se discutió en primera instancia obedece a la sentencia emitida por la Corte Constitucional (CC), el 28 de abril, que despenalizó el aborto en casos de violación, declarando la inconstitucional del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La CC dispuso que en dos meses la Defensoría debía elaborar una propuesta de norma, la cual llegó a la Asamblea el 28 de junio. Desde ahí, corre un plazo de seis meses para que los legisladores aprueben la ley. Este último plazo vence el 28 de diciembre.

La Corte determinó que la iniciativa de la Defensoría del Pueblo para la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación que enmarque “sobre la base de los criterios establecidos en la presente sentencia y evidencia médica y científica, establezca condiciones y requisitos para que exista un adecuado balance entre la protección del nasciturus (concebido no nacido) y los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violación”.

La asambleísta Sofía Espín (UNES), miembro de la Comisión de Justicia y que votó en contra del informe, cuestionó el proyecto de ley y aseguró que no se está acatando la sentencia constitucional porque no se contempla hasta qué momento de la gestación se podrá interrumpir el embarazo, tampoco se establecen condiciones para requerir la intervención médica y no se esclarece sobre el derecho a la objeción de conciencia.

Espín mencionó que la Corte señala que es necesario fijar parámetros mínimos. En ese sentido, dijo que los requisitos para acceder al procedimiento pueden ser los indicados en la misma sentencia, como una denuncia penal, un examen médico o una declaración juramentada.

En la misma línea se pronunciaron los legisladores Geraldine Weber (PSC), Pierina Correa (UNES), Ricardo Vanegas (PK), Omar Cevallos (Independiente), Nathalie Viteri (PSC), entre otros. Quienes, además, manifestaron que no se incluyen parámetros para castigar a los violadores.

Weber dijo que “querer imponer el aborto sin requisitos es una salvajada” y aseguró que el tema desacata a la Constitución de la República que, en el artículo 45, reconocer la vida desde la concepción. Correa añadió que se pretende, de forma errónea, posicionar al aborto como un derecho fundamental.

Por su parte, Vanegas -miembro de la Comisión de Justicia que también votó en contra del informe- enfatizó que es necesario fijar una temporalidad, con criterios técnicos, para que se pueda practicar el aborto, ya que si se lo hace después de los seis meses de gestación se estaría hablando de un “feticidio”. Planteó que se hagan distinciones cuando las víctimas sean niñas. Y agregó que, en cuanto a la objeción de conciencia, no se puede obligar al medio a realizar ese tipo de intervenciones.

Desde quienes apoyan el aborto en casos de violación, la asambleísta Wilma Andrade (ID) dio ejemplos de los tiempos que se han fijado en otros países para que las víctimas gestantes puedan interrumpir el embarazo, como en el caso de Uruguay que estableció 12 semanas. Enfatizó que el debate es para crear un marco normativo que permita a la víctima de violación acceder al procedimiento en el sistema de salud pública de forma gratuita y segura.

La asambleísta de Pachakutik, Sofía Sánchez, mencionó que es imposible que se la denuncia sea una condición y que la temporalidad no es aplicable en todos los casos porque, “las niñas que son violadas no se enteran que están embarazadas a la quinta semana”.

La legisladora independiente Daysi Yuquilema habló de la revictimización que sufren las mujeres que presentan denuncias, y de las dificultades que tienen las que viven en las zonas rurales para llegar a las ciudades a denunciar a sus agresores. Dijo que debe haber acompañamiento de las casas de salud.

“No es contradictorio defender la vida y comprender a las mujeres que el Estado no ha podido proteger”, comentó la socialcristiana Dallyana Passailaigue, quien insistió que exigir una denuncia y fijar una temporalidad terminan por conducir a la maternidad forzada de las víctimas.

Tras finalizar el primer debate, el proyecto regresará a la Comisión de Justicia para el análisis y elaboración del informe para segundo debate. Si bien el plazo que dio la Corte Constitucional para que la Asamblea apruebe la ley vence el 28 de diciembre, la discusión quedará en espera, debido a que los parlamentarios estarán en receso legislativo desde el 16 hasta el 30 de diciembre.

El Universo

El presidente Guillermo Lasso hará tres anuncios al país en el transcurso de las siguientes tres semanas. El primero de ellos será el lunes, 13 de diciembre, y se tratará sobre el tema salarial. Así lo dio a conocer el mandatario, en el programa Encontremonos en vivo, de la Secretaría General de Comunicación, que fue transmitido por redes sociales el 9 de diciembre.

“El lunes voy hacer un anuncio importante sobre el tema salarial. Estén pendientes. Hasta ahí no más llego... El lunes 13 tenemos un anuncio, el lunes 20 tenemos otro anuncio, y el lunes 27 otro anuncio más. Son tres anuncios importantes en fin de año, para comenzar con mucho ánimo, con mucha fuerza el 2022”, dijo Lasso, sin dar adelantar más detalles sobre lo que dirá a la población.

La definición del salario básico unificado (SBU) para 2022 se discute en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), que está integrado por trabajadores y empleadores. El organismo está presidido por el ministro de Trabajo, Patricio Donoso.

El pasado 30 de noviembre se realizó la tercera reunión del Consejo en busca de un consenso entre sindicatos y empresarios, pero no hubo acuerdo; los primeros piden un incremento de $ 25 -con base en la oferta de campaña de Lasso- y los segundos sugieren que sea de $ 2,66, de acuerdo a estimaciones macroeconómicas.

Frente a esta situación, ese mismo día, Donoso emitió el Acuerdo Ministerial 2008 con el cual se extendió el plazo para fijar el salario hasta el 22 de diciembre. El ministro espera que las partes logren entenderse y establecer un monto.

El Código de Trabajo dispone que si no hay consenso entre trabajadores y empleadores, el Ministerio de Trabajo tiene que fijar el valor, para lo cual se basará en la proyección de la inflación del próximo año. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el 2022 se estima una inflación del 1,28 %. Esto daría un incremento de $ 5 a la remuneración.

Guillermo Lasso prometió, durante la campaña electoral, que en su Gobierno el salario básico subiría a $ 500. Sin embargo, no ha dicho cuánto crecerá cada año.

El Universo

Carlos Zabala, presidente del Consejo de la Amazonia, en rueda de prensa, informó que la provincia es la última de toda la región con proyectos aprobados del Fondo Común, debido a que los Gobiernos Seccionales no presentarían adecuadamente los requisitos, viabilidades técnicas y competencias.

“De 273 proyectos postulados en 2021, solo 85 están en la Dirección de Inversión previo a un análisis del Departamento de Planificación, además el 92% del presupuesto ha sido comprometido por la administración anterior y en la actualidad no alcanza ni el 8% para poder entregar este año, lo que causa dificultad”, expresó el Ministro de la Amazonia.

Jorge Paguay, secretario técnico de la Amazonia, comunicó sobre la asignación aproximada de recursos que reciben las provincias; Napo, 23 millones; Morona Santiago, 23 millones; Orellana, 16 millones; Sucumbíos, 15 millones; Pastaza, 12 millones y Zamora Chinchipe, 8 millones. Dentro del Fondo Común están recursos hidrocarburíferos, hidroeléctricos y mineros.

“Según el reglamento del Fondo Común el 30% tiene que ir a las zonas de influencia, es decir, la primera provincia en recibir las regalías de minerales debería ser Orellana porque produce el 78% de petróleo, seguido por Sucumbíos y en tercer lugar Zamora Chinchipe por la generación económica a través de minería”, manifestó el Secretario Técnico.

Además, el Secretario Ejecutivo de la Amazonia, mostró su preocupación al dar a conocer que las empresas mineras con proyectos a gran escala, en Zamora Chinchipe tienen una fuerte inversión y que de acuerdo a los datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) solo han generado 75 mil dólares de tributación para la Ley Amazónica. “Haremos un seguimiento con el fin de explicar qué está sucediendo con estos recursos, están llegando o no de la manera adecuada”, enfatizó Zabala.

Por su parte, Paguay, explicó que en el área hidrocarburifera se tributa alrededor de 46 millones; en eléctricas, 20 millones y en mineras apenas 30 mil dólares lo que causa asombro a las autoridades de la Amazonia.

Secretaría Técnica Amazónica

Este jueves 9 de diciembre, Día Internacional Contra la Corrupción, el Gobierno nacional presentó los lineamientos generales de la política pública anticorrupción, anunció que realizará una consulta ciudadana para su consolidación y ratificó que la Comisión Nacional Anticorrupción que creará será compuesta por autoridades institucionales.

La consulta ciudadana se realizará entre enero y marzo del próximo año y servirá para que, en abril, el Gobierno realice el lanzamiento del documento final de la política pública anticorrupción.

Lasso explicó que el Gobierno, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GIZ y el Sistema de Naciones Unidas, iniciará el proceso de construcción de la política nacional anticorrupción y su estrategia de lucha, a través de la consulta nacional inclusiva y los lineamientos generales de esa política.

En tanto, según expuso el presidente Guillermo Lasso, la Comisión deberá coordinar la implementación de la estrategia anticorrupción y las políticas dirigidas por la Función Ejecutiva y que, para su conformación, ha considerado invitar a las otras funciones del Estado.

Así, esta Comisión tendrá una composición institucional, como ya lo mencionó a Diario EL UNIVERSO el consejero gubernamental en esta área, Luis Verdesoto, en noviembre, y estará integrada por los titulares de la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Función Judicial, la Función Electoral, la Función de Transparencia y Control Social, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Municipalidades (AME), el Consorcio de Gobierno Provinciales (Congope).

Y como observadores, sin voto, se prevé la presencia de los titulares del Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI), los superintendentes, la sociedad civil, las universidades, los medios de comunicación y los gremios”.

Entre las intervenciones habilitadas en el Salón Olmedo de la UASB, estuvo la de Víctor Granda, docente del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), quien señaló que la Comisión Nacional Anticorrupción debe ser una iniciativa ciudadana porque tiene que investigar las denuncias de corrupción y luego vigilar que los órganos de control y justicia cumplan, y preguntó si existe la apertura del Gobierno.

Lasso respondió que existe apertura del Gobierno, que es necesario recuperar la relación con la sociedad civil y respetar sus espacios, que el “Gobierno tiene la obligación de tomar la iniciativa” y que le parece bien que una “veeduría ciudadana pueda dar seguimiento a los principales casos de corrupción”.

Entre las funciones de la Comisión, que deberá “cooperar con las funciones del Estado”, estarán proponer normas y procedimientos para el sector público, examinar la calidad del gasto público y plantear acciones anticorrupción.

“La lucha contra la corrupción estabiliza la democracia y el desarrollo económico, es una columna de la gestión de mi gobierno que será una política de Estado, aceptada en el consenso ciudadano (...). La corrupción resta recursos para el desarrollo del país, para programas sociales...”, señaló el presidente.

Al respecto, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) manifestó que los anuncios del presidente Guillermo Lasso de una política pública anticorrupción y creación de una Comisión Interinstitucional Anticorrupción son positivos, pero cuestiona el carácter institucional de la Comisión.

“Sin embargo, esto último (la conformación de la Comisión) no corresponde con su propuesta de campaña de crear una comisión internacional anticorrupción con apoyo de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y tampoco con su compromiso de involucrar a la sociedad civil y a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones”, agregó la FCD en un comunicado.

Los lineamientos de la política pública anticorrupción tienen un énfasis preventivo, pero de acción inmediata y con orientación a largo plazo, dijo el presidente Lasso, al señalar que es importante estar atentos a la calidad del gasto público, la disciplina fiscal y la austeridad financiera, y que la contratación pública es objeto de constante preocupación y hay que contar veedurías ciudadanas.

Además, es necesario aprobar nuevos instrumentos jurídicos sobre conflicto de intereses, puertas giratorias, cabildeo y transparencia de la gestión pública, reforma la Ley de Datos Personales, entre otros, dijo Lasso.

Lena Savelli, coordinadora residente de Naciones Unidas, señaló que la corrupción cuesta millones en todo el mundo, permite el crimen y la explotación, compromete la recuperación de la pandemia, que luchar en contra de la corrupción es una tarea de todos, que reconoce el papel del Gobierno para lograr una gestión pública más transparente y combatir la corrupción, pues solo así Ecuador podrá avanzar al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, reducción de la pobreza, igualdad de género y mayor acceso a servicios.

Al inicio del evento, el consejero gubernamental anticorrupción Luis Verdesoto manifestó que la rectoría de la política nacional anticorrupción consiste, fundamentalmente, en la prevención, colaborar con el fortalecimiento institucional y generar sistemas de seguimiento.

“Se trata de formular, luego de un proceso de consulta a la ciudadanía, una propuesta de política de Estado concreta y específica asentada en el consenso; la política y estrategia anticorrupción valdrá lo que valgan los sistemas de seguimiento público-estatal y de la sociedad”, concluyó Verdesoto. 

El Universo

Con contundencia, los asambleístas miembros de la comisión de Educación de la Asamblea Nacional, rechazaron el informe emitido por el Ministerio de Finanzas en torno al mandato de la Corte Constitucional, donde considera que no hay presupuesto para cubrir con el aumento salarial para los docentes del país, incluso exigen la comparecencia del propio ministro, Simón Cueva.

“Más que un informe, es un oficio simple donde lamentablemente se indica que hay dinero para cualquier cosa menos para la educación del país”, indicó la legisladora Isabel Enrríquez, al tiempo que se sumó a la moción de su colega Darwin Pereira, de El Oro, para que el ministro de Finanzas, comparezca a la comisión de Educación, con la finalidad de “que sea él quien les diga a los maestros del Ecuador que no hay dinero para la educación”, manifestó Pereira.

La Comisión, de manera conjunta, rechazó el informe del Ministerio de Finanzas donde indica que, por esta reforma a la Ley que implicaría un impacto presupuestario de USD 2.175 millones, se podría afectar la continuidad de la prestación de bienes y servicios públicos.

“El ministro no se ha reunido con nosotros tal como dice el informe que se han realizado acciones coordinadas, con lo cual nos ha dicho de dónde salen esos números”, reclamó Darwin Pereira.

“Nos han visto la cara a la Comisión y es necesario ponerle un pare. Debe venir el ministro a explicar personalmente porque se están burlando de la educación del país”, indicó en su intervención la legisladora Enrríquez, resaltando la unidad de los miembros de la comisión para luchar a favor de este sector, más allá de camisetas políticas.

El presidente de la Comisión, Manuel Medina, dijo solicitará la comparecencia del ministro Simón Cueva, para los primeros días de enero del próximo año.

Asamblea Nacional

El gobernador de Zamora Chinchipe Absalón Campoverde, junto al presidente del Consejo de la Circuncripción Territorial Especial Amazónica Carlos Zabala, Jorge Paguay, secretario de la Secretaría Técnica de la Amazonía y Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, verifican el avance de la construcción del puente sobre la Quebrada ElDestrozo, en la vía Zamora-Loja.

Esta obra se ejecuta mediante convenio entre el MTOP y Secretaría Técnica, con una inversión de alrededor de un millón de dólares y actualmente cuenta con un avance del 10 %.

«Como Representante del Ejecutivo hemos dado el acompañamiento en esta importante visita que han realizado el Ministro y Secretario de la Amazonía, con el fin de constatar y dar seguimiento a los trabajos que se ejecutan, estamos pendientes para que se cumplan con los plazos establecidos», señaló el Gobernador.

MTOP

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, exaltó este jueves 9 de diciembre del 2021 la democracia como “un ideal que nos mueve a ser mejores países“, en la cumbre denominada The Summit for Democracy, convocada por su homólogo estadounidense, Joe Biden.

En un una ponencia virtual en la que participaron jefes de Estado y Gobierno, representantes de la sociedad civil y del sector privado, el Mandatario ecuatoriano defendió la democracia como pilar fundamental del desarrollo, según precisó un comunicado la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom).

“Quienes amamos los principios democráticos debemos unirnos, con todas nuestras fuerzas, para combatir toda forma autoritarismo y populismo”, afirmó en su comparecencia al felicitar esa convocatoria de diálogo y reflexión en torno a la democracia, que consideró “un ideal que defendemos día a día”.

Abogó asimismo por una mayor confianza en este sistema político, ya que sin ella, sostuvo, “la amenaza del autoritarismo se seguirá multiplicando y estará siempre listo para ofrecerse como un supuesto remedio, que en realidad es peor que la misma enfermedad”.

El Jefe de Estado destacó el “respeto irrestricto” en su país a la prensa y “al equilibrio de poderes, poniendo fin a toda forma de acoso y persecución”.

Y reiteró lo que anunció el día en que tomó posesión del cargo el pasado 24 de mayo, cuando dijo que “en Ecuador se acaba la era de los caudillos, de los supuestos mesías que dicen que mágicamente crearán riqueza, pero que solo destruyen instituciones”.

En el foro auspiciado por el Presidente de EE.UU., defendió las recientes leyes impulsadas por su Ejecutivo para la reactivación económica, el fortalecimiento de la institucionalidad y la renovación de los lazos de cooperación y comercio con todos los países del mundo.

Además, recordó la decisión de ampliar en 60 000 kilómetros cuadrados la reserva marina de las islas Galápagos, en línea con el compromiso climático, y resaltó la importancia del multilateralismo.

Al término de su intervención, el Presidente ecuatoriano afirmó que “La democracia no es una simple forma de organización social. Es un ideal que nos mueve a ser mejores ciudadanos, mejores líderes, y mejores países”.

Pese al bloqueo parlamentario que viene acusando su gestión en los últimos meses, y el desgaste de la imagen de Lasso por su aparición en los Papeles Pandora, el presidente ecuatoriano se ha anotado recientemente varios logros.

Estos son la aprobación parlamentaria, por defecto, de su contestada reforma fiscal, el rechazo también de la Asamblea Nacional de dar paso a una moción que pedía su destitución por el escándalo de los Papeles de Pandora, y la decisión de la Contraloría de archivar un caso que investigó sus bienes en paraísos fiscales a raíz de esa publicación, al no encontrar contravenciones de la ley.

El Comercio

Tras el paso por el Ministerio de la Ley de la denominada Reforma Tributaria, el presidente Guillermo Lasso ahora piensa en una reforma laboral que será primero debatida con la sociedad civil en enero de 2022 para posteriormente, en un plazo de 90 a 120 días, presentarla ante la Asamblea Nacional.

La idea de Lasso es que al llegar al Legislativo no tenga objeciones y su propuesta pase, luego de que ayer un grupo de 51 asambleístas pidió su destitución.

En una entrevista concedida a un canal de televisión, en el espacio: “Encontrémonos por la inversión y el empleo”, el mandatario dijo que los legisladores no consiguieron su pretensión y que tampoco comparecerá porque la Contraloría ya dijo todo sobre el tema de los Pandora Papers. En este sentido, aclaró que enviará una carta a la Asamblea.

Sobre la reforma laboral dijo que irá destinada a la mayoría de los ecuatorianos que no tienen empleo (6 millones) y que el primer paso será provocar un debate con la sociedad civil para que no haya una narrativa falsa.

El jefe de Estado manifestó que en el país de cada 10 ecuatorianos apenas 3 tienen un empleo y los más afectados son los jóvenes y las mujeres.

Sostuvo que no se tocará el Código del Trabajo, pero sí se generará una ley que cubra a quienes no tienen un empleo, con el objetivo de fortalecer la economía.

"No hay una regresión de derechos cuando uno establece un régimen para esa gran mayoría”, puntualizó y añadió que la propuesta laboral será presentada en enero a la sociedad ecuatoriana para que se hagan observaciones.

Luego de ese debate calculó que en 90 a 120 días la entregará a la Asamblea para el trámite respectivo.

En relación con la reforma tributaria, Lasso dijo que fue aprobada por el Ministerio de la Ley y no por pactos como se habla, debido a que se cumplió con el artículo 140 de la Constitución, una vez que la Asamblea no aprobó, no negó ni modificó el proyecto de ley de carácter económico urgente.

Con este antecedente expresó que la norma es totalmente legal y descartó una reforma a la ley tributaria, pero anticipó que si hay que hacer aclaraciones se las tomará en cuenta en el Reglamento que espera esté lista en unos 30 días.

“No se ponen de acuerdo en el informe de mayoría y minoría, mal haría yo en enviar una reforma, lo mejor es seguir avanzando y mirar otras reformas que deben ser conocidas por la Asamblea Nacional”, mencionó.

Se refirió también a quienes tienen patrimonio en el exterior que deberán pagar impuestos y advirtió que el Servicio de Rentas Internas (SRI) será más rígido para los cobros, así como fue con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ahora será con otras tasas como la del Impuesto a la Renta (IR).

Descartó que esta tasa afecte a la mayoría de los ecuatorianos, pues puntualizó que solo será al 3,6% de la población que percibe más de USD 2.000.

Agregó que la reforma tributaria elimina el impuesto del 2% a los microempresarios y da facilidades a los emprendedores.

Anunció que a partir del 1 de enero se iniciará el otorgamiento de créditos al 1% de interés y a 30 años plazos, así como se eliminan otras tasas para los artículos sanitarios de mujeres e infantes y el impuesto a la herencia.

Sobre el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) sostuvo que hay un artículo en la norma que le permite al Ejecutivo en el futro bajarlo sin la necesidad de presentar una ley ante la Asamblea.

En torno a la reducción del IVA en feriado dijo que esa será una atribución suya para bajar del 12% al 8%, con el fin de beneficiar al sector turístico.

Lasso comentó que el 2021 se piensa terminar con un 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), a pesar de que se puso en el presupuesto un 3,2% y que para superar esos porcentajes la mejor solución es el impulso a la inversión y que muestra de ello fue dar a conocer un portafolio en distintas áreas en el evento Ecuador Open for Business 2021.

Sobre la deuda al Seguro Social se mostró abierto a establecer un plan de pagos a mediano plazo para cancelar lo que el Estado le debe a la entidad, pero dijo que también existe un déficit que requiere de una reforma.

Instó a buscar alternativas ya que la iliquidez es insostenible en el largo plazo.

El Universo.

El Comité de Operaciones de Emergencia del cantón Zapotillo, provincia de Loja, en el sur del país, aprobó las visitas turísticas al espectáculo natural del florecimiento de los guayacanes. El aforo permitido será del 50% y con el carné de vacunación contra el covid-19.

En 2020, por la emergencia sanitaria se restringió el ingreso de los visitantes a las parroquias de Mangahurco, Cazaderos y Bolaspamba, por donde se extienden las 40 000 hectáreas de guayacanes, para precautelar la salud de su población, mayoritariamente adultos mayores.

El guayacán es un árbol maderable que, en este bosque seco, conocido como Reserva Municipal Zapotillo, florece una vez al año, ocho días después de la primera lluvia copiosa que por lo general ocurre entre mediados de diciembre y principios de enero.

El brote del botón y la caída de las flores demora siete días más, hasta quedar totalmente en el suelo, como una inmensa sábana amarilla.

En estos días hay mucho calor en la zona lo que hace suponer a sus habitantes que muy pronto lloverá. Por eso, la Mesa Técnica de Turismo del COE cantonal se reunió esta semana y adelantó la decisión de reabrir las puertas al turismo.

Todos los visitantes deben portar el carné de vacunación con las dos dosis aplicadas contra el virus. Brigadas móviles se ubicarán en las carreteras de acceso para solicitar este documento, controlar el uso de la mascarilla y realizar la toma de la temperatura.

También sugirió que quienes presentan síntomas de gripe no visiten estos territorios por precaución y seguridad de todos. Antes de la pandemia llegaban unos 10 000 visitantes entre las tres parroquias y este 2021 se reducirá a un máximo de 5 000.

En estos días los delegados de las diferentes instituciones públicas definirán las actividades sociales y turísticas que estarán permitidas y preparan los protocolos de bioseguridad que implementarán durante el evento natural.

“Lo importante es respetar las medidas sanitarias para cuidarnos todos”, dijo Mercedes Farfán, presidenta de la Junta Parroquial de Mangahurco. El esta zona, en días normales la temperatura sobrepasa los 35 grados y el sol es sofocante.

Para llegar a este bosque seco, desde la provincia de El Oro se toma la vía Arenilla-Alamor-Pindal-Paletillas-Mangahurco, que está asfaltada hasta Paletillas. De allí en adelante es de tercer orden y toma unos 40 minutos más de viaje.

La otra alternativa es la carretera de tercer orden Limo-Mangahurco, que demora unas dos horas. Mientras que quienes vienen por Loja la ruta es Catamayo-Catacocha-El Empalme-Celica-Pindal-Paletillas.

El Comercio.