Los mandatarios revisarán el cumplimiento de los compromisos asumidos entre los dos Estados desde el 2020.

Este viernes, los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Colombia, Iván Duque, se reunirán nuevamente en el X Gabinete Binacional que se realizará en la ciudad de Cartagena de Indias.

En la cita se revisarán los temas de la relación bilateral y el cumplimiento de los compromisos adoptados en la Declaración Presidencial de 2020.

Los mandatarios y las autoridades de cada país abordarán los avances de ambos Estados en seguridad y defensa; infraestructura y conectividad; asuntos fronterizos; temas ambientales; asuntos sociales y culturales; y económicos y comerciales.

Además, adoptarán nuevos acuerdos en un plan de acción para el año siguiente.

Duque visitó a Lasso en el Palacio de Carondelet en noviembre pasado y como resultado de ese encuentro se estableció que se daría la reapertura de la frontera el 15 de diciembre. Sin embargo, por la aparición de la variante ómicron del coronavirus, esta fecha fue aplazada.

El Universo

La demanda fue planteada el pasado 9 de marzo de 2018 por la terminación del contrato del poliducto Pascuales Cuenca.

El Tribunal Contencioso Administrativo, en Guayaquil, desechó en su totalidad la demanda planteada por Odebrecht en contra de EP Petroecuador por $ 174 millones.

La demanda fue planteada el pasado 9 de marzo de 2018 por la terminación del contrato del poliducto Pascuales-Cuenca.

La obra fue adjudicada a la empresa brasileña por $ 369,9 millones en octubre del 2013 y cuestionada por sobreprecios, sobornos y fallas en su construcción.

Según Petroecuador, “se pretendía dejar sin efecto la terminación unilateral del contrato, que ejecutó la petrolera pública en contra de la compañía constructora, así como también el cobro de $ 180 millones por concepto de supuestos daños y perjuicios, y el pago de supuestos valores pendientes de pago”.

Esta terminación unilateral del contrato se dio en virtud de los incumplimientos contractuales imputables a Odebrecht, tales como deficiencias en la fase de construcción del Terminal Cuenca, que forma parte del Poliducto Pascuales-Cuenca y que presentó problemas desde el inicio de operaciones, informó Petroecuador.

El pasado 05de noviembre se efectuó una audiencia en la Corte de Justicia del Guayas y ahí se analizaron 75 pruebas tanto por Petroecuador como por Odebrecht, según consta en los registros de la función judicial.

Entre esas pruebas había oficios, planillas de pago pendientes y otros.

El contrato del poliducto Pascuales-Cuenca ha sido cuestionado por sobreprecios, sobornos y fallas en su construcción.

El Universo

El Tribunal de la Corte de Pichincha, conformado por los magistrados Patricio Vaca, Miguel Narváez y Anacélida Burbano, aceptó el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía y llamó a juicio al expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram. 

Ambos fueron acusados de presuntos autores del delito de delincuencia organizada por la negociación de pruebas rápidas para diagnosticar el covid-19. 

Tras esta decisión, los dos tendrían que enfrentar la etapa de juicio. Ese delito es sancionado con cárcel de siete a 10 años. Así lo establece el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Además, el Tribunal Provincial ratificó el estado de inocencia de otras dos personas que estaban procesadas en esta causa. 

En septiembre pasado, durante la audiencia preparatoria de juicio, el juez Geovanny Freire dictó auto de sobreseimiento a favor de las cuatro personas, entre ellas, Abdalá Bucaram y su hijo. En esa ocasión solo llamó a juicio a otros tres imputados. 

Según el juez Freire, los Bucaram y las otras dos personas, fueron compradores de pruebas rápidas de manera privada, las cuales habrían sido importadas de manera legal.

Este jueves 16 de diciembre del 2021, se conoció que la Fiscalía indicó a los jueces provinciales que el magistrado Freire “no valoró correctamente los más de sesenta elementos de convicción presentados en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio”. 

La Fiscal del caso también indicó que las presuntas irregularidades cometidas por los procesados se habrían perpetrado entre marzo y junio de 2020, “pero las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre”. 

Según las investigaciones, durante ese tiempo, “se habría conformado una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a dos extranjeros para el traslado de las pruebas covid-19 hasta Guayaquil”.

Estos hechos habrían ocurrido en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas. En esas provincias los procesados habrían planificado y dirigido la comisión de actividades ilícitas para comercializar pruebas covid-19 e insumos médicos, “sin facturas y sin pagar impuestos al Estado ecuatoriano”.

En este caso, los dos exagentes de la AMT ya fueron sentenciados mediante procedimiento abreviado. Es decir, aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados.

Tras conocer este fallo judicial, el expresidente Bucaram se pronunció a través de sus redes sociales. En una publicación escribió: “Atención Ecuador… Judicatura ordenó a jueces que nos revoquen el sobreseimiento y nos llevan a juicio a Jacobito y a mí”. 

El Comercio

El Consejo Nacional Electoral (CNE), a escala nacional y en cada una de las provincias, trabaja por el fortalecimiento de las organizaciones políticas, cumpliendo así uno de sus ejes estratégicos. En la provincia de Zamora Chinchipe, se ha dado atención a varios ciudadanos que desean conformar nuevos movimientos políticos.

Mediante resoluciones emitidas por parte del director de la Delegación Provincial Electoral de Zamora Chinchipe, Andersson Silva, a través de Secretaría General de esta dependencia, se realizó la entrega de las claves de acceso al sistema informático electoral a 3 organizaciones políticas en proceso de creación para que pueda descargar los formularios de adhesión; y posteriormente continuar con la fase de recolección de firmas. Los movimientos son:

1.  «DESARROLLO INTEGRAL AMAZÓNICO» (DIA), de carácter cantonal de El Pangui.
2. “MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN AMAZÓNICA (MIA)”, de carácter cantonal de Zamora.
3. “CONSTRUYAMOS YA”, de carácter cantonal de Yantzaza.

El director provincial, manifestó que a través de la unidad de Participación Política se asesora de manera permanente a las organizaciones y movimientos en formación, así como también se hace el acercamiento para que puedan elaborar cada uno de los requisitos que establece la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia.

De acuerdo a la normativa electoral, una vez receptada la clave los representantes del movimiento político en proceso de creación tienen el plazo de un año para recolectar las firmas de respaldo, que permitirán dar continuidad al trámite en matriz del Consejo Nacional Electoral; en donde, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, verificará la validez de las firmas; y principalmente, que estas cumplan con el 1,5 % del Padrón Electoral utilizado en la jurisdicción en las últimas elecciones, que en este caso, corresponde al ámbito de acción provincial.

Cumplidos estos pasos, el informe generado por la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas será puesto en conocimiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral, para que este resuelva si aprueba o no la creación del nuevo movimiento político; lo que determinará su participación en las próximas Elecciones Seccionales del año 2023.

Hasta la presente fecha, el movimiento Desarrollo Integral Amazónico ya culminó con la recolección de firmas y ha procedido a entregar toda la documentación escaneada en la delegación para ser enviada a matriz para su respectiva verificación y luego para su aprobación.

CNE

Como parte de las actividades por el trigésimo noveno aniversario del Parque Nacional Podocarpus, se desarrolló una rueda de prensa donde se hizo el lanzamiento oficial por el homenaje de esta zona de amortiguamiento natural. Andrés Jumbo, en representación del Gad Provincial, indicó que esta institución tiene convenios firmados con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica MAATE enfocados en el cuidado de la biodiversidad y en torno a ello la preservación del Parque Nacional Podocarpus.

Bajo este contexto, la Prefectura a través de la dirección de Gestión Ambiental se encuentra coordinando acciones con otras instituciones para el aniversario 39 de esta área natural. Una de ellas, fue la minga de recolección de desechos sólidos en la vía Loja-Zamora, límite interprovincial El Tiro hasta la quebrada Natividad, espacio donde se encuentra el área de influencia del Parque Nacional Podocarpus.

En esta minga de limpieza estuvieron presentes el Municipio de Zamora, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Policía Nacional, Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Club Zamora Ciclismo como parte del sector privado.

Luis Angulo, técnico coordinador del Parque Nacional Podocarpus, indicó que por la falta de conciencia las personas que hacen uso de esta vía estatal arrojan la basura, y no se dan cuenta que en lo posterior las afectaciones son severas sobre todo en las fuentes hídricas. “Como ciudadano me siento orgulloso de tener un área protegida la cual nos abastece de aire y agua. Hago un llamado a la ciudadanía a no seguirlo haciendo y más bien cuiden la naturaleza”.

Para el gestor del relleno sanitario del Municipio de Zamora, Diego Ajila, el preservar las áreas verdes es parte fundamental, pues, en este lugar se encuentran muchas especies del Parque Nacional Podocarpus y las malas acciones de las personas provocan afectaciones al medio ambiente. Acotó también que la basura recolectada fue llevada por el basurero de la institución para su proceso final.

Prefectura de Zamora Ch.

A los siete meses de instalada la actual Asamblea Nacional, la bancada legislativa del movimiento Pachakutik se dividió en dos grupos. Los autodenominados rebeldes que comulgan más con los lineamientos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dirigida por Leonidas Iza, y los que muestran apertura al diálogo con el Gobierno y están coordinados por el asambleísta Rafael Lucero.

La pugna de poder interno se puso en evidencia este 15 de diciembre, cuando nueve legisladores convocaron a la prensa para alertar que en adelante se constituyen en un grupo parlamentario, que serán la voz de las organizaciones sociales y que no se prestarán a ningún tipo de chantajes y acuerdos que impliquen irse en contra de intereses populares, y declararon autonomía total ante el gobierno de Guillermo Lasso.

En la lista de los nueve asambleístas están Mario Ruiz (Imbabura), Darwin Pereira (El Oro), Patricia Sánchez y Salvador Quishpe (nacional), Mireya Pazmiño (Bolívar), Joel Abad (Cañar), Peter Calo (Cotopaxi), José Cabascango (Pichincha) y Salvador Maita (exterior).

Esa organización política llegó al Legislativo con 25 asambleístas, pero desde ayer surgió el grupo de nueve que dice que no abandonará la bancada, que permanecerá apegado a los lineamientos de la Conaie.

Este sector político cuestiona la coordinación de Lucero, e inclusive el 14 de diciembre intentó cambiar de jefatura, pero no obtuvo el respaldo.

Para Lucero, este grupo de legisladores tiene agenda propia e intereses electorales, pues dijo que andan ofreciendo candidaturas para las próximas elecciones, que siempre intentaron imponer sus intereses en los proyectos en debate y decisiones fuertes de la Asamblea, pero que no han tenido cabida.

Ruiz dijo que Pachakutik no puede estar con posiciones tibias. “O estamos con los trabajadores, agricultores, con los transportistas, empresarios honestos, estudiantes y productores, o estamos con los banqueros, los dueños de los bonos de la deuda externa, con las empresas trasnacionales o las élites políticas que tienen recursos en paraísos fiscales”.

Una de las primeras aclaraciones que hizo ese grupo que se declaró en rebeldía frente a la coordinación de Lucero es que deslindan cualquier responsabilidad de las votaciones que se hubiesen presentado dentro de la Asamblea como la registrada en la reforma tributaria.

Calo entró a cuestionar la forma como está conduciendo Lucero al bloque legislativo. “Nosotros responderemos a nuestra organización madre la Conaie, y sus estructuras organizativa y a nuestras dirigencias de Pachakutik en cada una de las provincias”, aclaró.

Manifestó que él pertenece al grupo de legisladores convencidos, que jamás van a traicionar la lucha histórica, y que nunca caminarán con un “gobierno neoliberal, privatizador y opresor”.

Pereira insistió en que este grupo de legisladores no asume ninguna responsabilidad política respecto de votaciones que se han dado en el pleno, que nada tiene que ver con el proyecto de Pachakutik, que jamás estará para votar por leyes que perjudiquen al pueblo y a la gente que votó por ellos.

Que rechaza la posición que asumieron algunos asambleístas que permitieron que la reforma tributaria ya sea una realidad, pero que este grupo de legisladores intentará echar abajo la ley que establece nuevos impuestos y para ello presentó un proyecto de derogatoria a la ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, y también buscará que la Corte Constitucional la declare inconstitucional.

Invitó a la dirigencia nacional de Pachakutik a que tome las riendas de la organización política, “porque no puede ser que la gente crea que es todo el bloque Pachakutik el que está entregado al Gobierno”.

La acción realizada por los nueve asambleístas, según Pereira, es un grito desesperado a la dirigencia nacional y a las bases del movimiento a que tomen las riendas de la organización política, y porque no están de acuerdo con algunas votaciones en el pleno, y que eso incluye a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, aunque de ella se podría entender porque tiene que abrir canales de diálogo, pero no porque ella vota de determinada forma se tiene que votar de la misma manera los 25 legisladores, replicó.

En tanto, Lucero reveló que, hace dos meses, el grupo de nueve legisladores buscaba obtener el control de la bancada y para ello agotaron todo esfuerzo liderado por el asambleísta Mario Ruiz.

Aseguró que ese grupo tiene sus propios intereses políticos personales, que no existe prueba de que el bloque coordinado por Lucero esté alineado con el Gobierno. De lo que sí hay pruebas es que se ha dialogado con todos los sectores, como UNES, Gobierno, Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano, y muchas veces se ha votado en conjunto, anotó.

Que todo esto se resume en que el grupo de los nueve legisladores quiere imponer su tesis y en eso no va a caer.

Lucero dijo que respeta a la dirigencia de la Conaie, pero que hoy se ha vuelto un actor político más, no es la organización de años atrás.

Que la Conaie no está trabajando en función de la línea social que tiene, sino que está pasando a ser un actor político más, y eso incide en lo que están planteando los nueve asambleístas que se declararon en rebeldía frente a la coordinación del bloque.

Aseguró que el grupo parlamentario de Pachakutik está tratando una agenda política para las elecciones venideras, porque andan ofreciendo candidaturas y están trabajando para eso.

Que todo el país conoce que Leonidas Iza está buscando ser candidato a la Presidencia de la República, sin embargo, que cuando ya hubo otro candidato como Yaku Pérez, en las elecciones pasadas, se alineó a otro sector político y eso es público.

La decisión disciplinaria será una decisión del comité ejecutivo nacional de Pachakutik, y Marlon Santi llamará a un consejo político, advirtió Lucero.

El Universo.

El Prefecto Cléver Jiménez, junto a los habitantes del Valle de Jambóe se reunió en el barrio La Pituca de la parroquia Timbara, para socializar varios proyectos que están en marcha junto al Gobierno Parroquial local. En este espacio fue abordado y aclarado el proyecto de asfalto desde Jambóe Bajo hasta Romerillos.

Los moradores de la zona como José Zapata, expresaron que el asfalto de la vía principal del Valle del Jambóe es una obra prioritaria, puesto que diariamente sacan los productos al mercado de Zamora, dijo que seguirán gestionando para que esta obra sea una realidad. Asimismo el presidente de Timbara, Segundo Puchaicela, hizo un recuento del trabajo que la comunidad ha alcanzado por décadas, por lo que dijo que es justo contar con una vía de primer orden.

Luego de escuchar las diferentes intervenciones de los habitantes de Jambóe, La Pituca, Romerillos, Sakantza y Timbara, el Prefecto dio a conocer que existen los estudios del asfaltado de la vía hacia Romerillos, mismo que tiene un costo total de 18 millones de dólares, argumentó que para la Prefectura no es posible contar con todo el presupuesto, acotando que aquel rubro representaría la mitad del presupuesto general del Gobierno Provincial.

En ese sentido presentó dos propuestas a la parroquia, la primera es gestionar ante las entidades nacionales el total financiamiento del proyecto; y la segunda alternativa es iniciar los trabajos preliminares con la maquinaria del Gobierno Provincial, y posterior a ello, a través de VIALZACHIN E.P asfaltar los kilómetros que se avancen. “Vamos hacer todo lo posible para conseguir los recursos totales. Aquí estamos para administrar y gestionar, estamos seguros de entregarles buenas noticias”, resaltó el Prefecto Jiménez.

El espacio fue aprovechado para la firma de tres importantes convenios entre la empresa pública AGROPZACHIN E.P con el Gobierno Parroquial de Timbara, dirigidos a la implementación de huertos familiares, la construcción de establos para ganado bovino y la entrega de alevines de tilapia que garantice la seguridad y soberanía alimentaria de la zona. Para el cumplimiento de estos objetivos la empresa dotará de 25.000 alevines, y USD 6.240.00 para la consolidación de los otros proyectos.

Prefectura de Zamora Ch.

La norma fija un horario a las llamadas de las empresas a los clientes. Las operadoras de telefonía celular deberán acumular saldos no usados por los usuarios.

Tres años después de que se hicieron públicos los débitos que varias instituciones financieras hacían a sus clientes, sin autorización expresa, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica para Defender los derechos de los clientes del sistema financiero nacional y evitar cobros indebidos y servicios no solicitados.

La sesión 737 del pleno se desarrolló por treinta minutos, la tarde del 14 de diciembre, dando continuidad al segundo debate del proyecto, el cual se inició el 4 de noviembre. La norma obtuvo el respaldo de todas las bancadas políticas, se registraron 131 votos a favor.

El proyecto de ley unifica seis propuestas impulsadas por varios parlamentarios, desde 2018. El asambleísta Pabel Muñoz (UNES), ponente de la norma, expuso los puntos más relevantes y destacó que hubo “un debate político de altura”.

“El cuerpo legal tiene un conjunto de beneficios para los clientes del sistema financiero, que fortalece las sanciones si en algún momento se cometen abusos por parte de las instituciones financieras”, explicó.

La ley está compuesta por tres capítulos: en el primero se hacen reformas al Código Monetario y Financiero; en el segundo se incorporan cambios a la Ley de Defensa del Consumidor; y el tercero modifica la Ley de Telecomunicaciones.

Entre los derechos que contiene la legislación está la facultad de elegir con libertad productos ofertados por las instituciones financieras. Que la aprobación del cliente sea expresa y exista el resguardo de la aceptación, ya sea una grabación telefónica, un mensaje de texto, un correo electrónico o una carta.

“(Los clientes) somos parte también de un acoso y hostigamiento de oferta de servicios que no los hemos pedido. Ni siquiera sabemos cómo tienen nuestros teléfonos, pero nos llaman mañana, tarde y noche, muchas veces con la impertinencia de que, a pesar de que nos negamos, volvemos a recibir una llamada. Es claro que hay que fortalecer la protección de nuestros datos y a tener información veraz”, criticó Muñoz.

Se obliga a las entidades financieras a notificar a sus clientes cuando se haga un débito o cobro. Se prohíbe contratar y ofrecer servicios a través de cajeros automáticos.

Se otorga a la Junta Financiera la facultad de establecer tasas de interés, niveles de crédito especiales para actividades económicas, con el fin de estimular la economía del país.

La ley también dispone fomentar el uso de medios de pago electrónicos, telemáticos o similares, y reducir los costos de estos y otros servicios financieros.

Un elemento importante es que se impone un horario para que las empresas puedan comunicarse con los clientes. Esto será permitido de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00; está prohibido hacerlo fuera de ese tiempo, así como en fin de semana o feriados.

Que cuando un servicio financiero esté próximo a renovarse automáticamente, se informe al cliente con 15 días de anticipación.

No se podrá obligar al usuario a realizar de manera presencial el trámite para finalizar un servicio. Las compañías deben implementar mecanismos telemáticos para estas gestiones.

En lo referente a telecomunicaciones, la ley dispone que no exista un cobro a los clientes que cambian de plan de datos o telefonía dentro de la misma operadora. Tampoco se podrá impedir la cancelación de saldos pendientes para finiquitar un contrato de servicio.

Además, Pabel Muñoz detalló que los prestadores de telefonía celular estarán obligados a acumular, a favor del cliente, los saldos de planes pospago, telefónicos o de datos, que no hayan sido utilizados en el mes.

La ley aprobada por los legisladores ahora pasará a conocimiento del Ejecutivo. La sesión 737 fue la última del pleno en este año, ya que a partir del jueves se inicia el período de vacancia legislativa, que termina el 31 de diciembre. 

El Universo

La frontera entre Ecuador y Colombia, en el puente internacional de Rumichaca, que une las poblaciones de Carchi y de Nariño, se reabre este miércoles 15 de diciembre, en una primera fase, destinado al transporte de mercaderías internacionales.

Inicialmente y tras una reunión entre los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Colombia, Iván Duque, se acordó que la frontera vuelva a su actividad el 1 de diciembre pero esa fecha fue postergada.

Había sido cerrada por la pandemia del coronavirus desde marzo del 2020.

Se aplicaría un protocolo piloto para el transporte de mercaderías con un horario entre las 08:00 y las 17:00.

Según el vicecanciller de Ecuador, César Montaño, habrá tres fases.

La primera fase duraría 30 días y la segunda fase iniciaría dependiendo de las condiciones sanitarias. En la segunda fase se contemplaría a las poblaciones de San Miguel, provincia de Sucumbíos y permitiría el flujo peatonal con una duración de un mes.

Y la tercera fase, 15 días después, destinado al transporte particular pero con restricciones de la siguiente manera: lunes, miércoles y viernes, placas impares; martes, jueves y sábado, placas pares. Domingo ningún vehículo circularía.

El Universo

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) incluyó este martes 14 de diciembre del 2021 al pasillo ecuatoriano en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El pasillo “es un género musical y bailable que hizo su aparición en Ecuador en el siglo XIX, en la época de las guerras de independencia sudamericanas, como resultado de una fusión entre diversas músicas indígenas –por ejemplo, el yaraví– y europeas, en particular el vals, el minué y el bolero español”, destaca una publicación de Unesco.

Sobre su composición, el mismo documento resalta que “las letras de las canciones entonadas al compás de la música evocan el amor y sus penas, la familia, la patria y la vida diaria de la gente, haciendo de El Pasillo un auténtico poema musical”.

El pasillo ecuatoriano fue postulado en marzo del 2020 para integrar la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El 1 de diciembre del año pasado, la Unesco aceptó la nominación.

En Ecuador cada 1 de octubre se celebra el Día del Pasillo Ecuatoriano, en honor al nacimiento de Julio Jaramillo en ese día, uno de sus más célebres exponentes. 

La fijación de esa fecha se dio en 1993 en el Gobierno del presidente Sixto Durán Ballén.

En este sentido Unesco subarayó que “para los ecuatorianos, este elemento del patrimonio cultural inmaterial se ha convertido con el correr del tiempo en una forma de expresión colectiva que constituye un signo de su identidad y un vínculo de unión con su patria”.

El Comercio