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Neyba Cuenca

Neyba Cuenca

Con 82 votos, los legisladores piden al primer mandatario que acuda al pleno a explicar su vinculación con bienes y capitales en paraísos fiscales.

La investigación legislativa sobre los denominados Pandora Papers terminó en un exhorto al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que acuda ante el pleno de la Asamblea Nacional a explicar su posible vinculación directa e indirecta sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales.

Durante el debate del informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales los legisladores también se refirieron a la decisión del contralor del Estado subrogante, Carlos Riofrío, que dictaminó el archivo del proceso de Guillermo Lasso, por no encontrar elementos objetivos que demuestren que a la fecha de inscripción de la candidatura para presidente de la República era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en paraísos fiscales.

Luego de cuatro horas de debates, se presentaron tres mociones, pero en ninguna de ellas disponía la aprobación del informe presentado por la mesa de Garantías. Una planteó la destitución del presidente Guillermo Lasso, la segunda, que se fije un plazo de 30 días al primer mandatario que comparezca al pleno, y la tercera se limitó a exhortar al Jefe de Estado para que acuda a la legislatura a dar su versión, y ésta recibió 82 votos.

Esta tercera moción presentada por el coordinador de la bancada de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, se dio en medio de cuestionamientos sobre el procedimiento aplicado, tomando en cuenta que luego de llamarse a dos votaciones sobre el informe de mayoría, se tenía que cerrar la sesión por falta de votos, y no esperar una tercera moción. Eso llevó, al legislador César Rohón (PSC), a apelar la presidencia de la legislatura, pero no tuvo respaldo en la sala.

En la sesión, el presidente de la comisión, José Cabascango (PK), fue escueto en su exposición sobre la investigación que desarrolló la mesa y no se refirió a las conclusiones y recomendaciones del informe.

Pero su coidearia e integrante de la mesa, Sofía Sánchez, refutó que el informe aprobado por seis legisladores tenía errores y que debían ser corregidos antes que el pleno los apruebe, que inclusive los anexos de dicho informe se presentaron dos días después de la aprobación.

El legislador Fernando Villavicencio (CN-PSE), sostuvo que si el informe de la Comisión de Garantías buscaba el peso, debió ser riguroso, pues no puede venir al pleno a decir que no se ha encontrado un solo documento y pedir al pleno de la Asamblea que invite al Presidente Guillermo Lasso, para que entregue los documentos. “Entonces como carajo hicieron una investigación, respeten al periodismo de investigación”, increpó.

Mostró 24 documentos que dijo confirman que Guillermo Lasso, transfirió o se deshizo de sus participaciones en empresas offshore antes del 23 de septiembre de 2020.

Indicó que en el informe que él realizó sobre una investigación paralela que hizo sobre los Pandora Papers, pidió al primer mandatario que solicite a sus hijos que traigan los capitales al país en coincidencia con su política económica. Pero, “no se le puede acusar ahora a Guillermo Lasso, de algún acto ilícito porque todo está en regla”, afirmó tras mostrar documentos.

Mociones

La primera moción fue planteada por Paola Cabezas (UNES), planteaba aplicar el artículo 130 numeral 2 de la Constitución y se proceda a destituir al Presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna derivada por la revelación de 600 periodistas a nivel mundial pertenecientes al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre el caso Pandora Papers, en el cual se encuentra involucrado Guillermo Lasso Mendoza.

La moción recibió 51 votos afirmativos de la bancada UNES y uno de Pachakutik e independientes. En contra se pronunciaron 77 legisladores del BAN, ID, PSC y un sector de Pachakutik. Hubo 7 abstenciones.

La segunda moción fue presentada por el legislador José Cabascango (Pachakutik), como presidente de la comisión de Garantías Constitucionales para que se convoque en un plazo de 30 días al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que explique su posible vinculación, directa e indirecta, sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales.

Este texto tampoco fue aprobado. Se registró 61 votos a favor de UNES y un sector de Pachakutik. En tanto, que en contra hubo es 47 votos del BAN y una parte de Pachakutik y la Izquierda Democrática, también hubo 27 abstenciones del PSC y una parte de Pachakutk.

Alejandro Jaramillo, coordinador del bloque Izquierda Democrática, afirmó que la moción planteada por la legisladora Paola Cabezas, respecto a que se aplique lo previsto en el artículo 130 numeral 2 de la Constitución y se proceda con el trámite de la destitución del mandatario, invita al caos y a la inestabilidad.

Dijo que no existe conmoción social en el Ecuador, sin embargo, la bancada naranja considera que el presidente de la República, tiene que acudir al pleno de la Asamblea a dar respuestas a los ecuatorianos frente a las dudas sobre capitales en paraísos fiscales.

Planteó la resolución que finalmente se aprobó con 82 votos, donde a más del exhorto al primer mandatario para que acuda al pleno, dispone a la Contraloría, Fiscalía General del Estado, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico para que aplicando el inciso primero del artículo 231 de la Constitución revisen las cuentas bancarias, participaciones societarias y fiduciarias, propiedades, declaraciones de impuestos y patrimoniales del presidente de la República, Guillermo Lasso, con relación a la publicación denominada Pandora Papers.

Además se dispone remitir el informe y el expediente elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso denominado Pandora Papers, a la Contraloría, Fiscalía General del Estado, Superintendencia de Bancos, Servicio Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico, para que inicien las acciones correspondientes de ser el caso, en el marco de sus competencias y remitan a la presidenta de la Asamblea Nacional, los avances de los correspondientes informes en un plazo de 30 días, durante un año.

Esta moción obtuvo 82 votos a favor de las bancadas de UNES, ID y Pachakuitk votó dividido. En contra se pronunciaron 33 asambleístas del BAN, en tanto que hubo 20 abstenciones del PSC y tres de Pachakutik.

Diego Ordóñez (BAN), calificó como absurda e ilegal esta resolución, porque dijo que se ha vuelto a la vida un informe que no tuvo los votos, porque un informe espurio y adulterado no fue aprobado por el pleno, afirmó por lo que planteó la reconsideración de la votación.

Al solicitar la votación de la reconsideración, el legislador César Rohón (ex PSC), apeló la presidencia de la Asamblea debido a que no se respetan los procedimientos legislativos. Dijo que hubo una moción de mayoría y no hubo los votos, y luego una moción de minoría, y tampoco tuvo los votos; entonces, lo que cabía era la clausura de la sesión, no da lugar a presentar más mociones, “esto no es un circo”, replicó. Los procedimientos parlamentarios están bien estipulados, anotó.

La presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, al defenderse de la apelación dijo que no existe procedimiento expreso respecto del tratamiento de minoría, por lo tanto, no ha violado el procedimiento. Tras la votación de la apelación no hubo los votos y continúo Llori, en la conducción de la sesión.

Se ordenó la votación de la moción de la reconsideración planteada por el legislador Diego Ordóñez, y ésta no pasó en el pleno solo se pronunciaron 40 votos afirmativos, y se cerró la sesión.

El Universo

La caja fiscal culminará el 2021 con un déficit menor al proyectado para el cierre del año, debido al mejor desempeño de ingresos y al mayor ajuste del gasto público. 

De acuerdo con el presupuesto prorrogado, el Gobierno estimó un  déficit de USD 4 812,68 millones para este año; sin embargo, se prevé que el monto sea de unos USD 3 500 millones, explicó Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal.

Existen tres factores que han  influido en esta reducción y han contribuido con la generación de ingresos extras de más de USD 3 000 millones adicionales. 

El primero es el incremento constante del precio del petróleo, cuya proyección del Gobierno fue conservadora, pero que ha superado las expectativas. Por este rubro han ingresado al presupuesto USD 2 000 millones extras. 

En segundo lugar ha existido una mejor recaudación de impuestos, con ingresos extras en USD 1 000 millones.

Finalmente, en el lado de egresos, el Gobierno ha limitado los gastos de inversión pública, porque, dentro de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hay que “cumplir con una meta de acumulación de depósitos del sector público en el Banco Central de USD 1 527 millones este mes”, explicó Carrera. Esto ha exigido un ahorro por parte del Gobierno.

Sin embargo, para fin de 2021, el Fisco evidencia el mismo problema de años pasados que son los atrasos con los pagos, principalmente a la Seguridad Social, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), obra pública y otros, que hasta noviembre, sumaban USD 1 288 millones y se estima llegarán a más de USD 1 500 millones. 

El ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, explicó que los atrasos se han ido reduciendo de manera mensual, pero diciembre siempre implica una mayor carga financiera, debido a pagos a proveedores, pagos de intereses y amortizaciones de deuda, entre otros. 

El financiamiento será otro problema, según los expertos, ya que aún no está confirmado el nuevo desembolso de USD 700 millones por parte del FMI, previsto para este mes, ni la cuarta revisión al programa que mantiene Ecuador con el multilateral. El Ministerio de Finanzas señaló que está a la espera de un pronunciamiento oficial del Fondo. 

De todas formas, con el  acuerdo, se estimaba que en este año lleguen USD  4 500 millones de financiamiento, pero hasta noviembre el país solo recibió USD 2 370 millones.

El Comercio.

El Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, desarrollará su Asamblea Ordinaria Anual el próximo 14 de diciembre del presente año; el encuentro de alcaldes, concejales, delegados de los municipios amazónicos, Baños, Penipe y Galápagos se realizará en la ciudad de Zamora, en la provincia de Zamora Chinchipe, en el salón principal del Sindicato de Choferes de Zamora.

El Presidente del Directorio del COMAGA, FredyArmijos, alcalde de Nangaritza, realizó la invitación a las autoridades de los Municipios que integran el Consorcio, y es quien dará la bienvenida al acto, reiterando que los alcaldes de la región están unidos para apoyar grandes emprendimientos como proyectos de desarrollo para la Región, recalcando que es importante resaltar el fortalecimiento institucional, la gestión de la planificación y ordenamiento territorial, el desarrollo local y la cooperación internacional emprendidos desde el Consorcio para los municipios miembros.

La jornada promueve la unidad del municipalismo amazónico e insular, y en esta ocasión se espera la participación de autoridades como el Presidente del Consejo de la CTEA, de los directivos del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, así como del Ministerio de Turismo a esta Asamblea General Ordinaria.

El Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, COMAGA, creado por y para los municipios amazónicos e insulares, es una entidad de derecho público, creada mediante Registro Oficial No. 184, de 9 de abril de 1953, se constituye en la organización más representativa de la Región Amazónica; agrupa los derechos de 46 municipios: 41 amazónicos; Baños, Penipe y 3 de Galápagos, en cuyas jurisdicciones se encuentra el mayor capital natural con el que cuenta nuestro país y el planeta.

Busca el desarrollo de manera integral y sustentable de los municipios asociados, es un interlocutor ante los poderes centrales, instituciones autónomas de desarrollo y organismos de cooperación externa; es facilitador del proceso de integración regional, promotor y generador de iniciativas para el direccionamiento de la asistencia técnica y financiera en planes y proyectos, para consolidar un modelo de desarrollo local y regional alternativo, mediante un fortalecimiento institucional y de los gobiernos municipales.

Masharos News

Los representantes del sector de la construcción llegaron al menos con tres propuestas para su reactivación al encuentro con el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess), este martes 7 de diciembre del 2021. En especial, piden mayor asignación para hipotecarios.

Henry Yandún, vocero del gremio Constructores Positivos, señaló que el monto de dinero, entregado por el Biess, para estos fines ha ido decreciendo desde el 2015.

De todas formas, expresó que esperan que haya una recuperación para el 2022. Se estima que el sector financiero, incluido el Biess, entregue unos USD 2 005 millones.

Esa es una cifra cercana a los USD 2 020 millones en el 2018, el mejor año que tuvo el país en la entrega de hipotecarios, según Yandún. 

El representante del sector, además, sugirió al Biess considerar el otorgamiento de créditos verdes para vivienda, que son subsidiados y pueden generar tasas de interés más bajas. 

También el sector pidió que se simplifique y optimice el proceso para el acceso a este financiamiento.

 “No puede ser que los trámites se demoren el mismo tiempo que nos toma hacer la construcción”, refirió Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción.

Ocampo propuso que se impulsen alianzas público-privadas con la entidad para concretar proyectos conjuntos. Estas acciones ayudarán a reducir el déficit del acceso a vivienda, aseguró. 

El gerente del Biess, Iván Tobar, afirmó que tras este encuentro se recogerán las recomendaciones de los empresarios para trabajar de forma conjunta. Invitó a que el sector sea el veedor de las acciones.

El Comercio.

Con 96 votos a favor y 39 abstenciones, la Asamblea Nacional se ratificó en las observaciones realizadas al presupuesto general del Estado para 2022, en lo que tiene que ver con las asignaciones a salud, educación, incentivos jubilares, rehabilitación social y monetización de bienes públicos. 

La resolución se dio este lunes 7 de diciembre de 2021, después de tres horas de un debate dominado por asambleístas del correísmo y de Pachakutik, quienes rechazaron que el Ejecutivo no acogiera las objeciones que le hizo el Parlamento en primera instancia. 

El Presupuesto General del Estado para 2022 asciende a USD 33 899 millones, frente a los USD 32 948 millones que se tuvo este año, cuando Ecuador empieza a recuperarse de los estragos de la pandemia del covid-19. 

El Parlamento necesitaba de una mayoría calificada (92 votos) para ratificarse, cifra que fue sobrepasada. Alcanzó cuatro más, después de que los bloques de Unes, Pachakutik y parte de la Izquierda Democrática (ID) y el Partido Social Cristiano (PSC) votaran a favor. Las 39 abstenciones provinieron del oficialismo y asambleístas independientes. 

La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño (Pachakutik), argumentó que en las asignaciones existía una disminución de USD 218 millones para salud y de USD 311 millones para educación. 

Agregó que el Ejecutivo tampoco había determinado los mecanismos o modalidades a través de los cuales se obtendrían los recursos por venta o monetización de activos del Estado, como el caso del Banco del Pacífico. 

Desde la bancada oficialista, solo el asambleísta Guido Chiriboga salió a defender el presupuesto planteado y refutó a Pazmiño, pues aseveró que las asignaciones para salud registraban un aumento de USD 540 millones; para educación, USD 560 millones; y, para los incentivos por pensiones jubilares se habían asignado USD 240 millones para 2022. 

“Estos aumentos cumplen con exceso lo requerido por la Constitución”, dijo Chiriboga. Sin embargo, otros asambleístas como Juan Cristóbal Lloret (Unes) señalaron que dichas cifras diferían al comparar lo presupuestado para el nuevo año versus lo codificado para el año anterior. 

Los asambleístas Mario Ruiz y Salvador Quishpe, de Pachakutik, rechazaron que se pretenda financiar el presupuesto con la venta de bienes públicos. Señalaron que se busca reeditar las prácticas de los 90 donde “privatizaron todo” como eléctricas y telefónicas.  

Chiriboga insistió que la venta del Banco Pacífico serviría para un plan contra la desnutrición crónica infantil e incluso recordó que este era un plan del expresidente Rafael Correa. 

Por su parte, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní (ID), criticó que el Ejecutivo no incluyera en la proforma “mecanismos para el pago de la deuda de más de USD 16 000 millones a favor del IESS, de los cuales USD 4 300 millones son por conceptos del seguro de salud”. 

Los asambleístas independientes César Rohón y Pedro Velasco concordaron en que el país requiere debatir una nueva forma de desarrollo. 

“La palabra central debe ser financiamiento o desfinanciamiento”, dijo Velasco. 

“El modelo de gratuidad en el país no funciona, está colapsado”, agregó Rohón. La bancada del PSC no intervino en este debate. 

Alcances 

El artículo 295 de la Constitución dice que “La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta días antes del inicio del año fiscal respectivo”.  

“La Asamblea Nacional aprobará u observará, en los treinta días siguientes y en un solo debate, la proforma anual y la programación cuatrianual. Si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrarán en vigencia la proforma y la programación elaboradas por la Función Ejecutiva. Las observaciones de la Asamblea Nacional serán solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma”. 

Así también lo señala el artículo 130 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El Comercio.

 

El Gobierno espera remitir al legislativo un segundo proyecto de ley de inversiones y necesitará 70 votos para que sea aprobado en el pleno.

Las bancadas legislativas de la Izquierda Democrática y Pachakutik mantendrán los diálogos con el Gobierno, aunque cuestionan al desenlace que tuvo el trámite del proyecto urgente de reforma tributaria, pues para lograr que entre en vigencia el Ejecutivo se apoyó en el correísmo representado en la bancada Unión por la Esperanza (UNES).

Desde mayo pasado, el Ejecutivo, la ID y Pachakutik actúan juntos en el legislativo y mantienen el control administrativo de la directiva de la Asamblea Nacional y de las principales comisiones especializadas permanentes. Antes y durante el trámite del proyecto urgente de reforma tributaria denominado Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, estos tres sectores participaron en reuniones y hablaron sobre modificaciones a la propuesta legislativa del Gobierno, pero no contaron con el escenario de un entendimiento con el correísmo para pasar el proyecto por el ministerio de la ley, tras el endurecimiento de posiciones en Pachakutik.

El coordinador de la bancada de la ID, Alejandro Jaramillo, comentó que su organización política siempre buscará el diálogo y será propositiva. “Sí estamos pidiendo al presidente de la República que no se dedique a oír, sino a escuchar a la gente”.

Que por el bien del país, añadió el político, van a continuar con los diálogos porque la ID considera que la Asamblea Nacional debe trabajar de la mano con el Ejecutivo, pero que “tampoco podrán prestarse como lo hizo UNES, para hacerle juego al Gobierno y pasar un mamotreto de ley que afecta a los intereses de toda la clase media, popular y a la clase obrera”.

El diálogo con el Ejecutivo podría romperse si continúa actuando de la manera que lo hizo con el proyecto económico urgente, estableciendo “pactos del indulto”, advirtió Jaramillo, quien aseguró que la alianza legislativa con Pachakutik continúa.

Los diálogos permanentes permitirán encaminar al país a un desarrollo real, insistió Jaramillo, y señaló que de ninguna manera se puede asegurar que la ID entró al cogobierno al referirse a la designación de Andrés Vallejo, militante activo de la agrupación, como embajador de Ecuador en España.

Que esa designación responde a un tema personal, que jamás fue consultada a él que se desempeña como jefe de la bancada y presidente provincial de la ID, que jamás se ha pedido ningún tipo de autorización al partido naranja para asumir la representación diplomática en España, que tampoco sabe si esa designación proviene desde la directiva nacional.

Jaramillo aclaró que no tienen ninguna afinidad ideológica con el Gobierno, pero que la ID extendió la mano al presidente de la República para que tenga gobernabilidad, pero que es lamentable lo que hizo con UNES, es decir, llegar a un pacto entre Rafael Correa y Guillermo Lasso.

Frente a ello, esa tienda política prepara un proyecto de derogatoria parcial a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, el cual será presentado en los próximos días.

Rafael Lucero, coordinador de Pachakutik, expresó que desde la última reunión que mantuvo el bloque con el Ejecutivo no ha existido un nuevo acercamiento, pero consideró que el Ecuador necesita que los dos sectores, el Ejecutivo y el Legislativo, sigan conversando a pesar de las divergencias y diversidades.

Cuestionó que el Gobierno haya publicado la reforma tributaria tras un acuerdo político con el correísmo, cuando desde el sector de Pachakutik se advirtió del grave impacto que tendrá la aplicación de esta reforma en la clase media.

Sin embargo, dijo que el proyecto de derogatoria de la reforma tributaria es de iniciativa de un sector de asambleístas de Pachakutik y no de toda la bancada. Que recién este martes habrá un debate interno en la bancada en el que se definirá el respaldo o no de esa iniciativa legislativa.

Lucero admitió que hay dos grupos dentro de la bancada de Pachakutik, que uno de ellos pretende hacer algunas cosas sin consultar con la bancada y el otro que está dentro del bloque que reclama la socialización previa respecto a lo que se presenta en la legislatura.

El grupo de legisladores de Pachakutik que presentó el proyecto para echar abajo la reforma tributaria lo lideran Mario Ruiz Jácome, Mireya Pazmiño, Bertha Sánchez, Dina Farinango, José Cabascango, Darwin Pereira, Salvador Quishpe y Ángel Maita, entre otros. Este sector político mantuvo sus críticas al proyecto presentado por el Ejecutivo y planteó el archivo de la propuesta, pero no logró los votos suficientes para ese propósito. 

El Universo.

La Contraloría General del Estado decidió este martes 7 de diciembre del 2021 archivar el proceso de investigación del presidente Guillermo Lasso, por el caso de los Pandora Papers.

Según el documento de dos páginas, hecho público este martes 7 de diciembre, la investigación sobre la posible infracción respecto bienes o capitales situadas en paraísos fiscales no arrojó “elementos objetivos” que demuestre que a la fecha de la inscripción de su candidatura para la Presidencia de la República no era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en empresas o fundaciones situadas en paraísos fiscales.

La Contraloría señala que ha revisado estas compañías: Da Vinci Foundation, Bernini Foundation, Barberini Foundation, Bretten Holdings,, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investmentt Corp., Petro Overseas S.A., Brothers Investment Ltd., Positano Trade LLC, Tintoretto International Foundation, Trident Trust Company y Banisi International Foundation.

En la investigación de los Papeles de Pandora, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se reveló en octubre que el mandatario recurrió hasta 14 sociedades en Panamá y EE.UU.

Él, por su parte, ha respondido que se deshizo de las compañías antes de lanzarse a las elecciones de 2021 y que ha pagado más de $ 500 millones en impuestos en Ecuador entre él y el Banco de Guayaquil, del que es accionista mayoritario.

En noviembre, el presidente Lasso, entregó a la Contraloría la documentación certificada que acreditaría que su candidatura fue inscrita sin incumplir la Ley sobre este tema.

Además, está previsto que esta tarde, el Pleno de la Asamblea Nacional continúe con el debate del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso ‘Pandora Papers’.

El Comercio.

Una nueva especie de sapo Cutín fue descubierta en la Cordillera del Cóndor de Ecuador, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (sureste), informó el viernes el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y según un informe está en peligro de extinción.

«Cutín de Daquilema (Pristimantis daquilemai) es el nombre de la nueva especie de sapo Cutín descubierta en la Cordillera del Cóndor, sur de Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe», dijo el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

El nombre de la nueva especie es un homenaje al líder de la etnia Puruhá, Fernando Daquilema, que en 1871 encabezó una insurrección indígena en el actual territorio de la provincia de Chimborazo (centro) por los altos impuestos eclesiásticos y el trabajo forzoso para las obras viales del país, durante el gobierno de Gabriel García Moreno.

Esta nueva especie se diferencia de todos los demás anfibios del mundo por su diminuto tamaño, pues los machos adultos miden solo 1,3 centímetros y las hembras 1,7 centímetros, dijo el Ministerio de Ambiente.

El sapo, además, se distingue por tener las ingles con manchas naranjas o amarillas, el dorso presenta pliegues y tubérculos, tiene una prominente papila en la punta del hocico, un tubérculo cónico en el párpado y el tímpano está oculto por la piel.

Un estudio elaborado por un equipo de investigadores integrado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y el Real Jardín Botánico, describió que la nueva especie habita en una pequeña área de la Cordillera del Cóndor.

 Masharos News

El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe entregó dos puentes carrozables en el cantón Chinchipe, beneficiando de esta forma a sectores altamente productivos de la parroquia San Andrés, y la parroquia Zumba. Son más de USD 360.000 invertidos en las infraestructuras que ahora quedan al servicio de varias comunidades agroproductivas.

En lo que concierne la parroquia San Andrés, el puente está ubicado sobre el río Isimanchi,  y es tipo bailey, se convierte en uno de los resultados alcanzados por la gestión del Prefecto Cléver Jiménez, ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MTOP. Con la colocación de esta obra, se benefician directamente ganaderos de la zona El Castillo, quienes proveen de leche, queso, quesillo, y trucha a los mercados locales.  

Wilmer Jiménez, ganadero de El Castillo, dijo que ahora sus productos serán transportados de mejor manera y así abastecer a los mercados de Zumba, Loja y el cantón Espíndola, “estas obras necesitábamos hace años, ahora estamos bien servidos con la vía y el puente, nos sentimos alegres y agradecidos con las autoridades de turno”, señaló.

Asimismo un puente carrozable doble carril fue entregado en la parroquia Zumba, se trata de una infraestructura de hormigón armado, construido sobre la quebrada Guadual, es de 15 metros de longitud y 7.20 metros de ancho, aquí la Prefectura invirtió USD 212.000, en beneficio de las comunidades de La Guayusa, Huanchunangui, El Orcón, Gramalotal, La Sinchama y Río Blanco.

“Antes de la construcción era un contratiempo, un problema de toda la vida, porque cuando crecía la quebrada nos dejaba sin paso hasta por varios días, ahora estamos contentos porque la vialidad se está transformando”, señaló Bartolomé Jiménez, morador de la Guayusa.

De esta forma la Prefectura de Zamora Chinchipe, incentiva al sector productivo de la provincia, con obras viales que garantizan la conectividad de pueblos y a su vez el expendio de productos a los mercados de la zona. “Con gusto dejamos estas obras que dignifican a los chinchipenses, porque estamos seguros que la producción nos sacará del subdesarrollo”, resaltó en su mensaje el Prefecto Cléver Jiménez.  

Prefectura  de Zamora Ch.

 

El retorno progresivo a clases presenciales evidenció otra grave carencia que afronta el sistema educativo público del Ecuador: 6 000 plazas de docentes no han sido llenadas por falta de recursos económicos, según la Unión Nacional de Educadores (UNE).

El Ministerio de Educacón (ME) no proporcionó la cifra real de maestros faltantes, únicamente se informó que están trabajando para en el primer trimestre del 2022 cubrir el déficit con un primer ingreso de 1 900 docentes.

Esta escasez de profesores afecta a más de 800 000 estudiantes de la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos que están en clases presenciales; y ocurre, principalmente, por las jubilaciones constantes.

Desde 2019 hasta octubre pasado, 12 300 docentes del país se jubilaron y el pasado 1 de noviembre el Ministerio de Educación (ME) llenó 8 002 plazas con los concursos Quiero ser Maestro 7 y Quiero ser Maestro Intercultural.

Cada mes hay nuevas jubilaciones y con eso aumenta el déficit, explica Isabel Vargas, presidenta de la UNE.

Pero además, los ganadores de los concursos venían laborando con contrato en otros planteles y al reintegrarse a las nuevas plazas con nombramiento dejaron una nueva vacante en otro plantel.

Ese cambio es la segunda causa del déficit de profesores. Le siguen las renuncias por diferentes causas, traslados (sectorización), permisos por salud y el arrastre de las necesidades de años anteriores.

Álex Barreto, de 33 años, dejó la Unidad Educativa Nabón y pasó al colegio San Francisco de Cuenca. Ganó el concurso para maestro y desconoce si contrataron a un nuevo docente. La mayor necesidad está en las cabeceras cantonales.

El informe del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos señala que, por cada 25 estudiantes debe haber un profesor. En el país hay planteles tradicionales con población numerosa, superior a los 35 alumnos por aula.

Según Vargas, para cumplir ese aforo y la distancia física de 1,5 metros por la pandemia del colvid-19 faltaría 70 000 profesores en todo el país. “Pero no hay esas inversiones y en pandemia más bien hubo recortes a la educación”, puntualizó.

El pasado martes se entregó 71 nombramientos a docentes de Cuenca, de los 587 ganadores de los concursos en Azuay Cañar y Morona Santiago. Pero hay 362 plazas faltantes, dijo Miguel Pesántez, coordinador de la zonal 6 del ME.

En esa lista están las unidades educativas Manuel J. Calle, Sayausí, Guillermo Mensi, Daniel Córdova Toral y 12 de Abril de Cuenca, que les hace falta entre dos y cinco docentes. En el Benito Juárez de Quito faltan dos profesores de especialidad para los primeros y segundos de bachillerato.

Los rectores visitan a diario las oficinas de los distritos del ME para gestionar e insistir en la contratación. Nos ofrecieron para el próximo mes, dijo José Luis Chicaiza, rector del Manuel J. Calle, que acoge a 2 100 estudiantes. Allí llenaron dos plazas y falta tres.

Según Chicaiza, se apoyan en los inspectores “para mantener a los alumnos con actividades”. Al igual que ellos, los tutores, inspectores y hasta sicólogos del DECE han asumido las materias de los profesores faltantes en los diferentes planteles. En otros casos hay pasantes de las universidades.

Eso es parte del plan de contingencia del ME para cubrir las necesidades insatisfechas, dijo Pesántez. Sin embargo, Silvana Durán, del Comité de Padres de Daniel Córdova Toral, cree que esa alternativa frena y devalúa el aprendizaje.

“Los chicos están afectados por las clases virtuales y la falta de profesores amplía los vacíos de conocimiento”, precisó. Ella contó que en este plantel faltan docentes de física y lenguaje, que son importantes en la vida académica.

A la mayoría de los rectores del país, las autoridades distritales les han ofrecido una solución. Según Pesántez, esta Cartera de Estado está pidiendo un incremento del 17% del presupuesto de educación para el ejercicio fiscal del 2022.

Para Antonela Mora, madre de familia, la lista de desafíos para sacar de la crisis a la educación ecuatoriana es enorme y el regreso a clases requiere de acciones concretas del Gobierno para asegurar el bienestar de los estudiantes y de los docentes.

El Comercio

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