El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lamentó este miércoles que las autoridades ecuatorianas hayan decidido detener la nueva fase de reapertura de escuelas por la propagación de la variante de la covid-19 ómicron.

En un comunicado, Unicef considera que el cierre "debe ser considerado como última medida" y recuerda que "la evidencia demuestra que las escuelas no son un foco de contagio si se siguen los protocolos de bioseguridad".

El Ministerio de Educación ecuatoriano informó el martes del aplazamiento del regreso a la presencialidad en aquellos centros educativos cuyos estudiantes no habían retornado a las aulas desde el inicio de la pandemia debido a la nueva variante de la covid.

En el anuncio, la cartera educativa detallaba que el postergamiento de fechas implicaba que hasta el 7 de febrero de 2022 no retornarán a la presencialidad con un aforo del 100 % los centros del régimen Sierra-Amazonía, mientras que el 3 de mayo lo harán los del régimen Costa-Galápagos, ya para el nuevo año lectivo 2022-2023, lo que implica que este último seguirá en virtual hasta entonces.

Y aclaró que los establecimientos educativos tanto fiscales, fiscomisionales (concertados), particulares y municipales que ya tenían aprobados sus Planes Institucionales de Continuidad Educativa (PICES), cuyos estudiantes se encontraban en clases presenciales, seguirán asistiendo a sus centros escolares como lo venían haciendo.

De acuerdo con un reciente monitoreo llevado a cabo por el Fondo para la Infancia de la ONU, el 70 % de los hogares con niños, niñas y adolescentes que están en clases presenciales en Ecuador sostuvo que la reapertura ha sido un proceso positivo o altamente positivo.

La encuesta reflejó que el 95 % de estos hogares conoce los protocolos, y alrededor del 90 % aseguró que implementaban medidas como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado de manos.

Según el estudio, en 9 de cada 10 hogares, los niños han mejorado su estado anímico con el retorno a clases, y en 8 de cada 10 familias, los escolares se sienten más motivados a aprender.

De acuerdo con los datos oficiales, los positivos de covid-19 entre estudiantes que han asistido a clases semipresenciales (que combinan la presencialidad con la virtualidad) representa el 0,007%, es decir, suponen 36 casos de 806.380 estudiantes.

A principios de noviembre la titular de Educación, María Brown, aseguró que el 48 % de establecimientos educativos a nivel nacional ya trabajan en clases presenciales con aforo reducido, lo que representa alrededor de 675.193 estudiantes, y vislumbraba el retorno obligatorio a la presencialidad en el mes de diciembre para todos los centros en el régimen Sierra-Amazonía.

Sin embargo, las nuevas medidas anunciadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, entidad encargada de emitir las directrices de la pandemia, afectarán a aquellos centros educativos que tenían previsto regresar en diciembre y enero.

"Hacemos un llamado al COE a revisar la decisión de posponer la reapertura de escuelas. El riesgo de que los niños no asistan presencialmente a clases es demasiado alto y se agrava cada día que pasa, en especial para los más vulnerables, quienes están más expuestos a trabajo infantil, violencia y explotación", exhortó el representante a cargo de UNICEF Ecuador, Juan Enrique Quiñónez.

El Expreso.

Durante el debate del primer informe del proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Minería, llevada a efecto este miércoles, 01 de diciembre, la asambleísta por Zamora Chinchipe, Isabel Enrríquez, criticó la falta de voluntad política del Estado para reconocer legalmente a los pequeños mineros y mineros artesanales, que, según indicó, en su provincia son los que realmente mueven la economía local, lo que no sucede con la minería a gran escala.

También calificó de mentiras, las expresiones formuladas por María Eulalia Silva, Presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, quien asegura que Zamora Chinchipe ha sido la principal beneficiada con la reactivación económica gracias a la presencia de la megaminería, incluso indica que de los 221 cantones del país, Yantzaza cuenta con sueldos superiores a los 1400 dólares, gracias a la minería.

“Zamora Chinchipe es históricamente minera. No es tan cierto que los megaproyectos han generado desarrollo. Siempre han sido los agricultores, ganaderos, comerciantes y los pequeños mineros y mineros artesanales. Ellos mueven la economía y generan empleo continuo”, aseveró Enrríquez, para fundamentar su propuesta a las reformas de la Ley Minera, que dijo, la ha estructurado mediante reuniones de trabajo con los sectores involucrados de su provincia.

En este sentido, la Legisladora Amazónica se refirió a la necesidad de contar con un marco jurídico efectivo que regule la minería responsable y al mismo tiempo, permita frenar las afectaciones ambientales, sociales y culturales de la explotación sin el control adecuado. “Necesitamos leyes claras, pero también autoridades responsables y éticas que se encarguen de implementarlas, sin chantajes ni sobornos”, dijo.

En este contexto Enrríquez expuso parte una serie de observaciones trabajadas con los pequeños mineros y mineros artesanales de su provincia, que formalmente las presentará a la comisión de Biodiversidad para su análisis e inclusión. Entre ellas, destaca la necesidad de aplicar de forma equitativa la norma, en cuanto al reconocimiento de derechos y obligaciones de todos los que realizan actividades mineras, todos ellos sujetos a sanciones, priorizando no afectar el patrimonio de terceros.

Así mismo, la asambleísta pide que, mediante la Ley, se realice un control real y efectivo del aprovechamiento de la riqueza mineral, en vista de que en la actualidad solamente se toma en cuenta el oro, la plata y el cobre y no al molibdeno, hierro y titanio, que se encuentran, principalmente en las provincias de Pichincha, Bolívar, Esmeraldas, Imbabura y Zamora Chinchipe.

Isabel Enrríquez pidió trabajar en una Reforma a la Ley Minera acorde a la realidad de nacional para el efectivo cumplimiento de los grandes y pequeños los mineros. “Todos deben cumplir con una minería responsable, con respeto al medio ambiente, pero, sobre todo, yo abogo por mi gente, por mi pueblo, porque son ellos los que en realidad mueven la economía. Los megaproyectos solamente se llevan la riqueza”, sentenció la Legisladora.

Asamblea Nacional

La presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori resolvió declarar un receso parlamentario por quince días. Esta es la primera vacancia de este periodo legislativo.

El documento que se hizo público este 1 de diciembre de 2021, pero fue suscrito el 25 de noviembre, detallas que los asambleístas principales y alternos estarán libres desde el 16 al 30 de diciembre.

Esto paralización incluye a las sesiones del Peno, de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales y todas las actividades legislativas.

Las que si estarán activas son las administrativas de gestión y funcionamiento. De esto se encargará la Administración General junto a la Coordinación de Talento Humano que deberán definir el personal necesario para garantizar las actividades de la Asamblea.

“Durante el decurso de los recesos legislativos, los plazos o términos de los trámites ordinarios para la aprobación de leyes, sustanciación de solicitudes de juicios políticos y trámites de amnistías e indultos, quejas y denuncias, se suspenderán”, señala la resolución.

Lo que no se suspende son los plazos y términos de los trámites de proyectos de urgencia en materia económica.

El Expreso.

La reforma tributaria que entró en vigencia el lunes 29 de noviembre del 2021 fija, al menos, tres cambios importantes en la política petrolera del país: migración de contratos de prestación de servicios a los de participación; concesiones para la exploración y/o explotación de campos petroleros; y delegación de campos estatales en producción a empresas privadas.

Actualmente, Ecuador usa el contrato de prestación de servicios, con el cual las empresas privadas extraen el crudo a cambio de una tarifa. El Estado recibe el 100% del crudo, pero también asume el riesgo en caso de una caída de precios en el mercado internacional.

Mientras que un contrato de participación permite a las compañías realizar la inversión, asumir el riesgo y recibir una parte de la producción de petróleo. Con la nueva normativa se permite la migración a este modelo contractual.

Ecuador tiene 35 contratos petroleros de servicios específicos con diferentes consorcios: 22 suscritos por la estatal Petroecuador y 13 firmados por el Ministerio de Energía.

La petrolera estatal requería la reforma a la Ley de Hidrocarburos para permitir la migración de los contratos, establecido en el Decreto 95, que fue firmado en julio pasado por el presidente Guillermo Lasso. El Ministerio, por su parte, podía hacerlo sin necesidad de los cambios.

Ahora, las firmas tienen tres meses para notificar a Petroecuador su decisión para migrar de contratos. “Las partes darán inicio a las negociaciones de las condiciones de la nueva modalidad contractual a partir de la fecha que se realice la notificación”, dice la Ley.

Pero la migración contractual pudiera llevar varios meses. Petroecuador aseguró que, para el cambio de contratos, el Ministerio de Energía debe elaborar un reglamento.

El ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, señaló en días pasados que hasta ahora tres empresas han expresado su voluntad de migrar a contratos y aseguró que el cambio se autorizará cuando se demuestre que hay mejoras económicas para el Estado. Además, las empresas deben comprometerse a realizar nuevas inversiones, señala la ley.

Miguel Robalino, analista petrolero, señaló que la migración a contratos de participación tiene aspectos positivos, ya que motiva la inversión para subir la producción.

Pero a su vez se debe realizar un diagnóstico de cada contrato, para que el Estado gane un extra, ya que entrega parte de la rentabilidad del campo, dijo.

Otro punto de la norma es que el Estado ya puede concesionar, de manera excepcional, a empresas nacionales o extranjeras la exploración y/o explotación de campos.

En este caso, se pueden celebrar contratos de participación, de prestación de servicios o “mediante otras formas contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana o de usual empleo en la industria a nivel internacional, que no contravengan la Legislación ecuatoriana…”.

Esta última parte es la que le preocupa a Henry Llanes, exasambleísta y experto en temas petroleros, que en su análisis de la ley se pregunta ¿cuáles otras formas contractuales de delegación existen en la Legislación ecuatoriana? Porque las que se refieran a la actividad hidrocarburífera deben constar en la Ley de Hidrocarburos.

Otro aspecto de la nueva normativa es la posibilidad de delegar a empresas privadas los bloques que ya están en producción y en manos de Petroecuador. La concesión de estas áreas en producción se hará bajo la modalidad de contratos de participación.

A criterio de Robalino, se deben analizar muy bien los campos que se delegarán a manos privadas, ya que aunque Ecuador necesita inversión en el sector petrolero, hay campos que tienen buena producción y un crudo bien cotizado, como Sacha, que no debería ser entregado a manos privadas.

En el caso de Sacha, Ecuador debería invertir para no tener que compartir las ganancias con las privadas, ya que genera una rentabilidad de USD 1 000 millones al año, dijo Robalino.

En el foro de inversiones Ecuador Open for Business, realizado hace dos semanas, el Ministro de Energía anunció que el próximo 2022 lanzará las licitaciones de los campos Sacha, Amistad, Ronda Intracampos II, entre otros.

El Gobierno quiere promover la inversión y así cumplir su objetivo de producir 1 millón de barriles en cuatro años.

El Comercio

A partir del 2 de diciembre, todos los funcionarios públicos que trabajan de manera presencial deben presentar el certificado o carnet de vacunación contra el coronavirus, con el esquema completo. Esta es una de las resoluciones adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), el 30 de noviembre, para mitigar los riesgos de contagio de la nueva variante ómicron del COVID-19.

Para el efecto, el COE dispuso al Ministerio de Trabajo que emita la normativa correspondiente para que todas las instituciones públicas del Ejecutivo soliciten el documento a los empleados.

Los funcionarios que no estén vacunados con las dosis completas pasarán al teletrabajo. La resolución permite que la máxima autoridad de cada institución pueda establecer excepciones, en función de garantizar la prestación de los servicios públicos.

Además, el COE exhortó a que todas las dependencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), entidades autónomas y demás instituciones del sector público y privado, a fomentar la seguridad de su personal respecto a los planes de vacunación.

El 29 de noviembre, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció ocho medidas frente a la variante ómicron del COVID-19, entre las cuales está que para todo edificio del sector público será obligatoria la presentación de certificados de vacunación completos. Lasso exhortó a que lo mismo se replique en cines, teatros, bares, discotecas, estadios, centros comerciales o afines.

El Universo.

El Gobierno ecuatoriano confirmó este martes 30 de noviembre de 2021 la decisión de aplazar la apertura de la frontera terrestre con Colombia, con base en una decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y como medida preventiva frente a la amenaza de la variante Ómicron del covid-19.

“De acuerdo a la situación epidemiológica del país se posterga la fecha de apertura a las 00:00 del 15 de diciembre 2021”, indicó el Gobierno ecuatoriano en un comunicado en el que apela a la decisión del COE, que se reunió esta jornada para analizar la nueva situación en el país, pese a que no se registra aun ningún caso de esa variante.

La reapertura, por primera vez desde que comenzó la pandemia, iba a tener lugar mañana, miércoles 1 de diciembre, con base en una resolución conjunta hace dos semanas entre el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, y el mandatario colombiano, Iván Duque.

El proceso se iba a efectuar por fases según los lineamientos presentados por los Ministerios de Salud Pública, Transporte y Obras Públicas y la Cancillería.

En la primera se iba a reabrir la frontera al paso de camiones de uno y otro país, en lugar del mecanismo aplicado hasta ahora de depositar los bienes al otro lado de la divisoria para que fuesen recogidos por conductores locales.

El aplazamiento de común acuerdo ya se había dado a conocer desde Bogotá unas horas antes, a través de un mensaje del presidente Duque.

“Luego de la conversación que sostuve con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y con miras a fortalecer la cooperación en salud entre los dos países, decidimos que la fecha en la que se realizará la reapertura de la frontera será a partir del 15 de diciembre”, había asegurado el presidente de Colombia, Iván Duque, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Prohibición de entrada a Ecuador

La nueva variante Ómicron llevó a las autoridades a adelantar a diciembre la aplicación de dosis de refuerzo anticovid-19 y aplazar el retorno presencial en centros escolares que aún no habían reanudado esta modalidad en la pandemia.

Después de que el 29 de noviembre el presidente Guillermo Lasso anunciara la prohibición de entrada a viajeros procedentes de ocho países de África, este martes 30 las autoridades sanitarias, educativas y el Comité de Operaciones de Emergencia de Ecuador (COE) dieron a conocer las nuevas medidas adoptadas a raíz de la rápida propagación de la última variante.

Los países sobre los que se emitió la prohibición de entrada a Ecuador son Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Zimbaue, Botsuana y Esauatini, Mozambique y Egipto.

El Comercio.

La Asamblea sesionará este jueves 2 de diciembre de 2021, a las 8:00, para conocer y resolver sobre el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales en relación al caso ‘Pandora Papers’.

Así consta en el orden del día de la sesión 747 del Pleno, convocada este martes 30 de noviembre por la presidenta de esta Función, Guadalupe Llori (PK).

En el informe, una mayoría de asambleístas de la bancada correísta de Unes y de Pachakutik concluyó que el presidente Guillermo Lasso incumplió con la ley que desde 2017 prohíbe a candidatos y funcionarios tener inversiones en paraísos fiscales.

La aprobación del expediente está en investigación previa de la Fiscalía General del Estado, tras denuncias de irregularidades.

Según los asambleístas Édgar Quezada y Sofía Sánchez, de Pachakutik, el documento se aprobó con ajustes de última hora que no fueron debatidos, entre esos una recomendación que sugiere la destitución de Lasso por supuesta conmoción social.

Por su lado, los asambleístas Virgilio Saquicela y Gruber Zambrano, presentaron un informe de minoría en el que sugieren el archivo del caso por falta de motivos. Ambos también son parte de esta Comisión e integran la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo e independientes.

Otro informe fue presentado por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), quien descartó que Lasso haya incumplido con la Ley.

Para una resolución en el Pleno se requiere de una mayoría absoluta de 70 votos.

El Comercio.

Un día después de la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID-19, esta enfrenta una primera demanda de inconstitucionalidad que se presentó en la Corte Constitucional (CC).

La mañana de este 30 de noviembre, el excandidato presidencial y ahora líder del movimiento político Somos Agua, que está en formación, Yaku Pérez Guartambel, acudió hasta la Corte Constitucional en Quito para ingresar el documento con su propuesta de demanda.

Detalla cómo se realizó la sesión de la Asamblea Nacional del pasado 26 de noviembre, sobre la que se plantearon las mociones que no alcanzaron los votos para aprobar la ley, modificarla o negarla con base en el artículo 140 de la Constitución y el 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Según Pérez, la norma fue negada, no se aprobó. “Y no debe entrar por el ministerio de la ley. Y el Gobierno nacional violentando de manera flagrante al disponer la publicación en el Registro Oficial, con lo que se consume la vulneración constitucional, que además acaba con una sociedad destruida económicamente”, esgrimió el accionante.

Asegura además que contiene disposiciones lesivas para despojar $ 1.900 millones con nuevos tributos a una población empobrecida.

Bajo ese contexto pidió que se declare la inconstitucionalidad del texto legal, que se la expulse del ordenamiento jurídico y que se dicte una medida cautelar para que se suspenda su contenido.

”La ley no solo que viola nuestros derechos individuales y colectivos, garantizados en la Constitución y tratados internacionales, como aquellos que norman la prevención y lucha contra la corrupción, sino que atenta contra la ética, la moral, la legalidad y constitucionalidad, incluso al dejar en la impunidad aquellos sujetos que hicieron enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria y aduanera. Estaríamos ante una figura punitiva, como es la apología del delito, al legalizar lo ilícito de los dineros provenientes de los sujetos pasivos, que podrían, pagando entre 3,5 % y el 5 % de sus activos, legalizar todos sus antecedentes delictivos, lo que vuelve urgente y necesario que se dicte la medida cautelar solicitada”.

La Ley de Desarrollo Económico, iniciativa del Ejecutivo de carácter urgente en materia económica, está vigente desde este lunes 29 de noviembre, cuando el presidente de la República, Guillermo Lasso, la envió al Registro Oficial para su promulgación.

Esto una vez que el Parlamento no resolvió negarla ni archivarla en el segundo y definitivo debate, que se realizó el viernes anterior, cuando la legisladora de Pachakutik (PK) Mireya Pazmiño lo mocionó.

Esta moción tuvo 81 abstenciones de las bancadas legislativas de Unión por la Esperanza (UNES), CREO y legisladores independientes.

Con ello la ley no se aprobó, negó o modificó, por lo que el Ejecutivo dispuso su publicación como decreto-ley.

En tanto, en la Asamblea Nacional, las bancadas mantienen análisis internos para definir acciones futuras para echar abajo esta ley.

El coordinador del bloque de Pachakutik, Rafael Lucero, anunció que se prevé en unos ocho días presentar una propuesta de ley de derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico.

El Universo.

Es oficial, el COE Nacional anunció que el regreso a clases presenciales se suspende, esto como medida preventiva ante la aparición de la variante Ómicron.

Si bien estaba previsto el regreso a las aulas en tres fases, arrancando desde este 06 de diciembre, las autoridades públicas, aseguran que la salud es primordial, por lo cual los alumnos del régimen Costa culminarán su año lectivo de forma virtual y se retomarían el 3 de mayo.

Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, tras una reunión con autoridades gubernamentales, indicó que los estudiantes del bachillerato técnico y rural, que incluye unos 400.000 alumnos, se mantendrán, pero se realizará un monitoreo constante.

Agregó que hay bachilleratos técnicos que vuelven a la virtualidad como la informática y contabilidad.

En el caso del régimen Costa terminarán las actividades estudiantiles de manera virtual y se retomarían el 3 de mayo.

En la Sierra y Amazonía, los grupos dos y tres, retornarían el 7 de febrero si es que la situación epidemiológica así lo permite.

Indicó que el COE nacional negó el pedido de la LigaPro de aumentar aforos y las dos finales del campeonato nacional se mantendrán con aforo del 50 %.

Ecuavisa.

Un nuevo proceso de admisión a universidades, escuelas politécnicas e institutos empieza este jueves 2 de diciembre del 2021. La Secretaría de Educación Superior (Senescyt) informó que a partir del mediodía de esa fecha hasta las 23:30 del 4 de diciembre se desarrollará la primera etapa, correspondiente al retorno al acceso a la educación superior.

No todos los aspirantes deben realizar este paso, sino únicamente quienes participaron en algún proceso de admisión anterior y desean ser parte del presente periodo académico. Hay tres grupos de personas que corresponden a estos casos.

El primero lo integran quienes aceptaron un cupo en una convocatoria anterior y no hicieron uso del mismo. También, quienes se inscribieron para rendir el test Transformar y no se presentaron. Y aquellas personas que no tienen un puntaje vigente, es decir, no han rendido una evaluación en el 2020 o en el 2021.

El retorno al acceso a la educación superior se realizará en el sitio web establecido por la Senescyt para el proceso de admisión. En él deberán ingresar y seleccionar uno de los 13 casos específicos, que están dentro de los tres grandes grupos ya descritos. Para que los jóvenes puedan revisar con anticipación esos casos, se encuentran disponibles en otra página web.

Una vez enviada la solicitud, la Senescyt aclaró que los aspirantes no podrán ingresar un segundo pedido. Además, no se receptarán solicitudes de manera física, sino únicamente a través del portal indicado y en las fechas establecidas.

Dentro del periodo previsto para el retorno al acceso a la educación superior, los aspirantes también podrán registrar si son parte de acciones afirmativas por violencia de género o sexual. Con esto podrán obtener puntos adicionales en su puntaje de postulación. Asimismo, las personas de nacionalidad extranjera podrán actualizar su documento de identidad.

La Secretaría dice que, en términos generales, no deben realizar el trámite para el retorno al acceso a la educación superior quienes participaron en periodos anteriores y no han obtenido un cupo. Tampoco las personas que cuentan con una nota Ser Bachiller, EAES o Transformar del primer periodo académico ordinario 2020 al segundo periodo académico ordinario 2021. Quienes nunca rindieron una evaluación de acceso a la educación superior también están exentos de este paso.

El comercio.