La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) extendió hasta el 31 de marzo del 2022 el tiempo de validez de las licencias de conducir en el país. Esa entidad confirmó ese hecho este viernes 10 de diciembre del 2021.  

Esta medida aplica para las licencias que caducaron a partir del 1 de enero de 2020 y que no han sido renovadas por los usuarios “debido a las restricciones en la atención a la ciudadanía durante la emergencia sanitaria del covid-19″.  

La ANT también extendió, hasta el 31 de marzo de 2022, la validez de los exámenes psicosensométricos y el certificado de aprobación del curso de conducción. 

Los conductores profesionales y no profesionales que tienen su licencia vencida podrán manejar con el documento original o la denuncia de robo o pérdida. Únicamente deben circular con el turno impreso para la renovación de la licencia.  

“La obligatoriedad de teletrabajo para los funcionarios públicos al inicio de la pandemia, los límites de aforo y las medidas de confinamiento durante la crisis sanitaria, generaron un retraso de varios meses en la entrega de turnos, lo que limitó el acceso de personas a la obtención oportuna de sus licencias de conducir”, indicó la ANT. 

Además, para realizar el trámite de la renovación del documento de manejo, ya no es requisito portar el certificado de depósito bancario, ya que este será verificado por los funcionarios de la ANT directamente en el sistema informático.  

El Comercio

Un total de 23 500 dosis de ciclosporina fueron donadas para 110 pacientes trasplantados del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM). Tras seis, nueve y hasta 12 meses sin recibir los fármacos, los afiliados al IESS accedieron a la donación este viernes 10 de diciembre del 2021.

¿Por qué tenemos que esperar un plantón nacional de los pacientes para reaccionar?, pregunta Gustavo Dávila, representante de la Alianza Nacional por la Salud (ANS). Esta agrupa a 23 organizaciones de pacientes con enfermedades raras y catastróficas, que el pasado 1 de diciembre salieron a las calles para protestar por la falta de medicamentos.

“Los pacientes no pueden esperar más”, enfatizó Dávila. “No podemos darnos el lujo de tener en un hospital cinco gerentes en un año; cuatro o cinco ministros de Salud. El país tiene que continuar, los pacientes no pueden estar supeditados a los cambios de autoridades. Hay que cambiar muchas cosas y eliminar la corrupción”

La ANS gestionó la donación, realizada por Nutrimed Ecuador. Su gerente, Patricio Paredes, dijo que seguirán aportando con el sistema de salud, mientras el Gobierno logre regularizar el abastecimiento de medicamentos. La donación asciende a USD 42 000, señaló.

“Cuando hay que jalar las orejas se debe hacer y quién más para hacerlo al sistema de salud que los pacientes”, dijo Daniel Rodríguez, gerente del HCAM. Él se disculpó con los afiliados. “Hay que pedir (ofrecer) disculpas cuando se hacen las cosas mal y en el país las hemos hecho mal en el sistema de salud. Estamos conscientes de eso y estamos ahora dando la cara, trabajando y solucionándolo”.

Rodríguez dijo que en agosto el HCAM estaba en un 24% de abastecimiento de medicamentos. Al momento se encuentra en un 41%, lo que ha implicado una inversión de casi USD 30 millones.

Pese a la alta inversión, Rodríguez explicó que el abastecimiento no sube significativamente porque “el hueco en el que estaba el hospital es bastante grande y se han hecho compras pequeñas para abastecer de manera inmediata para que el hospital siga funcionando. El indicador de abastecimiento dice que se debe tener al menos tres meses de stock”.

‘Un alivio temporal’

Afiliados que no han podido acceder a las vitales medicinas durante varios meses han tenido que vender sus bienes para comprar los fármacos, contó Eduardo Batson. “Por nuestra salud tuvimos que desprendernos de cosas que no costó años conseguir. Esperamos que ese drama no se vuelva a repetir”, dijo el paciente trasplantado.

Antonio Salas, quien padece insuficiencia renal y se sometió a un trasplante de riñón, cuenta que entre varios inmunosupresores que recibe está la ciclosporina que recibió como donación. Para que su organismo no rechace el riñón que recibió debe tomar 75 miligramos por la mañana y 50 por la noche.

María Pumisacho también debe tomar dos pastillas diarias del medicamento. Ella recibió un hígado hace cinco años. Durante cuatro meses que el IESS no le entregó el fármaco, la mujer tuvo que comprarlo. Gastaba según su bolsillo, dice. “A veces compraba las pastillas para 15 días, con USD 90”.

Los médicos le han advertido que si deja de tomar esa medicina un día podría morir. Por ello, María dice que ha hecho muchos sacrificios para tener dinero. “De eso depende nuestra vida. La donación de hoy es un alivio temporal porque estas pastillas se acaban y si el problema del IESS no mejora seguiremos padeciendo la falta de medicamentos”.

El Comercio

En una primera etapa, del 02 al 08 de diciembre, en los cantones de Yantzaza, Yacuambi, Palanda y Chinchipe, la Delegación Provincial Electoral de Zamora llevó a cabo el “Primer Conversatorio de Participación y Liderazgo para Jóvenes”.

80 jóvenes de los colegios “Primero de Mayo” del cantón Yantzaza, “Alonso de Mercadillo” del cantón Yacuambi, “Oriente Ecuatoriano” del cantón Palanda y el colegio de bachillerato “Zumba” del cantón Chinchipe participaron del taller en temáticas sobre: Participación social, liderazgo, democracia comunitaria, identidad nacional, interculturalidad, igualdad y equidad de género. 

Andersson Silva, director de la delegación, expresó que este Conversatorio es dirigido a los jóvenes estudiantes que conforman el Consejo Estudiantil y a quienes son presidentes de curso de los primeros, segundos y terceros años de bachillerato de las siguientes instituciones educativas.

El objetivo es buscar un acercamiento pragmático-conceptual con los jóvenes que trate sobre la importancia de la juventud, su rol y determinación en la trasformación social, a través de del diálogo, la reflexión, el sentido crítico y la motivación” indicó Silva.

El evento se llevó a cabo con la participación de expositores en dos formatos: presencial y mediante cápsulas audiovisuales, tomando en consideración todas las medidas de distanciamiento y bioseguridad.

Se tiene planificado realizar una segunda etapa del “Primer Conversatorio de Participación y Liderazgo para Jóvenes”, en los colegios de El Pangui, Nangaritza, Centinela del Cóndor, Paquisha y Zamora.

CNE

Guillermo Lasso aseguró que, para la prevención de la mendicidad y el trabajo infantil, en el 2021 se han destinado $ 10′600.000.

El Gobierno lanzó la campaña “Solidaridad sin mendicidad” para prevenir la mendicidad en los grupos de atención prioritaria, principalmente en niños, niñas, personas de la tercera edad y con discapacidad, a través de una acción interinstitucional de control, vigilancia y articulación de ayuda hasta los sectores más vulnerables.

El acta de compromiso de la campaña fue firmada por el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal; Wilfrido Carrera, vicepresidente de AME; el alcalde de Quito, Santiago Guarderas; y el presidente Guillermo Lasso.

El Gobierno activó un “trabajo interinstitucional en la prevención, atención y protección a personas en mendicidad y trabajo infantil” en 20 cantones priorizados: Ambato, Esmeraldas, Babahoyo, Carchi, Cuenca, Guaranda, Guayaquil, Huaquillas, Ibarra, Loja, Jama, Latacunga, Manta, Pastaza, Quito, Riobamba, Rumiñahui, Mejía, Cayambe y Santo Domingo. Se pretende llegar a 100.000 ciudadanos.

Con la campaña, funcionarios públicos recorren barrios y comunidades con el objetivo de promover, difundir y sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de prevenir y concientizar sobre los riesgos de la mendicidad y el trabajo infantil. Además, realizan acciones ambulatorias en calle, carreteras, plazas y parques para la observación y abordaje; y operativos específicos o alertas ciudadanas, que permitan la atención e intervención oportuna del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y otras instituciones, según sus competencias.

Se efectúan eventos comunitarios, entrega de donaciones, carpas lúdicas, activaciones comunicacionales, brigadas médicas, entre otras, para evitar que las personas que practican la mendicidad y trabajo infantil salgan de sus comunidades, barrios o parroquias, y de esta manera disminuir los riesgos a los cuales se enfrentan por realizar estas actividades.

El MIES, con apoyo de la empresa privada, coordina la recepción y distribución de donaciones ciudadanas voluntarias de ropa, alimentos no perecibles, juguetes y confites en varios puntos seguros habilitados en todo el país. Para ello, también habilitó el portal web www.ecuador-solidariocom, en donde se podrán adquirir kits de $ 10, $ 15 y $ 20.

“Todo el dinero recaudado en esta plataforma irá a un fondo común de la campaña, que servirá para comprar kits a precios preferenciales. Estos serán distribuidos a personas en situación de mendicidad y trabajo infantil. Asimismo, se podrán entregar las donaciones físicas en cualquiera de las oficinas de las direcciones distritales y zonales del MIES a escala nacional”, señaló el MIES.

Lasso manifestó que esta campaña es el inicio de toda una política pública, integral y permanente, no solo en febrero por las festividades navideñas, que busca erradicar la mendicidad y prevenir el trabajo infantil.

“Hasta diciembre de 2019, había 311.000 niños y niñas que trabajaban; estoy seguro de que con la pandemia esa cifra debe haber crecido. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) registra que en la región al menos 11 millones de niños y niñas hasta los 17 años trabajan. La Unicef señala que 3 millones de niños en Latinoamérica corren el riesgo de caer en trabajo infantil o mendicidad”, detalló el mandatario.

El mandatario dijo que el Gobierno ha destinado $ 10′600.000 para estos fines en el 2021, “cifra que dista mucho de los $ 6′700.000 empleados por el Gobierno anterior, entre el 2017 y el 2020″; y este año se ha llegado a 14.000 niñas y niños, y a 10.000 familias de manera indirecta, con énfasis en veinte cantones priorizados.

Bernal agregó que recibieron un país con el 34 % de pobreza y pobreza extrema, con 27,2 % de desnutrición crónica infantil (DCI), y que se logró identificar a 15.700 niños y niñas en esta situación; de ellos, solo 4.000 están dentro de un programa para la reinserción y protección de sus derechos.

En tanto, Guarderas señaló que el Municipio del Distrito participará activamente en el proyecto para proteger los derechos de estos grupos.

“Durante esta época el espíritu de la Navidad nos motiva a ser más generosos y solidarios, sin embargo, les invito a que no fomentemos la mendicidad o adultos mayores que muchas veces son víctimas de mafias que se aprovechan de ellos. Si queremos ayudarlos, hagámoslo a través de instituciones con orden y priorizadamente. Queremos más niños estudiando”, concluyó Lasso. 

El Universo.

La temporalidad del embarazo, los requisitos para acceder al procedimiento y la objeción de conciencia de los médicos fueron los tres nudos críticos sobre los que giró el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación.

La sesión 749 de la Asamblea Nacional se desarrolló, el 9 de diciembre, en una extensa jornada de casi de diez horas. Por la mañana, los legisladores escucharon a 23 representantes de organizaciones de la sociedad civil que expusieron argumentos a favor y en contra. Mientras tanto, en los exteriores del Palacio Legislativo se apostaron grupos feministas y los autodenominados provida. Al interior, en las curules de varios asambleístas colgaban pañuelos verdes (a favor del aborto por violación) y celestes (provida), que representaban las posturas de cada uno.

El debate en el Pleno inició alrededor de las 16:00, con la lectura del informe de la Comisión de Justicia -responsable de procesar la propuesta de la Defensoría del Pueblo-, y finalizó a las 20:50, tras la intervención de 24 parlamentarios. Los tres temas que marcaron la sesión no fueron definidos en el informe aprobado por la Comisión.

El proyecto que se discutió en primera instancia obedece a la sentencia emitida por la Corte Constitucional (CC), el 28 de abril, que despenalizó el aborto en casos de violación, declarando la inconstitucional del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La CC dispuso que en dos meses la Defensoría debía elaborar una propuesta de norma, la cual llegó a la Asamblea el 28 de junio. Desde ahí, corre un plazo de seis meses para que los legisladores aprueben la ley. Este último plazo vence el 28 de diciembre.

La Corte determinó que la iniciativa de la Defensoría del Pueblo para la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación que enmarque “sobre la base de los criterios establecidos en la presente sentencia y evidencia médica y científica, establezca condiciones y requisitos para que exista un adecuado balance entre la protección del nasciturus (concebido no nacido) y los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violación”.

La asambleísta Sofía Espín (UNES), miembro de la Comisión de Justicia y que votó en contra del informe, cuestionó el proyecto de ley y aseguró que no se está acatando la sentencia constitucional porque no se contempla hasta qué momento de la gestación se podrá interrumpir el embarazo, tampoco se establecen condiciones para requerir la intervención médica y no se esclarece sobre el derecho a la objeción de conciencia.

Espín mencionó que la Corte señala que es necesario fijar parámetros mínimos. En ese sentido, dijo que los requisitos para acceder al procedimiento pueden ser los indicados en la misma sentencia, como una denuncia penal, un examen médico o una declaración juramentada.

En la misma línea se pronunciaron los legisladores Geraldine Weber (PSC), Pierina Correa (UNES), Ricardo Vanegas (PK), Omar Cevallos (Independiente), Nathalie Viteri (PSC), entre otros. Quienes, además, manifestaron que no se incluyen parámetros para castigar a los violadores.

Weber dijo que “querer imponer el aborto sin requisitos es una salvajada” y aseguró que el tema desacata a la Constitución de la República que, en el artículo 45, reconocer la vida desde la concepción. Correa añadió que se pretende, de forma errónea, posicionar al aborto como un derecho fundamental.

Por su parte, Vanegas -miembro de la Comisión de Justicia que también votó en contra del informe- enfatizó que es necesario fijar una temporalidad, con criterios técnicos, para que se pueda practicar el aborto, ya que si se lo hace después de los seis meses de gestación se estaría hablando de un “feticidio”. Planteó que se hagan distinciones cuando las víctimas sean niñas. Y agregó que, en cuanto a la objeción de conciencia, no se puede obligar al medio a realizar ese tipo de intervenciones.

Desde quienes apoyan el aborto en casos de violación, la asambleísta Wilma Andrade (ID) dio ejemplos de los tiempos que se han fijado en otros países para que las víctimas gestantes puedan interrumpir el embarazo, como en el caso de Uruguay que estableció 12 semanas. Enfatizó que el debate es para crear un marco normativo que permita a la víctima de violación acceder al procedimiento en el sistema de salud pública de forma gratuita y segura.

La asambleísta de Pachakutik, Sofía Sánchez, mencionó que es imposible que se la denuncia sea una condición y que la temporalidad no es aplicable en todos los casos porque, “las niñas que son violadas no se enteran que están embarazadas a la quinta semana”.

La legisladora independiente Daysi Yuquilema habló de la revictimización que sufren las mujeres que presentan denuncias, y de las dificultades que tienen las que viven en las zonas rurales para llegar a las ciudades a denunciar a sus agresores. Dijo que debe haber acompañamiento de las casas de salud.

“No es contradictorio defender la vida y comprender a las mujeres que el Estado no ha podido proteger”, comentó la socialcristiana Dallyana Passailaigue, quien insistió que exigir una denuncia y fijar una temporalidad terminan por conducir a la maternidad forzada de las víctimas.

Tras finalizar el primer debate, el proyecto regresará a la Comisión de Justicia para el análisis y elaboración del informe para segundo debate. Si bien el plazo que dio la Corte Constitucional para que la Asamblea apruebe la ley vence el 28 de diciembre, la discusión quedará en espera, debido a que los parlamentarios estarán en receso legislativo desde el 16 hasta el 30 de diciembre.

El Universo

El presidente Guillermo Lasso hará tres anuncios al país en el transcurso de las siguientes tres semanas. El primero de ellos será el lunes, 13 de diciembre, y se tratará sobre el tema salarial. Así lo dio a conocer el mandatario, en el programa Encontremonos en vivo, de la Secretaría General de Comunicación, que fue transmitido por redes sociales el 9 de diciembre.

“El lunes voy hacer un anuncio importante sobre el tema salarial. Estén pendientes. Hasta ahí no más llego... El lunes 13 tenemos un anuncio, el lunes 20 tenemos otro anuncio, y el lunes 27 otro anuncio más. Son tres anuncios importantes en fin de año, para comenzar con mucho ánimo, con mucha fuerza el 2022”, dijo Lasso, sin dar adelantar más detalles sobre lo que dirá a la población.

La definición del salario básico unificado (SBU) para 2022 se discute en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), que está integrado por trabajadores y empleadores. El organismo está presidido por el ministro de Trabajo, Patricio Donoso.

El pasado 30 de noviembre se realizó la tercera reunión del Consejo en busca de un consenso entre sindicatos y empresarios, pero no hubo acuerdo; los primeros piden un incremento de $ 25 -con base en la oferta de campaña de Lasso- y los segundos sugieren que sea de $ 2,66, de acuerdo a estimaciones macroeconómicas.

Frente a esta situación, ese mismo día, Donoso emitió el Acuerdo Ministerial 2008 con el cual se extendió el plazo para fijar el salario hasta el 22 de diciembre. El ministro espera que las partes logren entenderse y establecer un monto.

El Código de Trabajo dispone que si no hay consenso entre trabajadores y empleadores, el Ministerio de Trabajo tiene que fijar el valor, para lo cual se basará en la proyección de la inflación del próximo año. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el 2022 se estima una inflación del 1,28 %. Esto daría un incremento de $ 5 a la remuneración.

Guillermo Lasso prometió, durante la campaña electoral, que en su Gobierno el salario básico subiría a $ 500. Sin embargo, no ha dicho cuánto crecerá cada año.

El Universo

Carlos Zabala, presidente del Consejo de la Amazonia, en rueda de prensa, informó que la provincia es la última de toda la región con proyectos aprobados del Fondo Común, debido a que los Gobiernos Seccionales no presentarían adecuadamente los requisitos, viabilidades técnicas y competencias.

“De 273 proyectos postulados en 2021, solo 85 están en la Dirección de Inversión previo a un análisis del Departamento de Planificación, además el 92% del presupuesto ha sido comprometido por la administración anterior y en la actualidad no alcanza ni el 8% para poder entregar este año, lo que causa dificultad”, expresó el Ministro de la Amazonia.

Jorge Paguay, secretario técnico de la Amazonia, comunicó sobre la asignación aproximada de recursos que reciben las provincias; Napo, 23 millones; Morona Santiago, 23 millones; Orellana, 16 millones; Sucumbíos, 15 millones; Pastaza, 12 millones y Zamora Chinchipe, 8 millones. Dentro del Fondo Común están recursos hidrocarburíferos, hidroeléctricos y mineros.

“Según el reglamento del Fondo Común el 30% tiene que ir a las zonas de influencia, es decir, la primera provincia en recibir las regalías de minerales debería ser Orellana porque produce el 78% de petróleo, seguido por Sucumbíos y en tercer lugar Zamora Chinchipe por la generación económica a través de minería”, manifestó el Secretario Técnico.

Además, el Secretario Ejecutivo de la Amazonia, mostró su preocupación al dar a conocer que las empresas mineras con proyectos a gran escala, en Zamora Chinchipe tienen una fuerte inversión y que de acuerdo a los datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) solo han generado 75 mil dólares de tributación para la Ley Amazónica. “Haremos un seguimiento con el fin de explicar qué está sucediendo con estos recursos, están llegando o no de la manera adecuada”, enfatizó Zabala.

Por su parte, Paguay, explicó que en el área hidrocarburifera se tributa alrededor de 46 millones; en eléctricas, 20 millones y en mineras apenas 30 mil dólares lo que causa asombro a las autoridades de la Amazonia.

Secretaría Técnica Amazónica

Este jueves 9 de diciembre, Día Internacional Contra la Corrupción, el Gobierno nacional presentó los lineamientos generales de la política pública anticorrupción, anunció que realizará una consulta ciudadana para su consolidación y ratificó que la Comisión Nacional Anticorrupción que creará será compuesta por autoridades institucionales.

La consulta ciudadana se realizará entre enero y marzo del próximo año y servirá para que, en abril, el Gobierno realice el lanzamiento del documento final de la política pública anticorrupción.

Lasso explicó que el Gobierno, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GIZ y el Sistema de Naciones Unidas, iniciará el proceso de construcción de la política nacional anticorrupción y su estrategia de lucha, a través de la consulta nacional inclusiva y los lineamientos generales de esa política.

En tanto, según expuso el presidente Guillermo Lasso, la Comisión deberá coordinar la implementación de la estrategia anticorrupción y las políticas dirigidas por la Función Ejecutiva y que, para su conformación, ha considerado invitar a las otras funciones del Estado.

Así, esta Comisión tendrá una composición institucional, como ya lo mencionó a Diario EL UNIVERSO el consejero gubernamental en esta área, Luis Verdesoto, en noviembre, y estará integrada por los titulares de la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Función Judicial, la Función Electoral, la Función de Transparencia y Control Social, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Municipalidades (AME), el Consorcio de Gobierno Provinciales (Congope).

Y como observadores, sin voto, se prevé la presencia de los titulares del Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI), los superintendentes, la sociedad civil, las universidades, los medios de comunicación y los gremios”.

Entre las intervenciones habilitadas en el Salón Olmedo de la UASB, estuvo la de Víctor Granda, docente del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), quien señaló que la Comisión Nacional Anticorrupción debe ser una iniciativa ciudadana porque tiene que investigar las denuncias de corrupción y luego vigilar que los órganos de control y justicia cumplan, y preguntó si existe la apertura del Gobierno.

Lasso respondió que existe apertura del Gobierno, que es necesario recuperar la relación con la sociedad civil y respetar sus espacios, que el “Gobierno tiene la obligación de tomar la iniciativa” y que le parece bien que una “veeduría ciudadana pueda dar seguimiento a los principales casos de corrupción”.

Entre las funciones de la Comisión, que deberá “cooperar con las funciones del Estado”, estarán proponer normas y procedimientos para el sector público, examinar la calidad del gasto público y plantear acciones anticorrupción.

“La lucha contra la corrupción estabiliza la democracia y el desarrollo económico, es una columna de la gestión de mi gobierno que será una política de Estado, aceptada en el consenso ciudadano (...). La corrupción resta recursos para el desarrollo del país, para programas sociales...”, señaló el presidente.

Al respecto, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) manifestó que los anuncios del presidente Guillermo Lasso de una política pública anticorrupción y creación de una Comisión Interinstitucional Anticorrupción son positivos, pero cuestiona el carácter institucional de la Comisión.

“Sin embargo, esto último (la conformación de la Comisión) no corresponde con su propuesta de campaña de crear una comisión internacional anticorrupción con apoyo de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y tampoco con su compromiso de involucrar a la sociedad civil y a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones”, agregó la FCD en un comunicado.

Los lineamientos de la política pública anticorrupción tienen un énfasis preventivo, pero de acción inmediata y con orientación a largo plazo, dijo el presidente Lasso, al señalar que es importante estar atentos a la calidad del gasto público, la disciplina fiscal y la austeridad financiera, y que la contratación pública es objeto de constante preocupación y hay que contar veedurías ciudadanas.

Además, es necesario aprobar nuevos instrumentos jurídicos sobre conflicto de intereses, puertas giratorias, cabildeo y transparencia de la gestión pública, reforma la Ley de Datos Personales, entre otros, dijo Lasso.

Lena Savelli, coordinadora residente de Naciones Unidas, señaló que la corrupción cuesta millones en todo el mundo, permite el crimen y la explotación, compromete la recuperación de la pandemia, que luchar en contra de la corrupción es una tarea de todos, que reconoce el papel del Gobierno para lograr una gestión pública más transparente y combatir la corrupción, pues solo así Ecuador podrá avanzar al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, reducción de la pobreza, igualdad de género y mayor acceso a servicios.

Al inicio del evento, el consejero gubernamental anticorrupción Luis Verdesoto manifestó que la rectoría de la política nacional anticorrupción consiste, fundamentalmente, en la prevención, colaborar con el fortalecimiento institucional y generar sistemas de seguimiento.

“Se trata de formular, luego de un proceso de consulta a la ciudadanía, una propuesta de política de Estado concreta y específica asentada en el consenso; la política y estrategia anticorrupción valdrá lo que valgan los sistemas de seguimiento público-estatal y de la sociedad”, concluyó Verdesoto. 

El Universo

Con contundencia, los asambleístas miembros de la comisión de Educación de la Asamblea Nacional, rechazaron el informe emitido por el Ministerio de Finanzas en torno al mandato de la Corte Constitucional, donde considera que no hay presupuesto para cubrir con el aumento salarial para los docentes del país, incluso exigen la comparecencia del propio ministro, Simón Cueva.

“Más que un informe, es un oficio simple donde lamentablemente se indica que hay dinero para cualquier cosa menos para la educación del país”, indicó la legisladora Isabel Enrríquez, al tiempo que se sumó a la moción de su colega Darwin Pereira, de El Oro, para que el ministro de Finanzas, comparezca a la comisión de Educación, con la finalidad de “que sea él quien les diga a los maestros del Ecuador que no hay dinero para la educación”, manifestó Pereira.

La Comisión, de manera conjunta, rechazó el informe del Ministerio de Finanzas donde indica que, por esta reforma a la Ley que implicaría un impacto presupuestario de USD 2.175 millones, se podría afectar la continuidad de la prestación de bienes y servicios públicos.

“El ministro no se ha reunido con nosotros tal como dice el informe que se han realizado acciones coordinadas, con lo cual nos ha dicho de dónde salen esos números”, reclamó Darwin Pereira.

“Nos han visto la cara a la Comisión y es necesario ponerle un pare. Debe venir el ministro a explicar personalmente porque se están burlando de la educación del país”, indicó en su intervención la legisladora Enrríquez, resaltando la unidad de los miembros de la comisión para luchar a favor de este sector, más allá de camisetas políticas.

El presidente de la Comisión, Manuel Medina, dijo solicitará la comparecencia del ministro Simón Cueva, para los primeros días de enero del próximo año.

Asamblea Nacional

El gobernador de Zamora Chinchipe Absalón Campoverde, junto al presidente del Consejo de la Circuncripción Territorial Especial Amazónica Carlos Zabala, Jorge Paguay, secretario de la Secretaría Técnica de la Amazonía y Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, verifican el avance de la construcción del puente sobre la Quebrada ElDestrozo, en la vía Zamora-Loja.

Esta obra se ejecuta mediante convenio entre el MTOP y Secretaría Técnica, con una inversión de alrededor de un millón de dólares y actualmente cuenta con un avance del 10 %.

«Como Representante del Ejecutivo hemos dado el acompañamiento en esta importante visita que han realizado el Ministro y Secretario de la Amazonía, con el fin de constatar y dar seguimiento a los trabajos que se ejecutan, estamos pendientes para que se cumplan con los plazos establecidos», señaló el Gobernador.

MTOP