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Neyba Cuenca

Neyba Cuenca

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de derogatoria del Capítulo III de la Ley de Apoyo Humanitario. Lo hizo con un mensaje enfático: «¡No más contratos emergentes!».

Así lo recalcó Núñez al calificar a la ley como un instrumento que «lesionó derechos fundamentales, como la estabilidad laboral y la igualdad de oportunidades».

La conocida como Ley Humanitaria fue aprobada para combatir la crisis sanitaria por la pandemia de Covid – 19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el fin de la pandemia en mayo de 2023.

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Para la titular del Ministerio de Trabajo es urgente la derogatoria de los artículos 16 al 23 del Capítulo III de dicha ley. Así mismo ha pedido que se derogue el capítulo III del Reglamento General de la ley.

“El contrato emergente se creó con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de la producción y las fuentes de ingresos en situaciones de emergencia; sin embargo, dado que la crisis sanitaria por COVID-19 ha terminado, la esencia de esta modalidad contractual pierde sentido y no se alinea con las garantías constitucionales para alcanzar la estabilidad y el empleo adecuado de los trabajadores”, agregó Núñez.

La propuesta de Núñez establece dos disposiciones generales:

  • No podrán aplicarse contratos emergentes ni renovarse en caso que estos se encuentren vigentes por primera vez, a partir de la promulgación de esta ley.
  • Los contratos emergentes vigentes serán aplicables hasta su finalización y no podrán ser renovados en caso de que sean realizados por primera vez.
 

 

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) reactivó por tercera vez una denuncia presentada contra el presidente Daniel Noboa por presuntas infracciones a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas.

El juez del TCE, Ángel Torres Maldonado, emitió un auto de sustanciación el 8 de julio de 2024, donde aceptó el recurso de apelación que fue interpuesto por el denunciante, Marlon Pasquel, al archivo dispuesto por él mismo el 26 de junio pasado.

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Torres Maldonado dispuso "remitir el expediente íntegro de la causa a la Secretaría General de este Tribunal para que proceda con el sorteo respectivo para determinar el juez sustanciador".

De esta forma, y tras un recurso de aclaración, el denunciante logró que esta causa fuese reactivada por tercera ocasión, si se toma en cuenta que fue archivada por dos ocasiones.

El 24 de mayo pasado ingresó el escrito original. Pasquel acusa al Primer Mandatario de haber hecho campaña anticipada y en funciones; intromisión de funciones y uso de recursos públicos, en la consulta popular del 21 de abril pasado. Cuando presentó la denuncia, la asesora de Gobierno, Diana Jácome, vinculó a Pasquel como pareja sentimental de una funcionaria que fue removida de la Vicepresidencia de la República.

 

Primicias

Tras la gestión realizada por la Prefectura de Zamora Chinchipe, esta provincia amazónica ya cuenta con la marca “ZCH 5500 Certificación de Cacao Originario”, producto de un esfuerzo conjunto de la Mesa Nacional en pro del origen del Cacao en Ecuador, liderada por la Cancillería, y de la cual la Prefectura es parte desde junio 2023.

La marca de certificación tiene como objetivo generar un proceso de protección, promoción y reconocimiento del cacao de almendra blanca, cuya domesticación inicial fue en Zamora Chinchipe. Esta certificación permite que “nuestro cacao se diferencie y distinga de los otros cacaos en el mercado nacional e internacional, por su origen, calidad e historia”, sostuvo la Prefecta.

Los integrantes de la mesa nacional coincidieron en qué la Prefectura de Zamora Chinchipe sea el ente certificador de esta marca, por encontrarse en territorio y ser parte integral de trabajo productivo. La construcción de la marca fue realizada por el cooperante técnico Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y tras un proceso de consenso colectivo que llevó cerca de ocho meses de trabajo, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, puso en gaceta la marca.

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En una primera etapa, la marca está dirigida a potenciar el trabajo de productores u organizaciones productivas que tengan plantas o parcelas de cacao originario, en productos de cacao en baba, fermentado y seco. Una vez entregados los requisitos se procede armar un cronograma para visitar en campo a los productores y verificar si cumplen con el reglamento establecido, una vez superada esta etapa, se entregarán las licencias de uso de la marca de certificación.

En una segunda etapa la Prefectura de Zamora Chinchipe, también prevé certificar a emprendedores de chocolates de cacao originario, para ello el trámite ha sido ingresado al SENADI, en las próximas semanas se prevé la aprobación de estas marcas, que se distinguen por el volumen de cacao en cada chocolate: 50%, 60%, 70%, y 90%.

Para la respectiva inscripción los interesados pueden acudir a las instalaciones de AGROPZACHIN E.P., y entre los requisitos se encuentra: solicitud de uso de la marca; copia del Registro Nacional Agropecuario (RNA) y/o carnet emitido por el MAG; documento que certifica el origen de las plantas emitido por: MAG, INIAP, AGROPZACHIN, Academia; copia de la cédula de identidad (representante legal, organizaciones) y copia del registro de la Directiva (para organizaciones).

Entre los beneficios del uso de esta marca resaltan: participar en actividades de promoción y / o comercialización; recibir soporte para la correcta aplicación de la marca de certificación; ser sujeto de reconocimiento por parte de los consumidores; formar parte de campañas de difusión y posicionamiento de la marca a nivel nacional e internacional.

 

Prefectura de Zamora Ch.

El lunes 8 de julio de 2024, el Ministerio de Salud Pública ((MSP) recibió un nuevo lote del medicamento Factor VIII plasmático 250 UI y 500 UI para los pacientes con hemofilia A. La inversión para la compra de este medicamento fue de USD 1 millón 400 mil dólares.

La Autoridad Sanitaria constató y verificó el cargamento junto a su equipo técnico de Planta Central. Una vez recibido el lote, será distribuido a 20 hospitales del país, donde reciben atención integral los cerca de 850 pacientes con hemofilia a escala nacional.

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Con la compra de este lote de medicamento se garantiza el tratamiento de estos pacientes por el lapso de dos meses, mientras se agilizan próximos procesos de adquisición y compra progresiva de más medicamentos para satisfacer la demanda existente, así lo confirmó Joseph Alvarado, durante la recepción técnica del cargamento.

El lunes 8 de julio de 2024, el Ministerio de Salud Pública ((MSP) recibió un nuevo lote del medicamento Factor VIII plasmático 250 UI y 500 UI para los pacientes con hemofilia A. La inversión para la compra de este medicamento fue de USD 1 millón 400 mil dólares.

La Autoridad Sanitaria constató y verificó el cargamento junto a su equipo técnico de Planta Central. Una vez recibido el lote, será distribuido a 20 hospitales del país, donde reciben atención integral los cerca de 850 pacientes con hemofilia a escala nacional.

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Con la compra de este lote de medicamento se garantiza el tratamiento de estos pacientes por el lapso de dos meses, mientras se agilizan próximos procesos de adquisición y compra progresiva de más medicamentos para satisfacer la demanda existente, así lo confirmó Joseph Alvarado, durante la recepción técnica del cargamento.

Mediante resolución Nro. NAC-DGERCGC24-00000022, publicada el 10 de junio de 2024 en el Suplemento del Registro Oficial No. 575, se establecen las normas para la aplicación de sanciones desde una hasta treinta remuneraciones básicas unificadas por la no entrega de comprobantes de venta y la no trasmisión de comprobantes de venta electrónicos al Servicio de Rentas Internas (SRI).

Las sanciones se aplicarán por las siguientes infracciones:

  • No transmitir a la Administración Tributaria los comprobantes de venta electrónicos.
  • No entregar los comprobantes de venta.


También se considera como no entrega de comprobantes a los siguientes casos:

  • Comprobantes de venta físicos con autorización caducada.
  • Comprobantes de venta electrónicos sin que el contribuyente esté autorizado para su emisión.
  • Comprobantes de venta cuya autorización pertenezca a otro contribuyente.
  • Comprobantes de venta no autorizados.
  • Falta de envío de los archivos XML y la representación impresa del documento electrónico (RIDE) del comprobante al correo electrónico del cliente.

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A continuación, se adjunta la tabla de multas monetizada con la remuneración básica unificada del trabajador en general (RBU) aplicable al período fiscal 2024 (USD. 460,00).

Nota: Para la aplicación de sanciones a los contribuyentes RIMPE Emprendedor se verificarán sus características, de acuerdo con la tabla que antecede.

 

SRI.

La Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe) realizó un plantón para exigir el aumento de su margen de ganancia. Este lunes 8 de julio de 2024 los trabajadores y representantes del gremio protestaron en el palacio de Carondelet por atención de los ministerios a cargo.

Según el gremio, su margen de ganancia está congelado en 0,16 centavos por galón hace 21 años. Ahora exigen a los ministerios de Energía y Economía que se aplique el aumento de 0,06 centavos por galón de combustible.

De acuerdo con Ivo Rosero, presidente de la Camddepe, el margen de ganancia en países vecinos es más alto. Por ejemplo, en Colombia alcanza de 0,33 a 0,35 centavos por galón y en Perú 0,28 centavos por galón, mientras que en Ecuador se mantiene en 0,16 centavos por galón.

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«Se da el Decreto presidencial, suben 0,26 centavos y no nos dan nada», reclamó Rosero en el plantón en el centro de Quito. Además, alegó que a esa ganancia hay que restarle el valor del transporte.

También piden que en la ruralidad se aumente 0,04 centavos por galón extra al precio final pagado por el usuario. «Para que no sea la estación de servicio la que tenga que asumir y que ayude a subsidiar al Gobierno», replicó Carlos Salazar, representante de distribuidores del Azuay.

En caso de que no sean atendidas su exigencias, los distribuidores ya amenazan con tomar medidas drásticas. «Lo que sí podemos hacer es no facturar, podemos dejar de comprar», advirtió José Garzón, representante de los distribuidores de Bucay.

De acuerdo con el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, hay que revisar la rentabilidad del negocio gasolinero del país. Sin embargo, no adelantó medidas para solucionar el problema denunciado por los distribuidores.

 

Teleamazonas.

Este lunes 08 de julio de 2024, el Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que endurecen las penas de determinados delitos, como lo estableció la ciudadanía en la consulta popular del 21 de abril. También se reformó el procedimiento para la extinción de dominio.

Una Comisión Ocasional Multipartidista fue la encargada de tramitar el informe para ponerlo a debate del Pleno. El presidente de la mesa legislativa, Carlos Vera Mora, mocionó la aprobación del documento, que tuvo unanimidad en la votación, con 132 votos afirmativos de 132 legisladores presentes del correísmo, PSC, Construye e independientes.

Con esto, los siguientes delitos ahora tendrán las siguientes penas de cárcel:

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  • El delito de terrorismo pasa de 10 años de prisión a 26 años. La financiación del terrorismo se sancionará con entre 22 y 26 años de cárcel.
  • El tráfico de drogas pasa de 13 a 26 años de cárcel.
  • El secuestro se sanciona ahora con 26 años de cárcel. Antes eran 22 años de prisión.
  • El sicariato con hasta 30 años de cárcel, cuando antes era de 26.
  • La minería ilegal pasa de 7 a 20 años de cárcel.
  • La trata de personas va entre 19 y 22 años de cárcel. Pero puede llegar hasta los 30 si la víctima muere.
  • El lavado de activos tendrá una pena de 5 a 7 años de prisión cuando el monto del delito es inferior a los 100 SBU. Pero una pena de 19 a 22 años si el monto del delito es superior a los 200 SBU.
  • La delincuencia organizada se castigará con pena de entre 22 y 26 años de cárcel.
  • La tenencia de armas de uso privativo policial y militar se castigará entre 10 a 13 años de cárcel y el porte de 19 a 22 años de prisión.

 

En cuanto a la extinción de dominio se establece que no se necesita una sentencia para iniciar la investigación y la fase para el traspaso de los bienes al Estado.

 

Ecuavisa.

Este miércoles 03 de julio de 2024, el Ministerio de Salud informó que en el país se registran dos primeros casos de KP.2 o FLiRT, la nueva variante de covid-19, se trata de un hombre y una mujer.

El primer caso corresponde a un hombre de 24 años mientras que el segundo se trata de una mujer de 42 años. Ambos en la provincia de Cotopaxi y tienen aplicadas dosis de vacuna contra el coronavirus, detalló la Cartera de Estado.

También confirmó que no registran antecedentes de patologías y están estables en sus domicilios. No obstante, el Ministerio de Salud mantiene «la vigilancia epidemiológica comunitaria para garantizar una respuesta oportuna de contención de esta nueva variante«.

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Las autoridades recordaron que la variante FLiRT no ha demostrado ser grave pero es muy contagiosa. Por lo que, ante la presencia de síntomas respiratorios es importante tomar las medidas de bioseguridad como: higiene de manos, utilización de la mascarilla y aislamiento.

Los síntomas de la variante FLiRT son similares a los de una gripe estacional:

  • Fiebre
  • Dolor muscular y de cabeza
  • Escalofríos
  • Problemas respiratorios

Sin embargo, la variación es que también puede existir pérdida de olfato o gusto y síntomas gastronintestinales. 

 

Teleamazonas

Estados Unidos anunció que en las próximas semanas Panamá comenzará a deportar a los migrantes que crucen la peligrosa selva de Darién. Así lo había advertido el presidente recién posesionado, José Raúl Mulino.

"Van a haber repatriaciones en las semanas que vienen", señaló Eric Jacobstein, subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, en conferencia de prensa telefónica.

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Eso, tras un acuerdo con el presidente panameño, José Raúl Mulino. El acuerdo contempla un aporte de Estados Unidos de USD 6 millones para financiar las repatriaciones.

El lunes, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, firmó con el nuevo canciller panameño, Javier Martínez-Acha, un convenio en que su gobierno se compromete a "cubrir el gasto" de la repatriación de migrantes que crucen Darién.

El acuerdo forma parte del plan del nuevo presidente panameño de frenar el paso a los migrantes que desde Suramérica tratan de llegar a Estados Unidos a través de la frontera selvática con Colombia.


Primicias

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