Este lunes 15 de julio, mediante rueda de prensa la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros (Fenacotip) anunció la decisión de suspender la convocatoria o paralización de la protesta por el alza de precio en combustibles y la inseguridad en las vías.

"La medida queda suspendida por el estado de excepción (...) Ese tema que habíamos decidido como un llamado al Gobierno Nacional, al parecer lo subestimaron, y no estamos para tratar el tema", dijo Abel Gómez, dirigente de la Fenacotip.

Según dijo Gómez, el anuncio del llamado 'apagado de motores' de las unidades fue subestimado por el Gobierno de Daniel Noboa, y al que acusó de una "intromisión política en nuestras actividades y decisiones".

Por ello, Gómez adelantó que la Fenacotip se retira de las mesas de diálogo con el Ejecutivo, puesto que en palabras del dirigente, "estas no han funcionado".

El siguiente paso de los choferes será convocar a una asamblea nacional del gremio para radicalizar una protesta, aunque Gómez no indicó cuándo será esto.

"Si nuestra gente sigue muriendo en la vías, sigue sin resolverse sus asuntos, es más que justificada una medida", añadió Gómez. 

La Ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, confirmó a PRIMICIAS que en 90 días; es decir, en octubre, está previsto que el Ejecutivo emita el reglamento para la Ley de Empresas Públicas.

Se trata de una ley promulgada en 2009, que durante 15 años no ha tenido un reglamento. La prioridad para emitir este reglamento es eliminar las cuestionadas remuneraciones variables para los trabajadores de las empresas públicas amparados bajo contratos colectivos. Las remuneraciones variables son bonos en efectivo que reciben los trabajadores amparados a contratos colectivos, como recompensa por hacer su trabajo con eficiencia.

Según Núñez, al año, el pago de remuneraciones variables a los empleados de cuatro empresas públicas representa un gasto de USD 40 millones. La Ministra se refiere a los contratos colectivos de: El holding estatal Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec), la empresa distribuidora Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), el contrato colectivo de la petrolera estatal Petroecuador y el de la empresa pública de telecomunicaciones Corporación Nacional de Electricidad (CNT).

Es difícil saber cuánto gana cada trabajador por este bono y cómo se calcula para definir si lo merecen o no. Los cuatro contratos colectivos tienen cláusulas que mencionan que esta remuneración variable se pagará conforme a lo que establezcan los "instructivos", "normativa vigente" o "reglamentos" aprobados por la gerencia o directiva de la empresa, pero no dan más detalles. El pasado 1 de julio, el Ministerio de Trabajo ya pidió a la Contraloría que revise los contratos colectivos de estas cuatro empresas públicas. Y ese organismo dijo que iniciará análisis preliminares a esos documentos.

Núñez dijo que espera que tras ese análisis del ente de control, los cuatro documentos queden anulados, "por no cumplir con las leyes pertinentes". Así, los sindicatos de las cuatro empresas tendrían que volver a negociar los contratos colectivos con los directivos y ya no estará permitido que ganen remuneraciones variables, agregó.

La Ministra dice que los sindicatos de las empresas públicas han "aprovechado el vacío legal" por la falta del reglamento, para calcular por su propia cuenta las remuneraciones variables. Aunque la Ley de Empresas Públicas permite el pago de la remuneración variable, ella dice que es grave que se haya estado aplicando el beneficio si nunca hubo un reglamento a la ley. "Es grave. La ley nunca tuvo reglamento y, al no tenerlo, ¿quién estableció el pago de la remuneración variable y cómo lo estableció?", dice Núñez.

Primicias.

La Prefectura de Zamora Chinchipe realizó la entrega de la nueva vía de conexión entre las comunidades de Peña Blanca con El Cisne, pertenecientes a la parroquia 28 de mayo. Son 3.3 km de conectividad vial que ahora benefician a más de 20 familias.

En esta comunidad los moradores que se dedican a la ganadería, y también a la agricultura de productos como: yuca, plátano y papachina, tenían inconvenientes al momento de trasladar sus productos para comercializarlos en Yacuambi y en el cantón de Saraguro (provincia de Loja).

Rosa Lozano, y su familia ahora pueden transportar con mayor seguridad el ganado que se produce en la zona de El Cisne, aduce que antes tenían que vender el ganado en finca lo que significaba menos ganancia económica.

Durante la entrega oficial la prefecta Karla Reátegui, dijo que con obras le cumple a las comunidades, donde se priorizan vías para fomentar la producción y puedan llegar más servicios de salud, educación… “somos una Prefectura que cumple” señaló la autoridad no sin antes agradecer a los trabajadores por su compromiso con la provincia.

En el cantón Yacuambi también se ejecutan trabajos de asfaltado de la vía Muchime -28 de mayo; apertura de la vía Namacuntza Bajo, Namacuntza Alto, además del mantenimiento vial rural, ejecución de programas sociales, turísticos y productivos.

Prefectura de Zamora Ch.

El Gobierno de Daniel Noboa presentó una denuncia penal contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus dos hermanos, otras cinco personas y dos compañías por presunto comercio irregular de combustibles, así se dio a conocer este viernes 12 de julio del 2024.

La denuncia fue presentada por el director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Franklin Erreyes. En ella se pide indagar al Burgoamestre, sus hermanos, la Compañía Fuelcorp S. A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A.

En el escrito entregado en la Fiscalía se indica que la Coordinación Técnica de Regulación y Control Hidrocarburífero puso en conocimiento del Servicio de Rentas Internas (SRI) «posibles diferencias entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador EP y el volumen facturado por varias estaciones de servicios».

Erreyes afirma que tras las investigaciones se conoció que Copedesa Gasgrupco S.A. y Fuelcorp S. A., «habrían comercializado sin la debida autorización productos hidrocarburíferos».

En este proceso se detalla que Fuelcorp S. A. ha realizado ventas significativas a cuatro contribuyentes, que no cuentan con registro y que se presumen son comercializadoras. «Se ha podido identificar que se está abasteciendo en cantidades inusuales«, indicó.

De igual forma, se señala que «se está abasteciendo de gasolina Extra a vehículos, que por su estructura, tamaño y motor deberían ser abastecidos de Diésel o a la inversa». 

La denuncia se presenta días después del intercambio de declaraciones entre el presidente Daniel Noboa y el alcalde Aquiles Álvarez por la garantía soberana para que Guayaquil acceda a un crédito y empezar con el proyecto de agua potable en el sector de Monte Sinaí.

Teleamazonas.

El asambleísta por el movimiento Construye, Paúl Buestán, presentó una propuesta para eliminar los artículos de la Ley de Servicio Público, que ordena el pago de pensiones vitalicias a expresidentes y vicepresidentes.

Para el legislador es un sinsentido que personas que ya nos son servidores públicos, no prestan servicio alguno al país y algunos incluso viven fuera o están prófugos, se sigan beneficiando de una norma hecha para funcionarios estatales.

"Por otro lado, con tantas necesidades en Ecuador en el tema salud o seguridad, se sigue destinando aproximadamente USD 85.000 mensuales para pagar a 27 privilegiados del país", señaló Buestán.

La idea del legislador es que se retire a todos, sin excepción, incluyendo a aquellos expresidentes y exvicepresidentes que al momento las recibe. "La mayoría no ha terminado ni su periodo, otros no viven en el país y, en otros casos, sus herederos cobras la pensión".

No es la primera vez que se platea la eliminación de este privilegio para expresidentes y vicepresidentes. En 2023, la Asamblea Nacional ya trató una propuesta similar, pero que terminó con un resultado distinto. Se decidió que los exmandatarios recibirían solo el 75% de lo que fue su salario cuando estuvo en funciones y ya no el 100%.

Buestán recordó que el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, ambos condenados en el caso Sobornos, tienen suspendida la entrega de esas pensiones. "Pero al estar suspensas, cualquier cosa puede pasar en la administración de justicia, sobre todo en este país, en donde se ha visto barbaridades y con el tiempo pueden seguir percibiendo valores del Estado ecuatoriano", agregó.

Primicias

El nuevo ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, durante en la feria minera Expominas, en Quito manifestó que el Gobierno trabajará en la actualización del catastro minero y en una "política minera robusta", con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Goncalves estuvo presente en la inauguración de la decimoséptima edición de Expominas, la mayor feria del sector minero de Ecuador, que comenzó el 10 de julio con la participación de 400 empresas de una docena de países. La apertura y actualización del catastro es una antigua promesa gubernamental al sector minero. Desde inicios del Gobierno de Guillermo Lasso, en 2021, se ha hablado de ello, pero ese anuncio nunca llegó a concretarse por la oposición del movimiento indígena.

En la inauguración de la Expomina, el gremio minero hizo un llamado a acelerar el paso para el desarrollo de más minas industriales en Ecuador, una etapa que el país inició hace apenas cinco años.

Desde las principales empresas del sector privado se instó a las autoridades estatales a agilizar los trámites de una serie de minas a gran escala que están a la espera de permisos de exploración y de explotación.

El titular de la Cartera de Energía y Minas aseguró que el Gobierno reconoce a la minería como uno de los motores de la economía nacional, tanto por la alta inversión como por el empleo que este sector genera.

"Entendemos las incertidumbres y desafíos que enfrenta el sector minero y estamos comprometidos a reducirlas y mitigarlas, mediante una política clara y abierta", añadió Goncalves.

Primicias. 

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de derogatoria del Capítulo III de la Ley de Apoyo Humanitario. Lo hizo con un mensaje enfático: «¡No más contratos emergentes!».

Así lo recalcó Núñez al calificar a la ley como un instrumento que «lesionó derechos fundamentales, como la estabilidad laboral y la igualdad de oportunidades».

La conocida como Ley Humanitaria fue aprobada para combatir la crisis sanitaria por la pandemia de Covid – 19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el fin de la pandemia en mayo de 2023.

Para la titular del Ministerio de Trabajo es urgente la derogatoria de los artículos 16 al 23 del Capítulo III de dicha ley. Así mismo ha pedido que se derogue el capítulo III del Reglamento General de la ley.

“El contrato emergente se creó con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de la producción y las fuentes de ingresos en situaciones de emergencia; sin embargo, dado que la crisis sanitaria por COVID-19 ha terminado, la esencia de esta modalidad contractual pierde sentido y no se alinea con las garantías constitucionales para alcanzar la estabilidad y el empleo adecuado de los trabajadores”, agregó Núñez.

La propuesta de Núñez establece dos disposiciones generales:

• No podrán aplicarse contratos emergentes ni renovarse en caso que estos se encuentren vigentes por primera vez, a partir de la promulgación de esta ley.
• Los contratos emergentes vigentes serán aplicables hasta su finalización y no podrán ser renovados en caso de que sean realizados por primera vez.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) reactivó por tercera vez una denuncia presentada contra el presidente Daniel Noboa por presuntas infracciones a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas.

El juez del TCE, Ángel Torres Maldonado, emitió un auto de sustanciación el 8 de julio de 2024, donde aceptó el recurso de apelación que fue interpuesto por el denunciante, Marlon Pasquel, al archivo dispuesto por él mismo el 26 de junio pasado.

Torres Maldonado dispuso "remitir el expediente íntegro de la causa a la Secretaría General de este Tribunal para que proceda con el sorteo respectivo para determinar el juez sustanciador".

De esta forma, y tras un recurso de aclaración, el denunciante logró que esta causa fuese reactivada por tercera ocasión, si se toma en cuenta que fue archivada por dos ocasiones.

El 24 de mayo pasado ingresó el escrito original. Pasquel acusa al Primer Mandatario de haber hecho campaña anticipada y en funciones; intromisión de funciones y uso de recursos públicos, en la consulta popular del 21 de abril pasado. Cuando presentó la denuncia, la asesora de Gobierno, Diana Jácome, vinculó a Pasquel como pareja sentimental de una funcionaria que fue removida de la Vicepresidencia de la República.

Primicias

Tras la gestión realizada por la Prefectura de Zamora Chinchipe, esta provincia amazónica ya cuenta con la marca “ZCH 5500 Certificación de Cacao Originario”, producto de un esfuerzo conjunto de la Mesa Nacional en pro del origen del Cacao en Ecuador, liderada por la Cancillería, y de la cual la Prefectura es parte desde junio 2023.

La marca de certificación tiene como objetivo generar un proceso de protección, promoción y reconocimiento del cacao de almendra blanca, cuya domesticación inicial fue en Zamora Chinchipe. Esta certificación permite que “nuestro cacao se diferencie y distinga de los otros cacaos en el mercado nacional e internacional, por su origen, calidad e historia”, sostuvo la Prefecta.

Los integrantes de la mesa nacional coincidieron en qué la Prefectura de Zamora Chinchipe sea el ente certificador de esta marca, por encontrarse en territorio y ser parte integral de trabajo productivo. La construcción de la marca fue realizada por el cooperante técnico Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y tras un proceso de consenso colectivo que llevó cerca de ocho meses de trabajo, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, puso en gaceta la marca.

En una primera etapa, la marca está dirigida a potenciar el trabajo de productores u organizaciones productivas que tengan plantas o parcelas de cacao originario, en productos de cacao en baba, fermentado y seco. Una vez entregados los requisitos se procede armar un cronograma para visitar en campo a los productores y verificar si cumplen con el reglamento establecido, una vez superada esta etapa, se entregarán las licencias de uso de la marca de certificación.

En una segunda etapa la Prefectura de Zamora Chinchipe, también prevé certificar a emprendedores de chocolates de cacao originario, para ello el trámite ha sido ingresado al SENADI, en las próximas semanas se prevé la aprobación de estas marcas, que se distinguen por el volumen de cacao en cada chocolate: 50%, 60%, 70%, y 90%.

Para la respectiva inscripción los interesados pueden acudir a las instalaciones de AGROPZACHIN E.P., y entre los requisitos se encuentra: solicitud de uso de la marca; copia del Registro Nacional Agropecuario (RNA) y/o carnet emitido por el MAG; documento que certifica el origen de las plantas emitido por: MAG, INIAP, AGROPZACHIN, Academia; copia de la cédula de identidad (representante legal, organizaciones) y copia del registro de la Directiva (para organizaciones).

Entre los beneficios del uso de esta marca resaltan: participar en actividades de promoción y / o comercialización; recibir soporte para la correcta aplicación de la marca de certificación; ser sujeto de reconocimiento por parte de los consumidores; formar parte de campañas de difusión y posicionamiento de la marca a nivel nacional e internacional.

Prefectura de Zamora Ch.

El lunes 8 de julio de 2024, el Ministerio de Salud Pública ((MSP) recibió un nuevo lote del medicamento Factor VIII plasmático 250 UI y 500 UI para los pacientes con hemofilia A. La inversión para la compra de este medicamento fue de USD 1 millón 400 mil dólares.

La Autoridad Sanitaria constató y verificó el cargamento junto a su equipo técnico de Planta Central. Una vez recibido el lote, será distribuido a 20 hospitales del país, donde reciben atención integral los cerca de 850 pacientes con hemofilia a escala nacional.