Estos acuerdos eliminan las restricciones aéreas entre las naciones firmantes y permiten la llegada de nuevas aerolíneas al país.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, firmó memorandos de entendimiento con Estados Unidos, Kuwait, Chile y República Dominicana para mantener una política de cielos abiertos.

Estos acuerdos eliminan las restricciones aéreas entre las naciones firmantes y permiten la llegada de nuevas aerolíneas al país.

La forma se realizó en Bogotá durante la XIII Conferencia Internacional de Negocios de Acuerdos Aéreos (ICAN2021).

Estos convenios posicionarán al Ecuador en el radar empresarial, productivo y turístico del mundo.

Las alianzas son complemento al Decreto Ejecutivo Nro. 180 del 2 de septiembre de 2021, emitido por el presidente Guillermo Lasso, mediante el cual dispone: “Establecer una tarifa cero por ciento (0%) del Impuesto a la Salida de Divisas a las transferencias, envíos o traslados de divisas que realicen las aerolíneas extranjeras autorizadas a operar en el país y que cuenten con el documento que acredite que han sido designadas por su autoridad aeronáutica para explotar un servicio internacional, sea este de pasajeros, carga y correo en forma combinada o de carga exclusiva en el Ecuador”.

“Este día es importante para el país, los memorandos de Cielos Abiertos que firmamos hoy unen al Ecuador con el mundo, nuestros socios comerciales están más cerca, esto significa más trabajo y un paso firme para la reactivación”, dijo Cabrera.

El acuerdo de Cielos Abiertos genera ventajas y beneficios para los pasajeros. Esta política tendrá un impacto directo en la economía ecuatoriana, en el crecimiento en el sector empresarial, la manufactura, la agricultura y especialmente el turismo. 

El Universo

Luego del primer debate el proyecto regresará a la mesa de Justicia para el análisis del informe para segundo y definitivo debate

En medio de plantones a favor y en contra, la Asamblea Nacional tiene previsto, este 9 de diciembre, abrir el primer debate del proyecto de ley orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.

Los grupos provida y feministas se autoconvocaron para este jueves en las inmediaciones de la Asamblea Nacional para plantones y dar a conocer su posición frente al informe presentado por la Comisión de Justicia del Parlamento, que fue la encargada de procesar la propuesta de la Defensoría del Pueblo respecto a la garantía del aborto en caso de violación.

La Asamblea entra a debatir este polémico tema tras el dictamen de la Corte Constitucional que en abril del 2021 determinó que es inconstitucional el numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que penalizaba el aborto por violación, porque únicamente permitía la interrupción del embarazo en caso de mujeres con discapacidad mental víctimas de violación. Esta disposición le pareció discriminatoria al máximo organismo de control constitucional.

La sesión del pleno está convocada para las 09:30, pero antes las organizaciones vinculadas a la temática serán recibidas en comisión general en el pleno, posteriormente se dará lectura al informe y luego cada legislador podrá dar a conocer su posición en un tiempo de diez minutos. Los sectores autoconvocados esperan realizar algunas acciones de protesta a favor y en contra del informe de la comisión, en el que se destacan tres nudos críticos: el primero relacionado con el tiempo en que se podrá interrumpir el embarazo, los requisitos y la objeción de conciencia de los médicos.

La falta de definición por parte de la mesa legislativa del tiempo en que se puede interrumpir el embarazo en casos de violación causó polémica entre legisladores y activistas. Unos plantean que el aborto podría permitirse hasta la quinta semana y otros que se deje abierta la posibilidad de interrumpir el embarazo. Será en el debate donde se muestren las posturas y luego la comisión recogerá las observaciones para el primer informe.

El proyecto tiene por objeto garantizar, proteger y regular el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes a la interrupción legal y voluntaria de su embarazo producto de violencia sexual, garantizando sin discriminación su dignidad, autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La ley rige en todo el territorio ecuatoriano, será de observancia, aplicación y cumplimiento por toda persona ecuatoriana y extranjera que se encuentre o actúe en este territorio.

Será de aplicación obligatoria por parte de todas las personas operadoras de salud, por los servicios y establecimientos públicos y privados del sistema nacional de salud, por las entidades nacionales y locales que conforman el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia.

Toda niña, mujer, adolescente y persona gestante cuyo embarazo sea producto de violencia sexual que se encuentre en territorio ecuatoriano y que solicite interrumpir su embarazo estará amparada por las disposiciones de esta ley.

La Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción Pro-Cultura Occidental, institución provida, entregará a las 09:00 más de 100.000 firmas en rechazo a la despenalización del aborto en casos de violación, y expresan a través del vocero José Ignacio Gómez que el punto preocupante es que el proyecto prevé el aborto hasta el noveno mes de embarazo.

Además considera que con el proyecto en debate se pretende consagrar al aborto como derecho, promover el aborto con fondos públicos, obligar a los médicos e instituciones a practicar abortos y dejar en la impunidad a los violadores, pues no se ocupa de que sean denunciados ante las autoridades.

Las peticiones de este colectivo son tres:

Que se respete el artículo 45 de la Constitución de la República, que protege la vida desde la concepción, consagración jurídica del quinto mandamiento de la Ley de Dios: “No matarás”.

Que se realice una reforma constitucional que logre que la Corte Constitucional se ajuste a los elementales principios de responsabilidad y juridicidad, respondiendo por sus decisiones y sentencias ante sus mandantes, los ciudadanos, garantizando que las decisiones sensibles para la generalidad de los ecuatorianos, emitidas por la Corte –muy especialmente aquellas que atañen a aspectos de conformación moral, histórica y sociológica–, puedan ser efectivamente sometidas a plebiscito, al tiempo que se garantice la responsabilidad de sus integrantes por el abuso de sus cargos y desviación de poder.

Que se utilicen todos los medios jurídicos necesarios para revertir la nefanda sentencia 34-19- IN/21 de la Corte Constitucional, que despenalizó de modo amplio el llamado aborto por violación, dictando así sentencia de muerte contra innumerables inocentes. Asimismo, solicitamos que se apliquen los mecanismos jurídicos que aseguren el respeto legal de las convicciones de la mayoría católica del país sobre la familia y la moral.

Por ello, este grupo solicita a la presidencia de la Asamblea Nacional que regrese el proyecto a la Comisión de Justicia y sea este corregido en función de lo que demanda la sociedad ecuatoriana, que es la protección del nasciturus desde la concepción, denuncia y penas ejemplares para los violadores, la libertad de objetar libremente la práctica de un aborto y la supresión de cualquier tipo de propaganda abortista.

El Universo

El presidente Guillermo Lasso señaló que el Gobierno busca abrir la provisión de energía eléctrica al sector privado.

La mañana de este miércoles 8 de diciembre, el presidente Guillermo Lasso y otras autoridades del Ejecutivo se reunieron con el ministro delegado de Comercio Exterior y Atractivo de Francia, Franck Riester, y empresarios de ese país para analizar las posibilidades de inversión en Ecuador.

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, manifestó que las autoridades y los inversionistas franceses están dispuestos a ampliar las inversiones en Ecuador, principalmente, con empresas relacionadas a energía renovable, eólica, fotovoltaica y solar.

Además de las visitas de bancos de inversión y privados franceses, y empresas de logística, transporte, tecnología ferroviaria, dijo Prado, al hacer referencia a las obras del Metro de Quito y aerovías que se construyen en otras partes del país.

También se acordó cooperación técnica en pesca sostenible por la “tarjeta amarilla” impuesta a Ecuador hace dos años y que perjudica las exportaciones; y el desarrollo en industrias creativas y de gastronomía.

Respecto al acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), Ecuador quiere aprovechar la presidencia pro tempore de Francia para ampliar importaciones y exportaciones de ese país.

Lasso informó que el Gobierno creó la Secretaría de Alianzas Público Privadas, que tendrá como objetivo principal el enlace de inversionistas locales e internacionales, y dijo que hay sectores en Ecuador que son “paraísos de oportunidades” para energías no renovables.

El mandatario habló sobre la inversión de una empresa francesa en autos eléctricos y agregó que se busca “abrir la provisión de energía eléctrica al sector privado también”. Recordó que el portafolio de proyectos de inversiones es de $30.000 millones.

En tanto, Riester señaló que hay muchos retos en temas de calentamiento global y preservación del medio ambiente, que busca reforzar los vínculos empresariales y la optimización del acuerdo de libre comercio entre la UE y Ecuador.

La economía azul y la preservación de los recursos marinos, y la economía sostenible también son temas de interés para los franceses, indicó Riester. 

El Universo

Dentro del periodo de renovación del estado de excepción en las cárceles por treinta días más, el presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 280 para delegar al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) las competencias para la contratación de obras de construcción y remodelación en el Sistema de Rehabilitación Social.

Se incluyen obras de adecentamiento, restauración, adecuación, modificación e incorporación de áreas.

El SNAI podrá encargarse de todo el proceso precontractual y contractual de las obras, incluida la elaboración de pliegos, la adjudicación de los contratos, la organización de la fiscalización y supervisión de la ejecución.

En un término no mayor de noventa días, el Servicio deberá coordinar las acciones necesarias para la ejecución del decreto ejecutivo con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En agosto, el Gobierno anunció la inversión de $ 75 millones para reestructurar el sistema penitenciario. En ese entonces, Fausto Cobo, director del SNAI, dijo que esos recursos no se utilizarían para construir más cárceles, sino para adecuaciones a pabellones, la adecuación de un centro penitenciario de máxima seguridad y de uno más pequeño de “máxima, máxima seguridad”.

También se anunciaron acciones, en seis meses, para reparaciones en tecnología e infraestructura y, en dos años, para solucionar el hacinamiento.

Este anuncio se hizo luego de los asesinatos ocurridos en julio de este año en dos centros penitenciarios.

Con el asesinato de 62 reos en la Penitenciaría del Litoral, en noviembre, Lasso señaló que la seguridad es la prioridad número uno del Gobierno y que la intervención con infraestructura y tecnología en el sistema es uno de los mecanismos que implementan para intentar superar la crisis carcelaria.

Luego de los últimos ataques en la Penitenciaría del Litoral, también está pendiente la reconstrucción de varias paredes que fueron destruidas por los internos para lograr pasar a otro pabellón y cometer los asesinatos. 

El Comercio.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) arremetió contra la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y el jefe de bloque de Pachakutik, Rafael Lucero, tras la resolución del caso Pandora Papers en el Pleno.

La organización difundió este miércoles, 8 de diciembre de 2021, un comunicado suscrito por el Consejo de Gobierno de esta organización indígena liderada por Leonidas Iza, después de que el Parlamento rechaza una moción del correísmo que apuntaba a la destitución del presidente Guillermo Lasso por supuestos vínculos con paraísos fiscales.

En el documento, la organización dijo que rechaza y denuncia públicamente que un sector de la bancada de Pachakutik, encabezado por Llori, Lucero y la dirección nacional de este movimiento, “viene actuando abiertamente protegiendo los intereses del Gobierno”.

“Estos hechos pondremos a consideración de las organizaciones base para tomar resoluciones”, advirtió.

El primero en reaccionar fue Lucero. “Pachakutik es un movimiento que respeta las decisiones y posiciones de cada ser humano. La bancada está compuesta por 25 seres humanos que tenemos diversidad de pensamiento”, dijo.

Lucero reconoció que, en medio de la sesión del Pleno, donde se debatía el informe del caso Pandora Papers, hubo un altercado con Mario Ruiz, asambleísta de Pachakutik, pero que al final la mayor parte de la bancada respaldó a la moción de la Izquierda Democrática (ID) para exhortar a una comparecencia del presidente Lasso al Pleno de la Asamblea.

“Esa es la democracia. Con todo respeto que se merece el presidente de la Conaie, voy a ser muy enfático: una cosa es la Conaie, otra cosa es Pachakutik”, remarcó.

Lucero añadió que las estructuras y reglamentos de la Conaie y Pachakutik son distintos porque la primera es una organización social y la otra política. Subrayó que a la Asamblea Nacional “se llega con voto popular”.

“A quien debo yo mi posición es a los votantes de mi provincia de Chimborazo, a quienes trabajaron junto con nosotros haciendo campaña. Hoy, con todo respeto, Leonidas Iza no nos puede decir qué tenemos que hacer”, agregó.

Aseguró que Pachakutik no está ni con el correísmo ni con el Gobierno y que en la sesión del Pleno se pretendía imponer tesis que no fueron consensuadas con la bancada, como respaldar el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que pretendía Ruiz y José Cabascango, también asambleísta de Pachakutik y presidente de la mencionada comisión.

La Conaie, en cambio, dijo respaldar las posiciones de Ruiz y Cabascango, pese a que otros asambleístas de Pachakutik denunciaron irregularidades en la elaboración del expediente del caso.

El Comercio.

Se adquirirán 200 tipos de medicamentos, a través de un régimen especial. Las entidades destinarán alrededor de $ 50 millones para la transacción.

Ante los constantes reclamos de usuarios por la falta de medicamentos, las máximas autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad (IESS), Ximena Garzón y Francisco Cepeda, respectivamente, anunciaron que este mes, antes de que acabe el año, el problema tendrá una solución.

Las dos entidades realizarán una compra conjunta, masiva e inmediata de alrededor de 200 tipos de medicinas, para todo tipo de patologías. Para ello, el MSP destinará alrededor de $ 30 millones, mientras que el IESS aportará con $ 20 millones. El mecanismo de adquisición se hará mediante un régimen especial que involucra a una empresa pública.

Garzón explicó que la empresa pública -no especificó de cuál se trata- será contratada por el MSP y el IESS para que se encargue de conseguir los medicamentos con las farmacéuticas y abastecer a las unidades médicas. Es un proceso especial que se realizará por esta única ocasión, aclaró la ministra, mientras se concretan soluciones definitivas y a largo plazo, como la externalización de las farmacias.

Esta compra masiva permitirá suministrar medicinas durante los siguientes cinco meses a todo el sistema de salud pública y a la seguridad social.

Se prevé que a partir de marzo del 2022 esté listo un nuevo sistema, con el cual los usuarios podrán acercarse a cualquier farmacia con su receta. La factura se remitirá al MSP o al IESS, según corresponda, dijo Garzón. El mecanismo permitirá monitorear qué medicinas se entregan a cada paciente, también incluirá trazabilidad y facilidad de acceso al historial clínico de cada paciente, entre otros aspectos.

La ministra de Salud señaló que el problema no es reciente, sino que desde 2019 no se ha abastecido a las unidades médicas y se debe a varios factores, incluido el desconocimiento de los procesos de contratación pública por parte de algunos funcionarios. Durante los siete meses del actual gobierno se han hecho evaluaciones y correctivos, añadió.

Garzón hizo un llamado a las empresas farmacéuticas, así como a los distribuidores, a “apoyar el hombro”, así como pasó con la vacunación contra el COVID-19, en lo que calificó como un problema que no solo le compete al Gobierno.

El presidente del Consejo Directivo del IESS, por su parte, expresó que al asumir el cargo, en octubre pasado, el nivel de desabastecimiento era del 70 %, en promedio. En el transcurso de los últimos meses se ha logrado que la capacidad de suministro sea del 54 %, lo cual se ha conseguido por mecanismos de subasta inversa y compras de ínfima cuantía.

Cepeda anotó que la operación conjunta con el MSP agilita los trámites, permite reducir costos y representa “un golpe a la corrupción” porque se dejarán de hacer compras aisladas y discrecionales. Aseguró, además, que una vez que se ejecute la adquisición masiva el abastecimiento subirá al 80 %; lo restante corresponderá a temas muy puntuales que requieren un tratamiento diferente.

Así mismo, informó que, tras un análisis, se resolvió separar a varios funcionarios del IESS por no haber brindado soluciones oportunas anteriormente.

María Sara Jijón, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), indicó que el compromiso de la entidad es apoyar a todas las instituciones con capacitación y planificación.

En cuanto a la catalogación de medicamentos, Jijón mencionó que en octubre el MSP remitió las fichas técnicas de 780 medicinas del cuadro básico y ahora el Sercop trabaja en el estudio de mercado con distintos proveedores. Aclaró que todavía no se ha catalogado oficialmente ningún producto, hasta que el presidente de la República, Guillermo Lasso, emita un decreto ejecutivo con el nuevo modelo de gestión.

Horas después de la rueda de prensa en la que se hizo el anuncio, el presidente Guillermo Lasso se pronunció en redes sociales y destacó que, de manera simultánea a la compra masiva, “se trabaja en la implementación de un nuevo modelo de abastecimiento permanente y oportuno de medicamentos que permitirá resolver de forma rápida, ágil y transparente la adquisición de fármacos e insumos necesarios”, dijo. 

El Universo

El presidente Guillermo Lasso señaló este miércoles 8 de diciembre del 2021 que no acudirá al Pleno de la Asamblea Nacional, ante el pedido de su presencia para dar explicaciones sobre el caso Pandora Papers.

“Mandaré una carta con el informe de la Controlaría que es contundente y claro. No hace falta que yo asista”, señaló en entrevista con periodistas.

El último martes, el Pleno de la Asamblea decidió no aprobar el informe del caso Pandora Papers, elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales y determinó únicamente exhortar al presidente Lasso a que acuda para explicar su presunta vinculación en dicho tema. 

En el espacio de entrevista, Lasso se refirió también a la entrada en vigencia de la Ley para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia covid-19. “Se ha cumplido con la norma constitucional; por lo tanto, la ley es legal y legitima”, afirmó.

Descartó que haya llegado a acuerdos con la bancada correísta para el paso de esta ley. “No pactaríamos jamás con quienes han afectado el erario nacional, con quienes han afectado al pueblo, con quienes cometieron actos de corrupción”, dijo.

El Primer Mandatario insistió en que esta ley solo impacta en el 3,5% de la población de mayores ingresos. “Una persona que gana USD 2 000 mensual pagará cerca de USD 16 o 20 mensuales (de Impuesto a la Renta), que es una cantidad módica”, aseguró.

Lasso señaló que “no hay justificación para enviar un proyecto de reforma sobre la ley, sobre todo, conociendo el accionar de la Asamblea”. Solamente se promulgará el reglamento, el cual deberá estar listo en 30 días.

Respecto a la reforma laboral que tiene en mente el Gobierno, Lasso señaló que, con el antecedente del tratamiento de la ley económica, se enviará primero en enero a la sociedad civil para su debate.

“En la medida que tomemos las observaciones iremos corrigiendo y reformando el proyecto de reforma laboral y planteando lo que la Asamblea esté dispuesta a aprobar”, aseguró.

Lasso estimó que en los primeros 120 días del 2022 el proyecto de reforma laboral llegue al Legislativo.

Finalmente, el primer mandatario habló sobre la crisis del abastecimiento de medicinas en hospitales públicos y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y aseguró que se está trabajando en un mecanismo emergente, para provisionarse de medicamentos, sobre todo de enfermedades catastróficas.

El Comercio

Con 82 votos, los legisladores piden al primer mandatario que acuda al pleno a explicar su vinculación con bienes y capitales en paraísos fiscales.

La investigación legislativa sobre los denominados Pandora Papers terminó en un exhorto al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que acuda ante el pleno de la Asamblea Nacional a explicar su posible vinculación directa e indirecta sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales.

Durante el debate del informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales los legisladores también se refirieron a la decisión del contralor del Estado subrogante, Carlos Riofrío, que dictaminó el archivo del proceso de Guillermo Lasso, por no encontrar elementos objetivos que demuestren que a la fecha de inscripción de la candidatura para presidente de la República era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en paraísos fiscales.

Luego de cuatro horas de debates, se presentaron tres mociones, pero en ninguna de ellas disponía la aprobación del informe presentado por la mesa de Garantías. Una planteó la destitución del presidente Guillermo Lasso, la segunda, que se fije un plazo de 30 días al primer mandatario que comparezca al pleno, y la tercera se limitó a exhortar al Jefe de Estado para que acuda a la legislatura a dar su versión, y ésta recibió 82 votos.

Esta tercera moción presentada por el coordinador de la bancada de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, se dio en medio de cuestionamientos sobre el procedimiento aplicado, tomando en cuenta que luego de llamarse a dos votaciones sobre el informe de mayoría, se tenía que cerrar la sesión por falta de votos, y no esperar una tercera moción. Eso llevó, al legislador César Rohón (PSC), a apelar la presidencia de la legislatura, pero no tuvo respaldo en la sala.

En la sesión, el presidente de la comisión, José Cabascango (PK), fue escueto en su exposición sobre la investigación que desarrolló la mesa y no se refirió a las conclusiones y recomendaciones del informe.

Pero su coidearia e integrante de la mesa, Sofía Sánchez, refutó que el informe aprobado por seis legisladores tenía errores y que debían ser corregidos antes que el pleno los apruebe, que inclusive los anexos de dicho informe se presentaron dos días después de la aprobación.

El legislador Fernando Villavicencio (CN-PSE), sostuvo que si el informe de la Comisión de Garantías buscaba el peso, debió ser riguroso, pues no puede venir al pleno a decir que no se ha encontrado un solo documento y pedir al pleno de la Asamblea que invite al Presidente Guillermo Lasso, para que entregue los documentos. “Entonces como carajo hicieron una investigación, respeten al periodismo de investigación”, increpó.

Mostró 24 documentos que dijo confirman que Guillermo Lasso, transfirió o se deshizo de sus participaciones en empresas offshore antes del 23 de septiembre de 2020.

Indicó que en el informe que él realizó sobre una investigación paralela que hizo sobre los Pandora Papers, pidió al primer mandatario que solicite a sus hijos que traigan los capitales al país en coincidencia con su política económica. Pero, “no se le puede acusar ahora a Guillermo Lasso, de algún acto ilícito porque todo está en regla”, afirmó tras mostrar documentos.

Mociones

La primera moción fue planteada por Paola Cabezas (UNES), planteaba aplicar el artículo 130 numeral 2 de la Constitución y se proceda a destituir al Presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna derivada por la revelación de 600 periodistas a nivel mundial pertenecientes al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre el caso Pandora Papers, en el cual se encuentra involucrado Guillermo Lasso Mendoza.

La moción recibió 51 votos afirmativos de la bancada UNES y uno de Pachakutik e independientes. En contra se pronunciaron 77 legisladores del BAN, ID, PSC y un sector de Pachakutik. Hubo 7 abstenciones.

La segunda moción fue presentada por el legislador José Cabascango (Pachakutik), como presidente de la comisión de Garantías Constitucionales para que se convoque en un plazo de 30 días al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que explique su posible vinculación, directa e indirecta, sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales.

Este texto tampoco fue aprobado. Se registró 61 votos a favor de UNES y un sector de Pachakutik. En tanto, que en contra hubo es 47 votos del BAN y una parte de Pachakutik y la Izquierda Democrática, también hubo 27 abstenciones del PSC y una parte de Pachakutk.

Alejandro Jaramillo, coordinador del bloque Izquierda Democrática, afirmó que la moción planteada por la legisladora Paola Cabezas, respecto a que se aplique lo previsto en el artículo 130 numeral 2 de la Constitución y se proceda con el trámite de la destitución del mandatario, invita al caos y a la inestabilidad.

Dijo que no existe conmoción social en el Ecuador, sin embargo, la bancada naranja considera que el presidente de la República, tiene que acudir al pleno de la Asamblea a dar respuestas a los ecuatorianos frente a las dudas sobre capitales en paraísos fiscales.

Planteó la resolución que finalmente se aprobó con 82 votos, donde a más del exhorto al primer mandatario para que acuda al pleno, dispone a la Contraloría, Fiscalía General del Estado, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico para que aplicando el inciso primero del artículo 231 de la Constitución revisen las cuentas bancarias, participaciones societarias y fiduciarias, propiedades, declaraciones de impuestos y patrimoniales del presidente de la República, Guillermo Lasso, con relación a la publicación denominada Pandora Papers.

Además se dispone remitir el informe y el expediente elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso denominado Pandora Papers, a la Contraloría, Fiscalía General del Estado, Superintendencia de Bancos, Servicio Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico, para que inicien las acciones correspondientes de ser el caso, en el marco de sus competencias y remitan a la presidenta de la Asamblea Nacional, los avances de los correspondientes informes en un plazo de 30 días, durante un año.

Esta moción obtuvo 82 votos a favor de las bancadas de UNES, ID y Pachakuitk votó dividido. En contra se pronunciaron 33 asambleístas del BAN, en tanto que hubo 20 abstenciones del PSC y tres de Pachakutik.

Diego Ordóñez (BAN), calificó como absurda e ilegal esta resolución, porque dijo que se ha vuelto a la vida un informe que no tuvo los votos, porque un informe espurio y adulterado no fue aprobado por el pleno, afirmó por lo que planteó la reconsideración de la votación.

Al solicitar la votación de la reconsideración, el legislador César Rohón (ex PSC), apeló la presidencia de la Asamblea debido a que no se respetan los procedimientos legislativos. Dijo que hubo una moción de mayoría y no hubo los votos, y luego una moción de minoría, y tampoco tuvo los votos; entonces, lo que cabía era la clausura de la sesión, no da lugar a presentar más mociones, “esto no es un circo”, replicó. Los procedimientos parlamentarios están bien estipulados, anotó.

La presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, al defenderse de la apelación dijo que no existe procedimiento expreso respecto del tratamiento de minoría, por lo tanto, no ha violado el procedimiento. Tras la votación de la apelación no hubo los votos y continúo Llori, en la conducción de la sesión.

Se ordenó la votación de la moción de la reconsideración planteada por el legislador Diego Ordóñez, y ésta no pasó en el pleno solo se pronunciaron 40 votos afirmativos, y se cerró la sesión.

El Universo

La caja fiscal culminará el 2021 con un déficit menor al proyectado para el cierre del año, debido al mejor desempeño de ingresos y al mayor ajuste del gasto público. 

De acuerdo con el presupuesto prorrogado, el Gobierno estimó un  déficit de USD 4 812,68 millones para este año; sin embargo, se prevé que el monto sea de unos USD 3 500 millones, explicó Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal.

Existen tres factores que han  influido en esta reducción y han contribuido con la generación de ingresos extras de más de USD 3 000 millones adicionales. 

El primero es el incremento constante del precio del petróleo, cuya proyección del Gobierno fue conservadora, pero que ha superado las expectativas. Por este rubro han ingresado al presupuesto USD 2 000 millones extras. 

En segundo lugar ha existido una mejor recaudación de impuestos, con ingresos extras en USD 1 000 millones.

Finalmente, en el lado de egresos, el Gobierno ha limitado los gastos de inversión pública, porque, dentro de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hay que “cumplir con una meta de acumulación de depósitos del sector público en el Banco Central de USD 1 527 millones este mes”, explicó Carrera. Esto ha exigido un ahorro por parte del Gobierno.

Sin embargo, para fin de 2021, el Fisco evidencia el mismo problema de años pasados que son los atrasos con los pagos, principalmente a la Seguridad Social, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), obra pública y otros, que hasta noviembre, sumaban USD 1 288 millones y se estima llegarán a más de USD 1 500 millones. 

El ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, explicó que los atrasos se han ido reduciendo de manera mensual, pero diciembre siempre implica una mayor carga financiera, debido a pagos a proveedores, pagos de intereses y amortizaciones de deuda, entre otros. 

El financiamiento será otro problema, según los expertos, ya que aún no está confirmado el nuevo desembolso de USD 700 millones por parte del FMI, previsto para este mes, ni la cuarta revisión al programa que mantiene Ecuador con el multilateral. El Ministerio de Finanzas señaló que está a la espera de un pronunciamiento oficial del Fondo. 

De todas formas, con el  acuerdo, se estimaba que en este año lleguen USD  4 500 millones de financiamiento, pero hasta noviembre el país solo recibió USD 2 370 millones.

El Comercio.

El Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, desarrollará su Asamblea Ordinaria Anual el próximo 14 de diciembre del presente año; el encuentro de alcaldes, concejales, delegados de los municipios amazónicos, Baños, Penipe y Galápagos se realizará en la ciudad de Zamora, en la provincia de Zamora Chinchipe, en el salón principal del Sindicato de Choferes de Zamora.

El Presidente del Directorio del COMAGA, FredyArmijos, alcalde de Nangaritza, realizó la invitación a las autoridades de los Municipios que integran el Consorcio, y es quien dará la bienvenida al acto, reiterando que los alcaldes de la región están unidos para apoyar grandes emprendimientos como proyectos de desarrollo para la Región, recalcando que es importante resaltar el fortalecimiento institucional, la gestión de la planificación y ordenamiento territorial, el desarrollo local y la cooperación internacional emprendidos desde el Consorcio para los municipios miembros.

La jornada promueve la unidad del municipalismo amazónico e insular, y en esta ocasión se espera la participación de autoridades como el Presidente del Consejo de la CTEA, de los directivos del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, así como del Ministerio de Turismo a esta Asamblea General Ordinaria.

El Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, COMAGA, creado por y para los municipios amazónicos e insulares, es una entidad de derecho público, creada mediante Registro Oficial No. 184, de 9 de abril de 1953, se constituye en la organización más representativa de la Región Amazónica; agrupa los derechos de 46 municipios: 41 amazónicos; Baños, Penipe y 3 de Galápagos, en cuyas jurisdicciones se encuentra el mayor capital natural con el que cuenta nuestro país y el planeta.

Busca el desarrollo de manera integral y sustentable de los municipios asociados, es un interlocutor ante los poderes centrales, instituciones autónomas de desarrollo y organismos de cooperación externa; es facilitador del proceso de integración regional, promotor y generador de iniciativas para el direccionamiento de la asistencia técnica y financiera en planes y proyectos, para consolidar un modelo de desarrollo local y regional alternativo, mediante un fortalecimiento institucional y de los gobiernos municipales.

Masharos News