El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, remitió a la Asamblea Nacional el veto parcial al proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, que fue aprobado el 15 de mayo pasado por la Legislatura. El documento llegó al Parlamento, pasado el mediodía de este martes 9 de junio del 2020. El veto consta de 32 observaciones. Uno de los principales cambios que propone el Ejecutivo tiene que ver con las relaciones laborales. Acuerdo laboral En el texto remitido a la Asamblea se señala que los empleadores podrán acordar con sus trabajadores la reducción de máximo el 50% de la jornada laboral.

Asimismo, se establece que el pago del salario corresponderá, en proporción, a las horas efectivamente trabajadas y que no será menor al 55% del sueldo fijado previo al acuerdo.  El presidente Moreno plantea que esta modalidad podrá efectuarse durante un año, con la posibilidad de renovarse por el mismo periodo, una sola vez.

Esto contrasta con lo aprobado por la Asamblea Nacional el 15 de mayo, en cuyo proyecto se establecía que el acuerdo de reducción laboral duraría dos años, renovables por dos años más. Nuevo contrato especial​  La objeción presidencial enviada a la Legislatura este 9 de junio regula la figura del nuevo contrato especial emergente.

Este “se celebra para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en situaciones emergentes o para nuevas inversiones o líneas de negocio, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y servicios”. La modalidad podrá tener una duración de un año, contemplará como mínimo 20 horas semanales y hasta 40, distribuidas en un máximo de seis días a la semana, sin sobrepasar las ocho horas diarias y tener 24 consecutivas de descanso. Se determina también que, en caso de que se requiera renovar esta contratación, pasará a ser definitiva.

Fuerza mayor Otra observación presidencial incluida en el veto tiene que ver con la interpretación del artículo 169 del Código del Trabajo. Se refiere a la causal de fuerza mayor, para asegurar que no existan abusos por parte de las empresas, a la hora de desvincular personal. Con ello, al mismo tiempo, se apunta a preservar las fuentes de trabajo y evitar el cierre de negocios, según un comunicado de la Secretaría General de Comunicación.

Además, el Jefe de Estado determinó que los acuerdos a los que lleguen empleadores y empleados para reducir la remuneración, en ningún caso se podrán concretar por debajo del salario básico unificado (USD 400). Adicionalmente, se estableció que este tipo de acuerdos deberán constar por escrito y especificar que se acogen a la presente Ley, una vez que entre en vigencia.

Mi veto parcial a la #LeyApoyoHumanitario por la emergencia del Covid-19 prioriza 4 objetivos: reforzar el apoyo a familias ecuatorianas, sostener el empleo, incentivar la producción, y asegurar la provisión de servicios. El país espera una respuesta positiva de @AsambleaEcuador. pic.twitter.com/W2EnEALQ27

— Lenín Moreno (@Lenin) June 9, 2020

Desconexión en teletrabajo

​El Presidente de la República también incluyó normativa para el teletrabajo en el sector público y privado. Esta modalidad podrá tener tres formas: permanente, parcial y ocasional. En el veto se garantiza que quienes se acojan al teletrabajo tengan derecho a la desconexión, la cual deberá ser de -al menos- 12 horas consecutivas en un periodo de 24 horas.

Servicios básicos

Otro punto del veto es que los servicios básicos (incluyendo telefonía y telecomunicaciones) es que no habrá incremento de las tarifas de los servicios básicos hasta seis meses después de la vigencia del Estado de Excepción. Asimismo, se prohíbe la suspensión del servicio por no pago, hasta 30 días después de la vigencia de esta ley. Y, con el fin de que las empresas proveedoras recuperen liquidez y puedan cobrar a los usuarios que tienen valores pendientes, se determinan facilidades de pago. Entre ellas, que los valores adeudados se cancelen en seis cuotas, sin multas ni intereses. En el documento, el Primer Mandatario determinó que, mediante Decreto Ejecutivo, se fijará la política para el control de precios de la canasta básica familiar, la misma que regirá hasta diciembre del 2020 con el fin de evitar la especulación.

Escolaridad​

En cuanto a la educación, los padres de familia cuyos hijos estudien en centros privados y que hayan perdido su trabajo, recibirán apoyo para reducción de la pensión y, si deciden retirar a sus hijos, tendrán garantizado un cupo en el sistema público. Además, se contempla la posibilidad de que los planteles puedan hacer una reducción de sus pensiones de hasta el 25%.

Salud

El veto parcial prohíbe la la terminación de pólizas de salud o medicina prepagada por atrasos de hasta 60 días adicionales a lo establecido en el contrato.

Emprendedores 

Respecto al apoyo para emprendedores y la reactivación económica y productiva, el Jefe de Estado determinó que se den facilidades para que los empleadores que tengan pendientes el pago de valores a la seguridad social entre marzo y junio, puedan cancelarlos sin multa y sin recargo. Para quienes cuentan con afiliación voluntaria, se establecerán mecanismos como la renovación de convenios de pago. La norma también crea incentivos tributarios para que las instituciones del sistema financiero otorguen créditos y haya refinanciamiento o reestructuración de deudas pendientes.

Vuelos a Galápagos

Uno de los temas que también generó reacciones de diversos sectores fue el referente a la posibilidad de que los aeropuertos de las Islas Galápagos reciban vuelos internacionales. Al respecto en el veto se establece que serán las autoridades involucradas, entre ellas los ministerios de Ambiente, Turismo, Salud y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, quienes elaboren informes técnicos en los que se evalúe la factibilidad de esta opción.

Pensiones vitalicias​

Finalmente, la objeción parcial también garantiza que las pensiones para los exmandatarios de la República no se entreguen a quienes no hayan concluido su periodo por las causales dispuestas en la Constitución y por haber sido sentenciados en delitos como cohecho, peculado y otros. La Asamblea Nacional deberá analizar y resolver el veto enviado por el Ejecutivo, en el que también se contemplan facilidades en los trámites que se requieren nuevos emprendimientos. El Parlamento tiene 30 días de plazo.

Fuente: El Comercio