Una buenoa noticia llega desde Oceanía, donde un país afirma haber superado el coronavirus.

El Gobierno de Nueva Zelanda regresará esta medianoche a la práctica normalidad después de que informara este lunes de que ya no tiene ningún infectado en su territorio.

La primera ministra, Jacinda Ardern, hizo el anuncio.

Con esta decisión las autoridades están aprobando que los ciudadanos pueden retornar a sus puestos de trabajo y reanudar sus actividades cotidianas.

"Hoy (lunes), 75 días después (de declarar el máximo nivel de alerta), estamos listos" para la vuelta a la normalidad, declaró la mandataria, cuya gestión de la pandemia ha sido alabada internacionalmente.

Nueva Zelanda, que hasta la fecha ha confirmado 1.154 infectados, incluidos 22 fallecidos, entró en "emergencia nacional" el 25 de marzo con tan solo 50 contagiados.

Las medidas de restricción, unas de las más estrictas implementadas en el mundo, han permitido al país controlar la propagación del virus y las autoridades sanitarias neozelandesas esperan declararlo erradicado de su territorio el próximo 15 de junio.

"Estamos confiados en que hemos eliminado la transmisión del virus en Nueva Zelanda por ahora, pero la eliminación no es un punto en el tiempo, es un esfuerzo sostenido", advirtió la mandataria laborista, al anunciar la reanudación de la actividad económica mínimamente por debajo de los niveles normales.

El país oceánico, como casi todos los países, se ha visto golpeado económicamente por la pandemia que amenaza con crear una profunda crisis económica mundial.

Para combatir estos efectos, Nueva Zelanda, que llegó a ralentizar la actividad económica hasta ligeramente por encima de la mitad de sus niveles normales, ha aprobado fondos de 12.100 millones NZD (más de 7.300 millones USD o de 6.500 millones EUR), lo que representa el 4 por ciento del Producto Interior Bruto del país.

"No somos inmunes a lo que pasa en el resto del mundo, pero a diferencia del resto del mundo no solo hemos protegido la salud de los neozelandeses sino que comenzamos con nuestra recuperación económica", recalcó Ardern.

Asimismo el Ministerio de Defensa anunció que hoy puso fin al Período de Transición Nacional que se decretó el 13 de mayo al expirar el Estado Nacional de Emergencia decretado al inicio de la pandemia.

Aunque no todo regresará a la normalidad, Nueva Zelanda mantendrá cerradas las fronteras, mientras estudia poner en marcha una "burbuja" aérea con Australia, si bien eso no tiene fecha.

"Nadie quiere poner en peligro los logros de los neozelandeses", afirmó Ardern al evitar establecer un hipotético calendario.

Uno de los aspectos clave de esta "nueva normalidad" es el uso de un código QR que hay que escanear con el teléfono móvil a la entrada y salida de los negocios y permite a las autoridades un rápido rastreo si surge un nuevo brote.

El país oceánico lleva más de 17 días sin detectar ningún nuevo caso del coronavirus y este lunes sus autoridades sanitarias anunciaron el resultado negativo en las pruebas de la COVID-19 del único paciente que quedaba, un enfermo vinculado a un brote conocido.

Nueva Zelanda, además, prevé haber erradicado dentro de sus fronteras el virus para el 15 de junio, cuando se cumplan 28 días desde que se dio el alta al último caso de "infección local por fuente desconocida".

Fuente: El Universo

La presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, salió en defensa de la independencia judicial mediante un comunicado.

Esto luego de que el Consejo de la Judicatura abriera sumarios administrativos en contra del presidente de la Corte de Justicia del Guayas, quien no dictó prisión preventiva sino medidas alternativas al prefecto Carlos Luis Morales, y a la jueza que concedió la prelibertad al líder de la banda de 'Los Choneros', Jorge Luis Zambrano, alias 'Rasquiña'.

En el texto, Aguirre expresa:

"Combatir la corrupción desde la magistratura empieza por respetar y hacer respetar el ordenamiento jurídico (...) es indispensable que los operadores de justicia actúen con absoluta independencia judicial interna y externa, sin injerencia alguna. Vulnerar la independencia afecta la tutela judicial efectiva de los justiciables y socava los cimientos del Estado democrático".

?#Comunicado | Pleno de la @CorteNacional de Justicia al país ⬇️ pic.twitter.com/qor7iqhncC

— Corte Nacional (@CorteNacional) June 7, 2020

En cambio la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces se pronunció en contra de las declaraciones de la Fiscal General.

Los jueces del país en su comunicado:

"Rechazan cualquier ataque a la magistratura y tentativa de direccionamiento de los fallos (...). Los jueces estamos sometidos unicamente a la constitución y la ley garantizando el sistema procesal y los derechos de todos los ciudadanos."

? La AEMAJ rechaza las expresiones vertidas por la Fiscal General del Estado @DianaSalazarM2 sobre el caso de sres Morales y Bucaram, pues desinforman a la ciudadanía y generan descrédito en los jueces. @FiscaliaEcuador @elcomerciocom @lahoraecuador @EcuavisaInforma @24horasUIO pic.twitter.com/hMedHGTqDS

— Aso. Jueces - Ecuador - AEMAJ (@AsoJuecesEc) June 5, 2020

La Corte Nacional resalta que si hay inconformidad con las decisiones de los jueces, existen los mecanismos legales para impugnar.

Los alcaldes del Partido Social Cristiano (PSC), de diferentes cantones del Guayas, analizan la posibilidad de la destitución del prefecto Carlos Luis Morales.

De los 25 alcaldes que conforman el Consejo Provincial, que tiene la potestad para destituir al Prefecto, 15 pertenecen al PSC.

Ellos, se reunieron para analizar el escándalo de corrupción que envuelve al prefecto por la compra de insumos médicos con sobreprecio.

En la lista de los alcaldes del PSC está Cynthia Viteri, de Guayaquil, quien afirmó que no puede respaldar a quien tiene presunción de responsabilidad.

«Lamentablemente no podemos coincidir o respaldar a cualquier persona que tenga presunción de responsabilidad penal, es un hecho que nos duele a todos», dijo Viteri.

«El acta ya está lista, con la firma de todos (los alcaldes del PSC)» , agregó Viteri.

Trascendió que a este pedido de destitución se podrían sumar otros alcaldes de la provincia de otras tiendas políticas. También se sumarían presidentes de juntas parroquiales.

Sombra de corrupción sobre la prefectura

Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas, fue detenido el pasado miércoles 3 de junio tras un operativo de la Fiscalía. Esto, dentro de la investigación por presunto tráfico de influencias en adquisición de insumos médicos, como exámenes de Covid-19 y mascarillas.

Tras las diligencias judiciales, a Morales se le otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva. Actualmente porta un grillete electrónico y tiene prohibición de salida del país.

Vía para la destitución

El Código Orgánico Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad) establece un procedimiento para la destitución del Prefecto.

Tras la presentación de una denuncia, viene la presentación de pruebas de cargo y descargo. La destitución la decide el pleno del Consejo Provincial con las tres cuartas partes de sus miembros.

Los siguientes Alcaldes de @LA6MDG votaron unánimemente a favor de plantear la destitución del Prefecto Carlos Luis Morales ante el Consejo Provincial, por los hechos que han sido de conocimiento público. pic.twitter.com/TPafg0x1QF

— Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) June 5, 2020

El Consejo de la Judicatura (CJ) investigará al magistrado que otorgó medidas alternativas al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, indagado por el presunto delito de tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos, durante la emergencia sanitaria.

Además de Eduardo Ordeñana, quien es presidente de la Corte de Justicia del Guayas, otros tres jueces enfrentarán "sumarios disciplinarios", según consta en un comunicado del CJ.

Alzira Benítez, magistrada de Latacunga, también encara este proceso disciplinario.

Ella le concedió la prelibertad a Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, quien es cabecilla de la banda "Los Choneros".

"Rasquiña" solo ha cumplido seis en la cárcel, de los veinte a los que fue sentenciado por el delito de asesinato.

Los otros dos jueces investigados son Gabriel Jama Velasco y Martha Georgina Sánchez Castro.Estos últimos, al igual que Ordeñana, "evidenciaron un retardo de aproximadamente siete meses en la emisión de la sentencia escrita en un proceso de garantía jurisdiccionales".

Consejo de la Judicatura investigará las acciones de 3 jueces en recientes casos de #corrupción. pic.twitter.com/k8yjXNWHZ2

— Ecuavisa (@ecuavisa) June 6, 2020

 Fuente: Ecuavisa

I. PARTE .

Es imperativo luchar contra la injusticia social en forma frontal y decidida, no como el juego de la gallina ciega, a éste sí y a éste no.

Desterremos el anarquismo porque no falta un politiquero que se aprovecha de la situación para su beneficio personal y de sus `amigos`.

Luchemos por un plan de Gobierno que surja del consenso social, que empiece por una nueva Constitución basada en principios sociales, humanistas y democráticos.

Una Constitución con solo las funciones clásicas del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿Para qué han servido los demás poderes como el electoral y participación ciudadana y control social?, para amarres y favorecer a sus acólitos.

Nueva Constitución que elimine los privilegios de los politiqueros; que la Función Pública sea para servir y no para servirse de la función, como lamentablemente sucede ahora.

Que el hurto, robo y despilfarro de los recursos públicos se castigue con cadena perpetua y durante su permanencia trabaje para su manutención para que no sea carga para el estado y confiscación inmediata de los bienes del delincuente y de sus testaferros. El corrupto es corrupto sea de Izquierda o de Derecha y por estar con el poder de turno no puede ser privilegiado con el manto de la impunidad.

Una asamblea bicameral con solo dos asambleístas por provincia, para equipar la toma de decisiones y no se de la dictadura del voto y dos empleados por asambleísta, porque se entiende que él conoce su oficio y función y no necesita de tanta burocracia inepta; y, un senado para dar coherencia y legitimidad a las legislación nacional, integrado por los mejores abogados del país debidamente seleccionados mediante méritos y oposición para optar por esta dignidad en elecciones populares.

Que las máximas autoridades del sector publico requieran titulo universitario acorde a la función, con la finalidad de evitar improvisaciones como hasta ahora se ha dado.

Mano dura contra la corrupción que prácticamente se ha legalizado y quiere convertirse en parte cultural de nuestro convivir social, para el efecto entre otras normas, se debe redactar una nueva ley del sistema nacional de contratación pública, una nueva ley de Contraloría, aprobarse la nueva ley de extinción de dominio y los ajustes respectivos al COIP y si es necesario una nueva legislación penal, buscando sanción proporcional a los delitos; ahora se sanciona con mayor rigor al delincuente común que a los delincuentes de cuello blanco, ejemplo caso GLAS.

Que los Derechos Humanos no se confundan con el supuesto derecho a continuar delinquiendo de las altas esferas politiqueros del país.

Una Administración de Justicia con jueces y fiscales probos, con independencia y estabilidad total, sin injerencia de ninguna naturaleza, castigándose con severidad influir en la decisión judicial. La Fiscalía no puede estar subordinada administrativamente al Consejo Nacional de la Judicatura, para separar la acusación con la resolución jurisdicción.

Una Corte Nacional de Justicia y Fiscalía con los mejores abogados y/o jurisconsultos del país, donde prime sobre todo la ética y la moral, bajo eso si el escutriño ciudadano, que no impere la verdad del interés particular, sino, la verdad de la justicia.

Que la Corte Constitucional pase a ser una sala de la Corte Nacional de justicia, ¿para que otra Corte, si ambas administran justicia?.

Cuando se eliminen los privilegios de los politiqueros y se sancione drasticamente la corrupción, se acabará la podredumbre social en la que nos está embarcando esta vieja y nefasta clase polítiquera actual, por acceder a las dignidades del Estado captan los organismos electorales para alcanzar sus fines. En algunos casos es culpa nuestra por elegir corruptos e incapaces al ser 'populares' al momento de las elecciones.

Mientras no cambiemos nuestra forma de pensar, en donde predomine los principios, valores y convicciones, no importa si es de izquierda o de derecha, seguiremos viviendo esta descomposición social.

Mientras no hagamos conciencia en nuestro fuero interno que si podemos cambiar para bien; y, no hacemos un análisis detenido y profundo de lo que es hoy Ecuador, mientras sigamos eligiendo a esta vieja e insepulcra clase política actual y no cambiemos esta corrupta estructuras de poder, seguiremos viviendo en el país de la ilusión, pero embarrados de pobreza e indignación.

Roy Poma Lalangui

Nos roban y de frente. La emergencia desnudó al sistema de compras públicas del Ecuador; es momento de admitir que fracasó y requiere transformaciones urgentes. De los $ 30.000 millones del presupuesto anual del Estado, el 30 % ($ 9.000 millones) se destinan para pagar sueldos de medio millón de funcionarios, el 70 % restante se consume en todas las entidades estatales entre pago de servicios básicos, gastos administrativos y compras públicas, desde contratar un cambio de aceite para vehículos, medicinas, libros escolares hasta millonarias obras y proyectos. ¿Debemos seguir confiando esta cantidad de plata al actual sistema que ha permitido compras con sobreprecio, acuerdos bajo la mesa y varios contratos para una misma familia? Veamos:

1. Sistema fallido. El Servicio de Compras Públicas (Sercop) dice que es una ventana abierta para que la ciudadanía vigile los procesos. Cuando la prensa pregunta qué hacen cuando reciben una denuncia, la respuesta es fácil: “remitimos a la Contraloría General del Estado (CGE) y Fiscalía General de la Nación”. Estas dos instituciones tienen que actuar de oficio, pero están colapsadas de casos, y por lo general son reactivas, se presentan en respuesta a denuncias muchas de las veces cuando el delito ya está consumado y el perjuicio hecho. La sanción es clave para que no exista impunidad, pero el reto es prevenir la corrupción porque luego es difícil recuperar lo robado.

2. Volver al control previo. Es indispensable contar con una regulación minuciosa antes de que se entreguen los recursos al contratista. Los casos que hoy nos indignan y llegan a ser públicos son por denuncias de la prensa o de la ciudadanía, pero ¿alguien está pendiente de lo que contratan 221 municipios, 23 prefecturas, cientos de gobiernos parroquiales y todos los poderes del Estado? ¿qué pasa cuando no se denuncia? Nada, se firma el contrato con posibles anomalías y resta esperar a que la Contraloría haga una auditoría en años posteriores y, así se determinen glosas y sentencias con multas, no tenemos la certeza de que se recupere ese dinero. La Secretaría Anticorrupción (ya extinta) publicó en el 2019 una lista de más de $ 900 millones de sentencias por glosas resultado de auditorías de la CGE que no se han recuperado. Muchos de los involucrados no están en el país. El sistema actual representa eso, no es posible mantener la esperanza en resarcir el daño cuando los procesos judiciales son interminables. En casos penales por corrupción es igual, jueces sentencian reparación al Estado sin que esto se cumpla a plenitud. Por ello, la transformación legal al sistema debe ser integral, desde capacidad de prevención, control previo y potestad sancionadora al Sercop y a la CGE.

3. Exigir resultados. Según la Constitución de Montecristi, las competencias de lucha contra la corrupción la están asignadas directamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en esta emergencia ha brillado por su ausencia. Tienen casi 300 funcionarios y están en todas las provincias del país, tras doce años de su creación ya deberíamos tener políticas claras de prevención de la corrupción. Si en este tiempo no lo han logrado, esta institución debe eliminarse para buscar otras alternativas que sean parte de la transformación a este sistema fallido.

Hay países que han logrado arrancar la corrupción tras largos años de combate, con el compromiso de actores políticos, instituciones y ciudadanía. La comunicación transforma, necesitamos campañas masivas para sensibilizar y educar. También requerimos movilización ciudadana, a veces nos alarmamos cuando nos roban en la calle, cuando lo que se llevan por corrupción es inimaginable y más grave porque atenta contra el cumplimiento de derechos fundamentales. No es un hurto, la corrupción se siente y de forma letal. ¿Nos faltan recursos para salud y educación? Alguien se llevó esa plata.

*El autor: Asesor de comunicación. Tiene estudios en comunicación y marketing en centros académicos de Ecuador, Cuba y España.

Al menos dos personas murieron en Iowa y una más en Kentucky durante la sexta noche de disturbios raciales en Estados Unidos, en la que más de 40 ciudades del país estuvieron bajo toque de queda ante las protestas por la muerte de un hombre afroestadounidense a manos de la Policía hace una semana en Minnesota.

George Floyd, de 46 años, fue detenido por la Policía de Minneapolis el lunes de la semana pasada y cuando estaba esposado y boca abajo en el pavimento, un agente policial lo sometió con una rodilla apretando su cuello durante varios minutos, hasta que fue llevado en ambulancia a un hospital en el que murió.

El jefe de la Policía de Davenport (Iowa), Paul Sikorski, dijo  que durante la noche pasada las autoridades recibieron informes de un disturbio en el centro comercial North Park en el cual estaban involucrados un centenar de vehículos y "vándalos". Sikorski dijo que antes del amanecer del lunes, la Policía respondió a decenas de incidentes en la ciudad en los que hubo disparos de armas de fuego, y añadió que hubo cuatro personas heridas.

Dos personas murieron en diferentes sitios de la ciudad y las autoridades investigan los casos como homicidios, añadió el funcionario.

Sikorski, quien informó que los agentes fueron "emboscados" en otro incidente con el resultado de un policía herido, sostuvo que lo ocurrido anoche "no fue como las protestas y marchas del sábado". "Lo que experimentamos anoche fue completamente inaceptable y no honra la memoria de Floyd", agregó.

Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Bashear, autorizó a la Policía del Estado para que lleve a cabo una investigación independiente de un incidente esta madrugada en el que agentes de la Policía Metropolitana de Louisville y soldados de la Guardia Nacional mataron a balazos a un hombre afuera de un supermercado.

El incidente ocurrió, según la versión del jefe de la Policía Metropolitana, Steve Conrad, cuando los agentes y los soldados dispersaban a una multitud congregada en el estacionamiento del supermercado. Conrad dijo que alguien en el grupo de manifestantes por la muerte de Floyd disparó al personal de seguridad y este respondió.

Las protestas por la muerte de Floyd se han sumado en Kentucky a los reclamos de justicia por la muerte en marzo de Breonna Taylor, una mujer negra de 26 años de edad a quien agentes de la Policía de Louisville tirotearon en marzo en su apartamento cuando llevaban a cabo un allanamiento sin aviso previo en una investigación por drogas.

Fuente: EFE

Este viernes 29 de mayo, mediante un comunicado el Ministerio de Salud aclaró que no prohíbe el uso o aplicación de hidroxicloroquina como tratamiento al COVID- 19.

En el documento se explica que el ministerio de Salud mostró su apoyo a la decisión de la Organización Mundial de la Salud de suspender temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina para tratar el COVID-19.

Sin embargo, aclara que esto no implica una «prohibición al uso o aplicación de hidroxicloroquina como tratamiento para pacientes con COVID-19».

Además, se manifiesta que la decisión de su uso «corresponde exclusivamente al criterio del médico especialista autorizado a tratar COVID-19, tanto del sector público como privado»

¿QUÉ ES LA HIDROXICLOROQUINA?

La hidroxicloroquina es un fármaco de larga trayectoria en la prevención y el tratamiento del paludismo. Y se lo utiliza también para controlar y minimizar los síntomas de enfermedades autoinmunitarias, como el lupus y la artritis reumatoide.

En las pruebas de laboratorio, la hidroxicloroquina es capaz de impedir a los virus SARS-CoV y SARS-CoV-2 unirse a las células e introducirse en ellas.

Debido a estas características y la relación del nuevo coronavirus con estos virus, muchos han optado por el uso o aplicación de hidroxicloroquina para tratar a los pacientes con COVID-19.

Pero a nivel celular los expertos explican que la hidroxicloroquina, puede obstruir uno de los canales fundamentales del potasio. Los cuales controlan el sistema de conducción eléctrica del corazón.

Esa interferencia aumenta la posibilidad de que el ritmo cardíaco degenere en latidos cardíacos peligrosamente erráticos que terminan en muerte cardíaca repentina.

Según la Clínica Mayo, los fármacos antipalúdicos, cloroquina e hidroxicloroquina, tienen un riesgo conocido, o posible, de inducir arritmias ventriculares y muerte cardíaca repentina.

ENSAYOS CON HIDROXICLOROQUINA EN PACIENTES CON COVID-19

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que el organismo detendrá temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19.

Esta decisión la tomó al detectarse un mayor índice de mortalidad en enfermos que recibieron ese tratamiento. Así se confirmó en un estudio publicado en la revista médica The Lancet.

Sin embargo, varios país como México o Francia han optado por el uso o aplicación de hidroxicloroquina como tratamiento al coronavirus. Inclusive Donald Trump aseguró haber usado por dos semanas la hidroxicloroquina para prevenir la COVID-19.

Fuente: Teleamazonas