El Batallón de Selva N° 62 Zamora por información proporcionada por el DIM “ZAMORA” en coordinación con la Agencia de Regulación y control de Recursos Naturales No Renovables (ARCERNN), se realizó una operación militar, en el sector Conguime, parroquia Nuevo Quito, cantón Paquisha, en coordenadas Lat. 4°1′50.1″S Long. 78°36′1.0″W obteniendo los siguientes resultados:

Frente de Explotación Minera tipo cielo abierto:

- 01Retro excavadora marca Doosan 225 DX, con sello de Prohibición 000466-SP-ARCERNNR.

- 01Retro excavadora marca Hyundai 220LC, con sello de Prohibición 001855-SP-ARCERNNR.

- 01 clasificadora tipo Z.

- 01 Motores de succión.

Frente de Explotación Minera tipo túnel:

- Prohibición de actividades mineras a la SOCIEDAD MINERA ESPARZA SANTANDER con Código Censal 1909060. CON SELLO DE PROHIBICION 001856-SP-ARCERNNR.

Este martes el ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador señaló que la frontera terrestre con Perú se mantiene cerrada a pesar que el Gobierno de ese país se había programado su reapertura como parte de un plan binacional para mañana 1 de diciembre. 

"La cancillería ecuatoriana reitera la decisión de mantener cerrada la frontera terrestre con Perú, como respuesta de prevención y control ante la propagación de la pandemia de la COVID 19 y sus variantes", señaló en su documento. 

Ante el anuncio del gobierno peruano, el régimen ecuatoriano había cumplido reuniones entre las gobernaciones de El Oro, Loja, Zamora Chinchipe e instituciones públicas relacionadas al análisis de la reapertura de la frontera y la apertura del Centro Binacional de Atención Fronteriza de Macará. Un ejemplo la celebrada el pasado 24 de noviembre.   

No obstante, la cancillería ecuatoriana señaló que en relación al proceso bilateral, se mantiene dispuesto a "avanzar en dicha dirección (reapertura de sus fronteras) en el marco del diálogo y coordinación diplomática con el hermano país de Perú... con el fin de que se realice de manera gradual y ordenada".

Sin embargo, lo estipulado por el Comité de Operaciones Emergente (COE) indica que los peruanos que viven en Ecuador y los ecuatorianos que viven en Perú sí podrán movilizarse cumpliendo con los parámetros establecidos de acuerdo a protocolos como la presentación de pruebas negativas y el carné de vacunación. Además del cumplimiento de las disposiciones de la Comunidad Andina de Naciones CAN. 

Expreso. 

El temor a la COVID-19 ha resurgido en el Ecuador luego de la alerta mundial sobre la existencia de la variante ómicron y, con ello, vuelven también con fuerza las medidas de prevención. Una de ellas es adelantar la administración de las dosis de refuerzo, o terceras dosis de la vacuna anticovid, desde el 1 de diciembre de 2021, en todo el país. La ministra de Salud, Ximena Garzón, lo anunció este martes 30 de noviembre. Es decir, la inmunización de refuerzo ya no será en enero de 2022.

"Es necesario que sigamos cubriendo a las personas que recibieron la última dosis, a las más vulnerables, y a toda la población que ya cumple con 6 a 8 meses de su segunda dosis", destacó Ximena Garzón, Ministra de Salud.

“Empezaremos a aplicar las dosis de refuerzo siguiendo la misma estrategia de nuestro Plan de Vacunación 9/100", sostuvo Garzón. Agregó que mingas de vacunación se mantendrán a fin de inmunizar al 85 % de la población hasta fin de año.

Para acceder al fármaco, los ciudadanos deberán presentar es el certificado de vacunación con una vigencia de al menos seis meses desde la administración de la segunda dosis.

En estos días, la tercera dosis que se está aplicando en Ecuador es la de la farmacéutica AstraZeneca, salvo las personas con enfermedades graves que reciben la misma vacuna de las fases anteriores.

Garzón dijo que hay suficientes vacunas e insistió en que quienes que no la han recibido todavía acudan a los centros de salud para aplicársela 

Ómicron, la última variante de SARS-CoV-2 en ser detectada y la más mutada hasta la fecha, es la preocupación a nivel global. Preocupa que, por ser tan diferente a la versión original identificada por primera vez en Wuhan, China, sea más contagiosa, letal o burle el efecto de vacunas y tratamientos.

Expreso.

Entre los más afectados están los pacientes con enfermedades catastróficas. La tabla de medicamentos esenciales del sistema público alcanza 123 componentes.

De los 123 medicamentos esenciales del sistema público de salud de Ecuador, el Gobierno solo ha logrado adquirir 42. Esto quiere decir que el desabastecimiento en los hospitales llega al 48%.

La ministra de Salud, Ximena Garzón, expuso ante la Asamblea Nacional que durante la emergencia sanitaria (declarada en agosto de 2021) hubo 81 medicamentos cuyos procesos de compra se declararon desiertos, debido a la falta de oferta.

Desesperados por medicina

Desde hace nueve años Elizabeth Balseca lucha contra el cáncer de mamá. En 2020 le dijeron que dejarían de hacerle la quimioterapia inyectable y pasaría a quimioterapia oral. “Pero en el (hospital) Eugenio Espejo no hay medicamentos”, dice.

En julio de 2021, la Fundación jóvenes Contra el Cáncer logró entregarle tratamiento para un mes, a través de la iniciativa ‘Botiquín Temporal’, con el que esperaba suplir las necesidades de fármacos de pacientes oncológicos mientras el Ministerio de Salud realizaba los proceso de compra.

Balseca dice que una receta le representa cerca de $2.000, monto que no puede pagar. Su caso no es el único, otros pacientes oncológicos sufren la escasez que no es de ahora, sino desde 2020, lo que hace que deban interrumpir sus tratamientos.

Diego Jimbo, miembro del Acuerdo Nacional contra el Cáncer, indicó que quieren ser tomados en cuenta en las mesas de trabajo del Ministerio de Salud. “Queremos ser parte del Conasa (Consejo Nacional de Salud) para entregar aportes sobre cómo mejorar la adquisición de medicamentos”, detalló.

La ministra Garzón señaló que los medicamentos adquiridos representaron un costo de $1.9 millones y que se diversificaron entre fármacos para tratamiento de males crónicos (26%), cáncer (24%), antinfecciones y antibacterianos (20%), sedación y analgesia (7%), trasplantes (6%), terapia cardiaca (6%), hipertensión arterial (6 %) y agentes antitrombóticos (5%).

Falencias en proceso de compras públicas

La solución que propone el Ministerio de Salud es reformar el reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. Lo que se busca es que exista una metodología en la que la adquisición de medicamentos sea a través de la externalización de farmacias, que exista un catálogo electrónico corporativo-subasta inversa electrónica (compras intrahospitalarias), subasta inversa institucional (bienes no disponibles en catálogo), proveedor único para fármacos-régimen especial (no en catálogo) e importación directa. Estas acciones, han resaltado las autoridades del Gobierno, no significa la privatización de la salud.

La demora da paso al contrabando

El 5 de noviembre de 2021, la Policía desarticuló una banda dedicada al contrabando de medicamentos adulterados y sin registro sanitario que se comercializaban en Quito y en Imbabura. Entre la mercadería se encontró terramicina (antibiótico para tratar infecciones) “que ya no está en circulación desde hace muchos años”, detalló la Policía y solicitó que no se adquieran productos sin registro sanitario.

La Hora.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) urgieron a todos los adultos a ponerse la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 ante la nueva variante de esa enfermedad, denominada ómicron.

Antes de ómicron los CDC recomendaban una dosis de refuerzo para todos los mayores de 50 años, y consideraban que aquellos entre 18 y 49 años podían ponérsela si así lo deseaban.

Desde el lunes 29 de noviembre del 2021, EE.UU. ha endurecido su recomendación y pide a todos los adultos que se pongan otra dosis de la vacuna para reforzar su sistema inmune.

Pfizer y Moderna

En concreto, los CDC aconsejan a los adultos recibir la tercera dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna una vez pasados seis meses desde que se les administrara la segunda.

Johnson & Johnson

En el caso del suero monodosis de Johnson & Johnson (Janssen), EE.UU. recomienda una dosis de refuerzo desde dos meses después de la inoculación inicial para todos los mayores de edad.

En un comunicado, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, consideró que la variante ómicron, identificada por primera vez en Sudáfrica, “enfatiza aún más la importancia de la vacunación, las dosis de refuerzo y los esfuerzos de prevención necesarios contra el covid-19″.

“Los primeros datos de Sudáfrica sugieren una mayor transmisibilidad de la variante ómicron y los científicos de EE.UU. y de todo el mundo están examinando urgentemente la eficacia de las vacunas con esa variante“, manifestó Walensky.
Además, aprovechó para pedir “encarecidamente” a los 47 millones de adultos en EE.UU. que aún no están vacunados a que lo hagan lo “antes posible”.

También animó a los estadounidenses a que se hagan pruebas de la covid-19 si experimentan síntomas para poder detectar a la variante ómicron en el momento en el que llegue al país.

Hasta ahora, unos 196 millones de personas se han vacunado por completo en Estados Unidos, lo que representa el 59,1% de toda la población, según los CDC.

La media de contagios diarios ha repuntado ligeramente en el país en las últimas semanas, y se encuentra ahora en 88 000 casos; mientras que la de fallecimientos mantiene su progresivo descenso, y está en torno 1 000. Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia de covid-19 con más de 777 000 fallecidos desde el marzo de 2020.

El Comercio.

El Salario Básico Unificado (SBU) que regirá el 2022 se fijará el próximo 22 de diciembre del 2021, una vez que trabajadores y empleadores no llegaron a un acuerdo.

El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, señaló que el único acuerdo alcanzado en la sesión de este martes 30 de noviembre fue fijar una nueva fecha para reunirse.

Los trabajadores y empleadores se reunieron en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) por tres ocasiones sin lograr una posición común.

“Hemos practicado absoluta democracia, hemos escuchado a todas las partes”, dijo Donoso al final del encuentro.

Este año las negociaciones se entramparon entre la posición de los empleadores, que señalaban que la recuperación post pandemia no permite un alza pronunciada, y el deseo de los trabajadores de hacer cumplir la oferta de campaña de Guillermo Lasso de un SBU de USD 500.

Para alcanzar el alza prometida por Lasso se debería incrementar anualmente el salario en USD 25, algo que es considerado imposible por los empleadores.

En los encuentros, el sector empleador propuso un alza de USD 2,6 cifra que no fue aceptada por los trabajadores.

Para fijar una variación en el SBU se debe tomar en cuenta el dato de inflación proyectado para el próximo año, que el Gobierno prevé en 1,28, lo que permitiría un alza de USD 5.

Si persiste el desacuerdo entre empleadores y trabajadores, el Código de Trabajo dispone que el encargado de fijar el nuevo SBU es el Ministro de Trabajo.

El Comercio.

En días anteriores el Alcalde del cantón Centinela del Cóndor, Ingeniero Luis Merino, se reunió con Cristian Lalvay, Director del MTOP de Zamora Chinchipe, con el fin de hacer la entrega formal de los estudios definitivos del proyecto de Mantenimiento y Protección del Puente Vehicular de la ciudad de Panguintza.

El interés de la actual administración es de gestionar y coordinar acciones con la entidad competente para la reconstrucción del área a fin de mitigar los impactos causados por el agua que fluye de la quebrada, a su paso bajo el puente, paso principal de la vía Troncal Amazónica.

Para el efecto el Gobierno Cantonal a través del equipo técnico de Planificación, realizó los estudios correspondientes para determinar el estado actual de la infraestructura y las obras requeridas para mitigar los daños causados por el agua en la infraestructura del puente en estudio.

Según el proyecto, se determina que el costo de inversión que se requiere para estos trabajos bordea los 359.489,31 USD, el mismo que contempla la Construcción de Disipadores de Energía aguas arriba y aguas abajo del puente; Construcción de Muros de Contención de Hormigón Armado Aguas Arriba y Aguas Abajo del Puente (alrededor de 390 metros en total de muros).

El objetivo del proyecto presentado al MTOP es el de construir las obras de protección que salvaguarden la integridad del puente y asegurar su correcto funcionamiento.

Ante la gestión presentada por la primera autoridad cantonal, el representante del Ministerio de Trasportes y Obras Públicas se comprometió a agilizar el trámite con el fin de que sea intervenida en el menor tiempo posible, y así evitar una mayor afectación del viaducto.

GAD Centinela del Cóndor.

No solo las violaciones son un delito. Contagiar enfermedades de transmisión sexual está penado. Las denuncias no se hacen por desconocimiento.

Ana María B., denunció a su novio por violencia de género en 2019. Cuando habló con la psicóloga de la casa de acogida a la que acude descubrió que su agresor cometió más delitos en contra de ella. “Yo no sabía que si siendo novios era agresión sexual tener relaciones pese a que yo no quería. Tampoco sabía que podía denunciarlo porque por culpa de él me dio papiloma”, dice la mujer de 32 años.

Y es que la agresión sexual no es únicamente cuando se comete una violación, hay otras formas de violencia que por desconocimiento no son denunciadas, pese a estipularse en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Sonya Villavicencio, abogada-activista, indica que denunciar a parejas o exparejas por contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) no es un delito que se denuncie comúnmente, ya que las víctimas no saben que esto es penado por la ley. “La mayoría de veces cuando es con dolo que el agresor haya contagiado de ETS a su víctima, se convierte en un agravante dentro de procesos que involucran violencia sexual. Pero existen casos de parejas, donde no hay una violación, pero sí un contagio con dolo y la víctima no hace nada”, señala Villavicencio.

Lo dicho por la abogada concuerda con la cifras de Fiscalía que detallan que, entre 2015 y 2020 apenas hay 46 denuncias asociadas a este delito tipificado en el artículo 215 del COIP, que detalla que, “la persona que utilice elementos biológicos, químicos o radioactivos que causen un daño irreparable, irreversible o permanente a la salud de una o más personas será sancionada con pena privativa de libertad de siete a 10 años”.

A eso se suma el artículo 48 que estipula como circunstancias agravantes en las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, la integridad y la libertad personal, “haber contagiado a la víctima con una enfermedad grave, incurable o mortal”. 

Falta de promoción y recursos

En Ecuador según datos del Ministerio de Salud, solo en 2019, 500.000 personas fueron diagnosticadas con algún tipo de ETS (ver recuadro). Para Villavicencio, tener un número tan bajo de denuncias muestra una falta de promoción, no solo de la prevención, sino de las acciones legales y las leyes que respaldan a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia sexual.

Por ejemplo, en la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia que estipula dentro de la violencia sexual “la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual”.

Pero sin promoción no hay conocimiento y sin conocimiento no hay denuncias. La misma Ley indica que, el uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares también son agresión sexual. Eso es lo que Ana María B., desconocía y pensaba que al tener sexo contra su voluntad, pero con su novio no podía considerarse violación.

“Esto es algo muy naturalizado en relaciones, especialmente en matrimonios. El machismo hace que el hombre crezca pensando que en una relación sentimental el cuerpo de la mujer es objeto de abuso sexual y lo justifica”, dice María José Méndez, terapista familiar.

Uno de los ejemplos más sonados sobre este tipo de violencia (transmisión de ETS con conocimiento o intención) pasó en 2020, cuando un artista ecuatoriano fue señalado por cinco mujeres. La causa se mantiene en investigación.

La Hora.

De cada $100 gastados, $25 se pierden en procesos fraudulentos, al año. Las entidades públicas planifican mal sus contrataciones y los procesos engorrosos facilitan las irregularidades. En los últimos cinco años, se ha gastado un promedio de $6.000 millones en compras públicas. Sin embargo, alrededor de $1.500 millones se pierden en procesos fraudulentos e ineficientes.

En otras palabras, de cada $100 contratados, al menos $25 terminan destinados a favorecer negociados, contratos sin beneficio para el Estado, y el despilfarro de recursos públicos en medio de un país en constante crisis económica.

Estos $1.500 millones malgastados representan cubrir más de dos veces lo que se necesita para rehabilitar la red de escuelas públicas en todo el país; o para financiar 24 veces los insumos y medicamentos que necesita un hospital grande como el Carlos Andrade Marín.

Durante el foro ‘Ecuador Open for Business’, el ministro de Producción, Julio José Prado reconoció que las compras públicas fraudulentas suman esos millonarios montos; pero aseguró que se están trabajando con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para solucionar el problema.

Sin embargo, Rocío Marín, economista e investigadora en temas de compras públicas, comentó que el actual Gobierno se ha llenado de discursos y buenas intenciones, aunque no se ve una ruta clara ni acciones concretas para ir frenado el despilfarro y que se adquiera lo que realmente se necesita.

“El sistema de contratación es engorroso, poco práctico y permite múltiples resquicios para la corrupción. La mala gestión en las compras no solo significa perder dinero, sino incluso también pérdidas de vidas, en el caso de la falta de provisión de medicamentos en los hospitales”, dijo.

Las promesas de mejora y más agilidad en el sistema se vienen dando desde el Gobierno de Rafael Correa, sin embargo, las pérdidas continúan.

Nadie se hace responsable

Durante una entrevista televisiva, el subdirector del Sercop, Luis Alberto Andrade, aseguró que la institución no es responsable de la creación de los procesos de compras; y solo se limita a cumplir lo que dicen las leyes vigentes.

De acuerdo con el funcionario, uno de los principales problemas es que la mayoría de las instituciones públicas planifica mal las contrataciones necesarias para cada año. Esa mala planificación abre la puerta a la deficiente ejecución de los presupuestos y el despilfarro.

“Yo quiero creer que es impericia o ineptitud. No sabemos si hay otros temas adicionales a ello”, acotó

Por su parte, desde ministerios, hospitales, empresas y entidades públicas, se argumenta que los mecanismos de contratación, incluyendo las aprobaciones, son lentos y se mantienen figuras que facilitan la corrupción.

Así, por ejemplo, se apunta a que es excesiva la existencia de ocho etapas o pasos para las compras. Incluso, el gerente encargado del hospital Teodoro Maldonado Carbo, Francisco Andino, ha puntualizado que detrás de modalidades como la llamada subasta inversa se encubren prácticas como que un mismo proveedor pueda participar a través de ocho empresas.

Marín recalcó que a todo esto se suma que, a pesar de los avances en el establecimiento de bases de datos abiertos para cierto tipo de contrataciones, la mayor parte del sistema todavía tiene vacíos que permiten la discrecionalidad y la poca transparencia.

La Hora.

Los hechos ocurrieron en la Penitenciaría del Litoral. En la fiesta participaron líderes de bandas criminales, como alias ‘Fito’ y ‘Junior’.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) anunció que cesó de sus cargos a Fausto Rosero, ahora exdirector de la Cárcel Regional del Guayas; y a Joffre García, ahora también exguía penitenciario.

El motivo es que ambos funcionarios participaron en una fiesta en el ala de alta seguridad con jefes de bandas criminales, como alias ‘Fito’ y ‘Junior’. Además, luego de esa fiesta, Rosero y García se vieron involucrados en un choque contra un patrullero. Según información que se registró en un reporte de la función judicial, Rosero agredió verbalmente a un agente después del choque.

García, como el conductor en estado de ebriedad, fue sancionando con 20 días de prisión.

La audiencia se habría realizado a la 01:30 del 27 de noviembre de 2021, en la Unidad Judicial Penal Norte.

En un comunicado de la SNAI, solo se informó del despido de los dos funcionarios de libre remoción. Y se aseguró que el coronel Mario Augusto Mendieta quedará a cargo de la cárcel donde ocurrió la fiesta

Luego de ser cesado en su funciones, Rosero habría manifestado sentirse arrepentido. Incluso le pidió disculpas al agente Jorge Hernández Allauca, de la Policía Nacional, a quien agredió.

La Hora.