El 7 de febrero de 2024, cuando la Corte Constitucional dio paso al pedido de Paola Roldán dispuso al Ministerio de Salud que "expida un reglamento que regule el procedimiento para la aplicación de la eutanasia activa voluntaria a la luz de criterios técnicos"
Este documento, según la sentencia de la Corte Constitucional, estará vigente hasta la aprobación de la ley respectiva. Ese proyecto está en manos de la Defensoría del Pueblo.
El Ministerio de Salud asegura que trabaja en la elaboración del documento y que estará listo hasta el 7 de abril de 2024, cuando vence el plazo otorgado por la Corte Constitucional. La autoridad sanitaria prevé tener los primeros avances esta semana.
Los principales temas que se incluirán en este reglamento son los relacionados con los fármacos que se podrán utilizar, las clínicas y hospitales en los que este procedimiento estará disponible y los especialistas que estarán autorizados a hacerlo.
El Ministerio de Salud explica que, a partir de la vigencia del documento, los pacientes podrán solicitar la eutanasia. Siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la sentencia de la Corte: La persona exprese su consentimiento inequívoco, libre e informado (o a través de su representante, cuando no pueda expresarlo), solicite acceder a un procedimiento de eutanasia activa.
La solicitud de un procedimiento de eutanasia activa responda a un padecimiento de intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable. Hay que recordar que el dictamen del máximo organismo de interpretación constitucional aclara que el médico que practique la eutanasia no será sancionado según el artículo 144 del Código Integral Penal.
Como ocurrió con Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Corte Constitucional encargó a la Defensoría del Pueblo la elaboración del proyecto de ley para la aplicación de la eutanasia.
La Defensoría detalla que elaboró una hoja de ruta en la que se establecen plazos para presentar el documento en la Asamblea en agosto de 2024, como ordenó la Corte. Según la Defensoría, hasta el 12 de marzo de 2024 ha elaborado el primer borrador que es analizado por sus funcionarios. El documento se maneja bajo reserva..
Previo a la presentación del documento final en el Legislativo, la Defensoría analizará si lo expuesto por los abogados y académicos tiene las condiciones legales y éticas para ser parte de la Ley.
La Defensoría del Pueblo estima que, con el avance que registra el proyecto, podría presentarlo antes de que venza la fecha límite otorgada por la Corte.
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