En el marco del debate legislativo sobre el proyecto de ley que proponía establecer transferencias automáticas de recursos desde el Presupuesto General del Estado hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), la legisladora Rogel votó en contra, bajo la suposición de que dicha medida podría afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas y generar inconsistencias con el marco jurídico vigente.

Según el criterio de la legisladora, el proyecto presentaba observaciones técnicas y legales. Entre ellas, se señala que la preasignación por el Modelo de Equidad Territorial no puede tener un crecimiento constante, ya que depende directamente de las recaudaciones efectivas del Estado.

Asimismo, advirtió que la transferencia automática de recursos limitaría los mecanismos de control del Ministerio de Economía y Finanzas, dificultando la consolidación de estados financieros del sector público y la validación de información proveniente de los GADs.

Otro de los puntos destacados por Rogel es que el proyecto se contrapone al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el cual establece que el Presupuesto General del Estado debe ser sostenible en el corto, mediano y largo plazo. Recordó que los ingresos no se recaudan en su totalidad al inicio del año fiscal, sino que se generan progresivamente a través de liquidaciones petroleras y recaudaciones tributarias.

La legisladora también indicó que la programación de la caja fiscal depende del uso ordenado de los recursos en función del tiempo, y que el mecanismo propuesto impediría cumplir con los procesos financieros obligatorios como la certificación, el compromiso devengado y la autorización de pago. Bajo esta lógica, el Banco Central realizaría débitos sin que se emita el Comprobante Único de Registro correspondiente, contraviniendo la normativa vigente y los controles internos.

Adicionalmente, sostuvo que el Banco Central operaría sobre valores brutos, sin considerar ajustes o devoluciones, lo que podría afectar la participación de rentas de universidades y otras entidades. Tampoco se aplicarían descuentos por anticipos entregados previamente, lo cual limitaría futuras asignaciones de este tipo.

Según su análisis, el débito automático también restringiría el manejo de liquidez por parte de la Subsecretaría del Tesoro Nacional, generando posibles retrasos en pagos a proveedores, necesidad de recurrir a financiamiento adicional, y afectaciones a la capacidad de respuesta ante emergencias. Esto, en su opinión, comprometería sectores estratégicos como salud, educación, seguridad y seguridad social.

Finalmente, la legisladora expresó que, desde su perspectiva, la transferencia automática de recursos sin considerar la programación ni la disponibilidad de la caja fiscal se contrapone al ordenamiento jurídico vigente y genera un impacto negativo en la sostenibilidad financiera del Estado.