El primer grupo que regresará a las aulas es el del bachillerato rural y técnico. Hay dos fechas adicionales, entre diciembre y enero.

Para el retorno obligatorio y progresivo a las aulas no es obligatoria la compra de uniformes escolares ni su uso.

Ese plan de regreso se aplica desde el próximo lunes 22 de noviembre tal como lo decidió el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

Según la ministra de Educación, María Brown Pérez, los lineamientos que se dieron al inicio del año lectivo 2021-2022 se mantienen.

“No se puede exigir el uniforme como un requisito indispensable para acceder a clases”, dijo en una entrevista radial, este viernes.

Brown agregó que hacen un llamado a las familias a que si tienen la posibilidad de adquirir los uniformes lo hagan porque, a su criterio, es un elemento que ayuda a que por un lado no usen la ropa que utilizan para otros espacios y no se deteriore y sea el uniforme al que se le dé “palo” y además porque da un valor agregado pues da un sentido de pertenencia a la comunidad.

La funcionaria indicó que si las condiciones socios económicos de la familia debidos a la pandemia o por otras causas no les permiten adquirir los uniformes la institución educativa no puede exigirlo como requisito para que el alumno pueda asistir a clases de forma presencial.

De hecho, en entidades educativas hay estudiantes que asisten a las aulas de manera semipresencial y no usan el uniforme.

El Universo.

Con el fin de garantizar a la población el acceso permanente a medicamentos, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), a través de su Coordinación Zonal 7, ha realizado más de 148 controles relacionados con el cumplimiento de turnos en establecimientos farmacéuticos de las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe (Zona 7) en lo que va del 2021.

Las acciones de control se realizan de conformidad con el Artículo 166 de la Ley Orgánica de Salud, que establece que las farmacias además de atender al público mínimo doce horas diarias ininterrumpidas, deben cumplir con los turnos de 24 horas, de conformidad con el cronograma que establece la Arcsa.

En estas inspecciones, los equipos técnicos revisan que el establecimiento cuente con una ventanilla para la atención, un letrero encendido que indique al usuario que la farmacia está de turno, el contrato con un representante técnico y el permiso de funcionamiento vigente.

Arcsa invita a la ciudadanía a revisar los turnos de farmacias en la página web: https://www.controlsanitario.gob.ec/turnos-de-farmacias/ o través de la aplicación para celulares Arcsa Móvil.

Del mismo modo, en caso de que el establecimiento farmacéutico no esté cumpliendo el cronograma, Arcsa invita a reportar a través de los canales antes mencionados.

Diario El Amazónico.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) determinó como de alta prioridad el tratamiento de todos los proyectos de ley referentes a la seguridad del Estado y seguridad ciudadana, rehabilitación social o que correspondan a materias conexas y que se encuentren en conocimiento de las Comisiones de Justicia y Estructura del Estado; Soberanía y Seguridad Integral; y, Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.

En tal sentido dispuso a los presidentes de dichas comisiones que, en el plazo de 7 días a partir de la notificación, presenten al CAL un cronograma priorizando el tratamiento de los proyectos en estas materias.

La legisladora Nathalie Arias se encargará de hacer el seguimiento respecto del cumplimiento del cronograma en la Comisión de Justicia; Johanna Moreira en la de Soberanía y Seguridad Integral; y Darwin Pereira en la Comisión de Garantías Constitucionales.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, hizo un llamado a las comisiones legislativas a dar el tratamiento prioritario.

Además, el CAL calificó a trámite los proyectos de Ley para el uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza; de seguridad privada (dos); seguridad digital, ciberseguridad, ciberdefensa y ciberinteligencia, mismos que serán analizados por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. También, el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal y Ley de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial para sancionar los delitos en los espacios acuáticos nacionales que serán analizados por la Comisión de Biodiversidad.

Por otro lado, luego de verificar los requisitos, el CAL calificó con 6 votos a favor el inicio de proceso disciplinario en contra del asambleísta Diego Ordóñez Guerrero, una vez que la asambleísta Mónica Palacios completó la queja, conforme el artículo 173 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En otro orden, el CAL conoció varias solicitudes de amnistía, mismas que fueron remitidas a la Unidad Técnica Legislativa (UTL), para que verifique el cumplimiento de los requisitos y pertinencia establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Una vez que el CAL emita el dictamen previo de admisibilidad, el Secretario de la Asamblea, en el plazo de 2 días, remitirá a la Comisión Especializada encargada de tramitar el tema, a fin de dar inicio al pedido solicitado.

De igual forma conoció las solicitudes sobre indultos y remitió a la Comisión Administrativa coordinada por la Unidad Técnica Legislativa para verificación del cumplimiento de requisitos.

Asamblea Nacional Del Ecuador.

El organismo prevé implementar un sistema para el registro de organizaciones políticas, que incluiría que la ciudadanía dé su huella dactilar para afiliarse.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) estima una inversión de $ 425 millones para los próximos cuatro años, para ejecutar proyectos de fortalecimiento institucional como parte de su Plan Estratégico 2022-2025.

La noche de este 17 de noviembre, con cuatro votos afirmativos de los consejeros Enrique Pita, José Cabrera, Esthela Acero y Diana Atamaint se aprobó el Plan Estratégico, que plantea tres ejes y cinco objetivos.

Entre estos, el CNE aspira a optimizar los procesos electorales con el desarrollo de sistemas informáticos propios, innovar el Sistema Integrado de Organizaciones Políticas, el de inscripción de candidaturas y acreditación de delegados, así como implementar el Sistema Contable del Financiamiento a la Política, que se creó en las reformas al Código de la Democracia.

La proyección presupuestaria para estos cuatro años incluye gastos en personal para las elecciones seccionales que se efectuarán en el 2023 y de las nacionales para el 2025.

Se detalla que para los planes operativos anuales de los cuatro años siguientes se requerirán $ 160′669.262; para los planes operativos electorales, $ 197′359.753; para el Fondo de Promoción Electoral, $ 67′616.841. Un total de $ 425′645.856.

Pero, justamente la asignación de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas es uno de los obstáculos que identificó el CNE.

Las políticas de austeridad que aplica el Gobierno nacional “podrían afectar el financiamiento para los procesos electorales”, por lo que se prevé gestionar actividades estratégicas con cooperación internacional, presentando proyectos de inversión, cita el Plan aprobado.

También la presencia de posibles rebrotes de COVID-19 podrían restringir el desarrollo de un proceso electoral, por lo que se buscará hacer previsiones en las planificaciones.

El organismo electoral se proyecta implementar el voto telemático, y para el Sistema Integrado de Organizaciones Políticas se adecuaría un sistema de huellas dactilares para la afiliación y adhesión permanente de los ciudadanos a los partidos y movimientos políticos.

En este caso, se propusieron desarrollar un sistema informático que permita integrar “la recepción, trámite, resolución y registro de la admisión o rechazo en las solicitudes de inscripciones de organizaciones políticas”.

En este se incluirá la desafiliación, renuncia, expulsión y reclamos de afiliación o adhesión involuntaria de los ciudadanos.

Los consejeros resaltaron la elaboración de este documento, para el que habrían contado con la participación del Programa de las Naciones Unidas (PNUD)

Para el consejero José Cabrera, esto será “la bitácora de navegación para fortalecer a la institución”.

El vicepresidente Enrique Pita aseguró que el proyecto central está enfocado con mejoras al sistema de escrutinio para reducir las inconsistencias, para el que se deben aplicar las recomendaciones de las auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado, por ejemplo.

Añadió que las actividades propuestas no se hicieron por beneficio personal o político de quienes actualmente son consejeros.

“No es un plan que obedece a la decisión específica de los actuales consejeros, sino a una visión que, en ningún caso, es politizada o sesgada, respecto a expectativas personales”, afirmó.

Esto, en el contexto de que el Consejo Electoral experimenta la primera renovación parcial de sus miembros, en cumplimiento del artículo 218 de la Constitución.

Este determina que sus autoridades estarán en funciones seis años y se renovarán parcialmente cada tres años: dos consejeros en la primera ocasión y tres en la segunda.

Justamente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se encuentra desarrollando el concurso público para designar a dos vocales principales y dos suplentes, el que concluiría en aproximadamente siete meses.

No obstante, las nuevas autoridades no asumirán sus cargos este 20 de noviembre cuando se cumple el primer tercio del periodo, pues el CPCCS se retrasó en la organización del concurso de selección.

Para dar seguimiento a la ejecución de este plan, los consejeros instituyeron una comisión técnica, que estará compuesta por sus delegados.

El Universo.

Más de 2 800 personas asistieron a la inauguración del primer foro de inversiones organizado por el Gobierno ecuatoriano, este jueves 18 de noviembre del 2021.

El presidente Guillermo Lasso inauguró el evento híbrido, presencial y virtual. Durante su Inter, el Primer Mandatario señaló que durante este foro se expondrá un portafolio de 50 proyectos públicos a los inversionistas.

Entre los proyectos están la Hidroeléctrica Santiago; el Viaducto sur Guayaquil, y Rehabilitación del Sistema Ferroviario Nacional, entre otros.

El objetivo es captar con estos proyectos USD 30 833 millones en inversiones, en los próximos 4 años, en los sectores de hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones, infraestructura, soluciones viales y agroindustrias.

“Estos 30 000 millones de dólares va a permitir reactivar a los pequeños negocios, a las microempresas, medianas y grandes empresas. Va a significar oportunidades para muchas familias ecuatorianas”, dijo Lasso.

Además, se refirió al éxito del proceso de vacunación contra el covid-19 y las cifras positivas del Ecuador en los últimos meses, como el incremento de reservas internacionales de USD 5 900 millones a USD 8 200 en lo que va de gobierno.

Asimismo, Lasso señaló que se trabaja en otras acciones para atraer inversiones como la creación de la Secretaría para las Alianzas Público y Privadas, que se encargará directamente de la formulación y gestión de proyectos de inversión.

“Creo firmemente en que el futuro de Ecuador y del continente pasa por este tipo de encuentros (…). Pasa por convencernos de que hacer negocios es una forma vital de construir a la nación. Debemos estar conscientes de que buscar y crear oportunidades es también construir una mejor sociedad, más justa y ética”, aseguró el Primer Mandatario. Por otra parte, aseguró que en las próximas semanas enviará el proyecto de Ley de Fomento de Inversiones a la Asamblea.

El Open for Business es la estrategia productiva del Gobierno para la reactivación del país y concluirá esta viernes 19 de noviembre.

El Comercio.

Tras casi cuatro años de mantener suspendida la entrega de concesiones mineras en Ecuador, el Gobierno tiene previsto abrir el catastro minero entre diciembre del 2021 y enero del 2022, informó este 18 de noviembre del 2021 Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, durante su intervención en el foro Ecuador Open for Business 2021.

El propósito, según el Ministro de Energía, es promover el desarrollo de esta actividad y atraer más inversiones. “El catastro está cerrado hace cuatro años, es hora de abrirlo. No solo porque es un requisito, sino porque es una demanda y los inversionistas lo requieren”.

La entrega de concesiones mineras fue suspendida en diciembre del 2017, durante el Gobierno anterior, por pedido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Una vez que se abra el catastro minero, este insumo contendrá información sobre las áreas donde estará permitido desarrollar esta actividad. Además, proporcionará datos a los inversionistas sobre la infraestructura próxima que existe en esas zonas: vías, puertos, proyectos eléctricos y otros que son claves para impulsar esta industria.

El esquema identificará también áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles. En estos sitios está prohibido el desarrollo de la minería metálica, en todas sus etapas, tras la consulta popular del 2018.

El Ministerio de Energía mencionó que actualmente apenas alrededor del 10% del territorio país se encuentra concesionado. Sin embargo, cuando se cuente con el catastro existe la posibilidad de ampliar ese porcentaje.

La concesión de un área minera permite que los inversionistas desarrollen actividades de exploración en las zonas determinadas. Estas prácticas (exploración) pueden terminar o no la explotación de minerales, en función de los resultados obtenidos en las distintas fases.

El titular de Energía enfatizó el potencial que tiene la industria minera en el país. Este año, por ejemplo, se estima que la exportación de minerales ascenderá a unos USD 1 600 millones.

El Comercio

El vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, indicó que el Gobierno evalúa decretar un nuevo estado de excepción. Analistas miden los alcances constitucionales.

Hoy, 18 de noviembre, se cumplen los 30 días de vigencia establecidos para el estado de excepción que determinó el Gobierno como mecanismo para combatir a la delincuencia.

“El Gobierno está evaluando un nuevo estado de emergencia, esperemos que hasta mañana se haya tomado una decisión”, aseguró Jijón. Esto porque aún no tienen una evaluación del primero.

El 18 de octubre pasado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretó el “estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional por el plazo de 60 días”.

Según anunció el Primer Mandatario, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llevarían a cabo controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día, requisiciones de droga y más acciones.

La Corte Constitucional (CC) le impuso límites a ese decreto. Señaló que se excedió en el alcance territorial del despliegue militar y, además, redujo su vigencia de 60 a 30 días.

La renovación del estado de excepción dependerá de una evaluación que esperan tener las autoridades entre este 19 y 20 de noviembre.

El presidente Lasso, a inicios de este mes, ya había calificado a los resultados, hasta ese momento, como positivos.

Pero, ¿hay límites para una renovación del estado de excepción? ¿Puede la Corte Constitucional frenar esas iniciativas?

Para Ismael Quintana, abogado constitucionalista, la Corte Constitucional no tiene ninguna atribución para determinar la vigencia de un estado de excepción, ni en su periodo inicial ni en su posibilidad de renovarlo.

“Ha entrado a asumir una facultad que no tiene porque el único habilitado a definir (los términos de un estado de excepción) en el decreto, en el marco constitucional, es el Presidente de la República”, indica Quintana.

Considera que el tema carcelario no se va a resolver en 60 o 90 días, porque para ello se requiere la aplicación de una política pública a largo plazo. Pero, plantea que para mitigar los sucesos, “hay que darle la posibilidad al Presidente para pueda renovar las veces que sean necesarias, mientras la contingencia no se supere”.

En esto coincide el constitucionalista André Benavides, y plantea como “totalmente prudente renovar el estado de excepción”. Para ello el Mandatario debe “fundamentar de manera adecuada para meter a las Fuerzas Armadas en los centros de rehabilitación social”, señala.

Benavides plantea como salida jurídica a la limitación que antes ya puso la Corte que el estado de excepción sea focalizado en las provincias o centros de privación de libertad donde se concentra la crisis.

Los dictámenes sobre el límite de vigencia del estado de excepción es un punto de crítica de los expertos.

El Comercio.

Paso a paso es, cada vez, más evidente la configuración de una tormenta perfecta para el sector agrícola y pecuario. El aumento en el precio del gas natural, a niveles superiores a los alcanzados en la crisis de 2008, está provocando un creciente encarecimiento y escasez de importantes insumos como fertilizantes, herbicidas, nitrogenados, urea.

Los precios de los insumos han tenido un salto de entre el 40% y 100%. Esta situación ha puesto por las nubes los costos de producción en el campo ecuatoriano (a nivel mundial también), lo que da como resultado que se restrinjan al mínimo, o de plano no se hagan nuevas inversiones en el sector de cara a 2022.

El empresario y agricultor Geancarlo Murrieta explicó que «al no poder sembrar porque sería salir a pérdida, los campos se quedarán botados y con ello se dejará de requerir de mano de obra. Juro que no es pesimismo, es una dolorosa realidad».

En otras palabras, la escasez y encarecimiento de materias primas para la siembra podrían provocar, a su vez, escasez o una provisión limitada de algunos de los principales productos agrícolas en el mercado nacional. Eso, por su parte, empujaría un aumento de precios y del costo de la canasta básica.

De acuerdo con Murrieta, la producción agrícola, bajo las condiciones actuales, no es negocio a menos que sea lo suficientemente grande para tener economías de escala o la productividad por hectárea esté por encima del bajo promedio nacional.

Cereales, verduras y hortalizas, inclusive productos cárnicos y lácteos (pastizales para el ganado) requieren una serie de productos químicos cada vez más costosos. Asimismo, los precios de otras materias primas precios como el trigo y maíz se han disparado a niveles  a los de 2012.

Loren Vera, por su parte, puntualizó que, a pesar de que el año pasado incursionó en con su esposo en la siembra de arroz y soya, ahora el proyecto se queda en suspenso.

«Este ciclo no vamos a sembrar, los costos de los fertilizantes y ciertos otros productos están por los cielos», acotó

A escala mundial, la envergadura de la crisis se visibiliza en situaciones como el riesgo creciente de que Brasil no pueda cumplir con sus compromisos de exportación de café. Asimismo, otros países como Rusia y China están limitando sus ventas al exterior porque la caída de su producción local se está quedando corta frente a la demanda interna.

Por el lado de la oferta de insumos, los problemas alcanza a la gigante noruega Yara, la cual ha anunciado que reducirá en 40% su fabricación de amoniaco y otros materias primas para la producción agrícola como consecuencia de los precios récord de gas natural.

Fernando Ríos, mediano productor, comentó que en Ecuador se debería estar pensando en ayudas directas a los agricultores, en lugar de exigir el mantenimiento del subsidio a los combustibles.

«Lamentablemente, la economía nacional no está preparada. No existe reservas ni tecnología para enfrentar crisis y shocks externos; pero se debería estar hablando de cómo evitamos una caída del agro», concluyó. 

La Hora.

Con la finalidad de asistir a las familias más vulnerables del cantón, el Municipio de Yantzaza, continuará con la campaña de conexión Wifi gratuito en zonas urbano-marginales y rurales del cantón, facilitando el acceso a la educación en línea a cientos de estudiantes y promoviendo una preparación académica idónea para los alumnos.

A inicios de este año, 13 barrios como; Nankais, Muchime, El Pindal, El Padmi, Los Hachos Alto, Los Hachos Bajo, La Yona, Unión Lojana, San Juan de Chicaña, Playas La Florida, San Antonio, El Pincho y San Vicente de Caney, se beneficiaron de este proyecto, donde se instaló zonas con internet libre en las unidades educativas, y cada presidente barrial es responsable del mismo.

“Ha sido un proyecto muy beneficioso para los niños, adolescentes y ciudadanía en general, porque hemos colocado este servicio en lugares donde incluso no hay señal telefónica, mejorando así la educación y comunicación. Por ello hemos decidido continuar y ampliar el servicio para llegar a más barrios como; Miraflores, San Andrés, Río Chantzas, El Oso, La Merced, San Sebastián, Nueva Esperanza y Wambash.” mencionó Martín Jiménez, alcalde de Yantzaza.

Con una inversión de 38 mil dólares aproximadamente, en los próximos meses se incrementarán 8 barrios, con zonas de internet y se renovará el servicio a los otros 13 ya instalados, sumando un total de 21 puntos wifi gratuitos en todo el cantón Yantzaza.

GAD De Yantzaza.

El pasado 10 de noviembre del presente año, El Directorio de la Entidad de Control de Energía aprobó la reducción de los procesos de pagos de las operadoras petroleras por los servicios que prestan el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y la Agencia de Regulación y Control de la Energía y Recursos No Renovables sobre actividades de control, fiscalización, regulación y administración de las actividades hidrocarburíferas.

Por lo tanto a partir del 01 de enero del 2022, de los 2 000 pagos aproximados que realizaban anualmente las empresas petroleras, solamente se efectuará uno cada año, sin afectar la recaudación estatal promedio, señaló el Ministerio de Energía en un boletín de prensa.

El documento sostiene que esta decisión contó con el pronunciamiento favorable de la Presidencia de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas.

En la Resolución del organismo estatal, se definió “fijar una Tasa Única anual a los sujetos de control que efectuarán actividades en las fases de exploración y explotación de hidrocarburos”. Como parte de esta tasa, se incluirán también los valores por actividades de transporte, almacenamiento, refinación e industrialización.

Según el ministerio, la decisión del Directorio mejorará sustancialmente la eficiencia en el sector petrolero, impulsará la captación de mayores inversiones y fortalecerá la seguridad jurídica del país, según lo planteado en la nueva Política Petrolera.

Con esta decisión se simplifican 91 ítems sujetos a pago. De ellos, 46 pertenecían a la Agencia y 45 al Ministerio del ramo.

Además, se estableció un mecanismo para que los valores cobrados por concepto de la Tasa Única sean recaudados a través de un solo proceso, y se distribuyan entre la Agencia (63%) y el Ministerio (37%).

El Comercio.