El segundo y definitivo debate de la reforma tributaria, denominada Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19, se realizará hoy 24 de noviembre del 2021 en Pleno de la Asamblea.

En este proyecto de ley, los legisladores plantearon cambios en lo referente al impuesto a la renta (IR) y la deducción de gastos personales. También hicieron ajustes en el impuesto especial al patrimonio y el incremento del Impuesto a Consumos Especiales (ICE) para bebidas alcohólicas, entre otros.

La Comisión de Desarrollo Económico, que trató esta iniciativa, aprobó con siete votos el informe para segundo debate, el viernes pasado.

Con la reforma, que fue enviada por el Ejecutivo con carácter de económico urgente, se aspiraba recaudar USD 1 900 millones en los próximos dos años. Pero con los cambios propuestos por los legisladores no se alcanzará esta meta, advierten expertos tributarios.

Napoleón Santamaría, abogado tributario, mencionó que después de los debates en el Legislativo la reforma no es tan “agresiva”, como la que envió el Gobierno. Por ende, el impacto en el bolsillo de los contribuyentes no es tan fuerte, especialmente en el tema del impuesto a la renta.

“El efecto recaudatorio va a estar en las personas que ganen más de USD 2 600 mensuales. Ya no sería clase media, sino la clase media alta y alta”. Además, hay otros cambios que difícilmente permitirán llegar al objetivo del Gobierno, dijo Santamaría.

Para Javier Bustos, experto en temas tributarios, los ajustes no aportan, porque estas iniciativas buscan recaudar más, pero con los cambios propuestos en la Asamblea “no se va a generar una mayor recaudación, se va a complicar el sistema y a lo mejor hasta baja la recaudación, ya que pasan las exenciones en renta, en IVA”.

Por esto, según Bustos, si la reforma pasa en el segundo debate, pero no permite una mayor recaudación, el Ejecutivo debería vetarla totalmente. “Le tocará incorporar mecanismo para controlar la evasión tributaria vía Decretos”.

Para la aprobación de esta norma en el Pleno se necesitan al menos 70 votos, luego pasa al Ejecutivo para su aprobación o veto. En el último caso, si es un veto parcial, vuelve a la Asamblea. Pero, si hasta este sábado no hay un pronunciamiento, el proyecto entra en vigor por el ministerio de la ley.

Base del IR se incrementa

La base para el cobro del impuesto a la renta (IR), es decir el salario mensual que se tomará en cuenta para recaudar este tributo, fue modificada. El Ejecutivo planteó que aportarán quienes ganen más de USD 2 000 mensuales.
Pero la Comisión señaló que con esta base se está afectando a la clase media. En el informe para primer debate se incrementó a USD 2 500 y después en el Pleno se elevó para quienes ganen más de USD 2 600. La propuesta plantea un esquema que se inicia en 5% para quienes ganen USD 2 600 y termina en 37% para las personas naturales que perciben más de USD 100 000 al año.

Tope de deducciones sube

El Gobierno buscaba reemplazar las deducciones de gastos personales con un descuento directo en el pago del impuesto por hasta USD 500 (para los que más ganan) y de USD 1 000 para los que ganan menos. Para ello se tomaba en cuenta un tope máximo de USD 5 000 en gastos personales.
Los asambleístas incrementaron a USD 10 000 los gastos personales a deducir, porque al reducir este monto se desincentivaría el pedir facturas.
Expertos que comparecieron ante la Comisión solicitaron mantener el esquema actual de deducción de gastos personales, que es de hasta USD 14 575,60.

Impuesto a patrimonio alto

El impuesto temporal para personas naturales con patrimonios altos también tuvo cambios. Las personas que tengan patrimonios mayores a USD 1 millón pagarán este tributo. La modificación es en la tasa, que va desde 1% al 1,5% progresivamente. En cambio, las empresas que pagarán el tributo son aquellas que tengan un patrimonio superior a USD 4 millones, la tasa también será progresiva desde 0,5% hasta 0,8%. El tributo será por dos años.
El sector agroproductivo solicitó que se excluyan las tierras rurales del cálculo del valor del patrimonio, ya que este sector depende de la tierra para producir.

ICE para licores, eliminado

El Gobierno propuso incrementar el impuesto a consumos especiales (ICE) para bebidas alcohólicas. El fin era incrementar de USD 7,18 a USD 10 el precio por litro de alcohol para bebidas alcohólicas y unificar el precio a USD 13,08 el litro de alcohol para la cerveza. Actualmente es diferenciado para la cerveza artesanal, que paga USD 1,5 por litro. Al final, no se modificó la tabla. Esteban Ortiz, salubrista, dijo que el impuesto como está diseñado no cumple con su función que es desincentivar el consumo por salud pública; el sector empresarial señaló que el incremento favorecería el contrabando

El Comercio

En la Asamblea Nacional se presentó un proyecto de Ley que permitirá el derribo de aeronaves que realicen tareas relacionadas al narcotráfico, que ingresen al espacio aéreo nacional sin un plan de vuelo o inobserven el plan aprobado.

La iniciativa la presentó Johanna Moreira, legisladora de la Izquierda Democrática, quien considera que es necesario priorizar la construcción de una norma que se ajuste a las nuevas realidades delictivas cometidas en Ecuador como el narcotráfico, tomando en cuenta que existen limitaciones legales, para realizar control y vigilancia e inclusive la sanción sobre la construcción de pistas ilegales en varias partes del país.

Según la proponente, actualmente, las Fuerzas Armadas y especialmente la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) está atada de manos, no existe una ley que permita o prohíba que se intervenga con la fuerza a cualquiera aeronave que se encuentre volando sin autorización, plan de vuelo, sin contacto, de manera hostil o ilegalmente en Ecuador.

Al momento y bajo la norma legal ecuatoriana vigente, el derribo únicamente se puede ejecutar durante un conflicto armado o crisis internacional y mientras exista una amenaza a la soberanía del Estado. Sin embargo, para poder combatir al crimen organizado internacional varios países desarrollaron normativa que permita actuar con sus fuerzas aéreas.

Antes de proceder al derribo de una aeronave, según la propuesta, se debe comprobar al menos doce parámetros sobre las circunstancias en que ingresa al espacio aéreo nacional relacionadas con autorización, identificación, comunicación con la aeronave. Solo ahí se podrá declarar que se trata de una aeronave hostil, y podrá ser sujeto del uso de la fuerza mediante la persuasión o neutralización e inclusive proceder al derribo. También un dron podrá ser declarado como aeronave hostil.

Agotadas todas las medidas de persuasión hacia la aeronave, por radio y cartelería, uso de munición trazadora, se procederá al derribo con un disparo directo sobre la misma con la finalidad de provocar daños que impidan la prosecución del vuelo. Derribada la aeronave, se remitirá la confirmación de la misma a la Policía Nacional, Fiscalía General del Estado y Criminalística, para los procedimientos de Ley, según el contenido de la propuesta.

Como justificativo para presentar el proyecto se indica que de acuerdo con un cuadro estadístico de la Dirección Nacional de Antinarcóticos (DNA), entre los años 2012 hasta abril del 2021, se habrían capturado 26 narcoavionetas en territorio ecuatoriano, con 104 detenidos.

En la propuesta la legisladora Moreira señala que se necesita de una ley que permita la identificación de una aeronave irregular, la interceptación e incluso el derribo de la misma, como una acción final sobre nuestra soberanía; enviando un mensaje claro a esos grupos delincuenciales del país, especialmente a cárteles mexicanos y colombianos que operan en Ecuador.

En esta normativa se tendrá que conjugar conceptos, protocolos internacionales para el proceso de interceptación y derribo, fases del proceso e instituciones que tendrían que intervenir y los mecanismos que se necesitarían para que la FAE pueda combatir a estas aeronaves pertenecientes al crimen organizado y que pueden estar involucradas en varios delitos, como transporte de sustancias ilícitas, tráfico de armas, trata y tráfico ilícito de personas, transporte de dinero o valores, entre otros.

Con esta norma se reforzará también el Sistema de Seguridad Interior Aéreo Ecuatoriano, que trabajará en la vigilancia, identificación, persuasión, y derribo de aeronaves ilícitas dentro del espacio aéreo ecuatoriano, como también las comunicaciones existentes y la repotenciación de radares.

La legisladora insiste en que la presente Ley es taxativa, pero que en el fondo es una acción disuasiva, que buscará en primera instancia interceptar y neutralizar a toda aeronave no identificada dentro del territorio nacional para poder combatir el crimen organizado, una acción importante será el uso de munición trazadora visual, ya solo en última instancia se dará la orden de derribo. Esta normativa en la parte regional ha sido aprobada por 7 países y en el caso colombiano data en vigencia desde el año 1993

 El Universo.

Como parte de la inclusión financiera, los bancos privados del Ecuador trabajan en otorgar facilidades a las mujeres para el acceso a créditos.

Según Marcos Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), se ha logrado conseguir USD 560 millones de organismos multilaterales, destinados a líneas de crédito para las mujeres, con lo cual puedan acceder a créditos productivos en mejores condiciones.  

También en lo que va del año se ha conseguido otros USD 292 millones de los cuales una parte se destinará a los mismos fines, dijo el vicepresidente. Así lo señaló este lunes 22 de noviembre del 2021, en el marco del evento Training Regional de Gobierno Corporativo Resiliente e Inclusivo hacia un Enfoque de Género.

Este evento internacional, que es organizado por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) y la Superintendencia de Bancos (SB), se desarrollará del 22 al 23 de noviembre.

En este espacio se debatirán los desafíos para la inclusión financiera; ya que, de acuerdo con el reporte de Global Findex 2017, a escala internacional, 1 700 millones de adultos no tienen cuenta, de los cuales el 56% son mujeres. 

Si bien han existido avances, la desigualdad persiste. Mientras el 72% de los hombres tienen una cuenta, las mujeres solo alcanzan un 65%. Esa brecha de género de 7 puntos porcentuales también existía en el 2014 y el 2011.

El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, quien estuvo presente en el evento, indicó que, de enero a septiembre de este año, el Gobierno ha ejecutado USD 440 millones para programas de equidad de género en el país, cifra superior al año pasado.

Para Cueva es importante combatir la exclusión financiera porque afecta principalmente a mujeres, jóvenes y minorías étnicas, para así evitar que caigan en el sistema financiero informal.

Un reciente estudio de brechas de género referido a capacidades financieras del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) revela que, únicamente el 30% de las mujeres en el Ecuador afirman tomar decisiones financieras de forma independiente

.También señala que tres de cada cinco mujeres ecuatorianas no tienen ingresos suficientes para cubrir sus gastos del mes y existe una brecha del 2% entre hombres y mujeres respecto a poseer una cuenta de ahorros.

En horas de la tarde de este 22 de noviembre está previsto el anuncio de la firma de la Declaración Maya para la Inclusión Financiera, que tendrá lugar en el Palacio de Gobierno entre la AFI y la SB. El presidente Guillermo Lasso participará en calidad de Testigo de Honor.

El Comercio.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) determinó como de alta prioridad el tratamiento de todos los proyectos de ley referentes a la seguridad del Estado y seguridad ciudadana, rehabilitación social o que correspondan a materias relacionadas.

El organismo dispuso a los presidentes de las comisiones de Justicia; Soberanía y Seguridad Integral; y, Garantías Constitucionales que, en el plazo de 7 días a partir de la notificación, presenten un cronograma priorizando el tratamiento de los proyectos en estas materias.

La legisladora Nathalie Arias (Creo) se encargará de hacer el seguimiento respecto del cumplimiento del cronograma en la Comisión de Justicia; Johanna Moreira (ID) en la de Soberanía y Seguridad Integral; y Darwin Pereira (PK) en la Comisión de Garantías Constitucionales, informó el Parlamento.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, hizo un llamado a las comisiones legislativas a dar el tratamiento prioritario a estos cuerpos legales.

Además, en la sesión del jueves pasado, el CAL calificó a trámite los proyectos de Ley para el uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza; de seguridad privada (dos); seguridad digital, ciberseguridad, ciberdefensa y ciberinteligencia, mismos que serán analizados por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral.

También, el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal y Ley de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial para sancionar los delitos en los espacios acuáticos nacionales que serán analizados por la Comisión de Biodiversidad.

La decisión del CAL ocurrió dos días después de que el Pleno aprobó un informe de la Comisión de Seguridad sobre la crisis carcelaria y dio varias tareas a otras instituciones del Estado como una reestructuración del sistema carcelario y una reparación integral para los familiares de las víctimas de las masacres que en lo que va de 2021 han cobrado la vida de 316 personas privadas de la libertad (ppl)

Las autoridades del Parlamento se comprometieron también a tramitar con celeridad algunos pedidos de amnistías, entre los que se encuentran procesos judiciales contra dirigentes indígenas y gremiales por las protestas de octubre de 2019.

El Comercio.

La empresa privada Corpetrolsa y la estatal Petroecuador en la mañana de este lunes, 22 de noviembre del 2021, un contrato para el servicio de recepción, transporte, almacenamiento y despacho de productos derivados de petróleo, por quince años. De esta manera, Corpetrolsa se convierte en la primera empresa privada que entra en el mercado de importación de combustibles y contrata los servicios de la infraestructura de Petroecuador.

De acuerdo con Petroecuador, esto le permitirá optimizar los recursos existentes a través de la utilización de la infraestructura de la estatal petrolera, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo 1158, cuya Disposición General Cuarta señala que “las empresas públicas deberán facilitar la infraestructura a cambio del pago de una tarifa razonable por volumen y permanencia, para la importación, recepción, transporte y almacenamiento, y despacho de combustibles, con su costo y margen. La tarifa será establecida por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables”.

El acto contó con la presencia del ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, como testigo de honor.

El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, felicitó a Corpetrolsa por tener la valentía de ingresar a este mercado monopólico que había sido manejado, hasta ahora, por Petroecuador. Informó que este acuerdo comercial se enmarca en el Decreto 95, suscrito en julio pasado, que beneficiará a las dos partes y generará ingresos para la empresa pública y el país. “Para la ejecución de este contrato se podrán utilizar los muelles petroleros de Esmeraldas, La Libertad y Tres Bocas, además de los poliductos, los terminales y refinerías, todos estos activos pertenecientes a EP Petroecuador. Estamos buscando las mejores opciones para que vengan las nuevas inversiones al sector hidrocarburífero, poniendo en práctica lo que establece el Decreto 95 y utilizando la infraestructura existente”, dijo.

Por su parte, el gerente general (S) de EP Petroecuador, Pablo Luna, explicó que el cobro de tarifas se basará en lo establecido por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC). “Existe una tarifa diferenciada por el uso de cada segmento de la infraestructura, lo que permite a las empresas realizar planes piloto y a EP Petroecuador cobrar por el uso diferenciado, es decir, existe la opción de la tarifa única de $ 0,027665 por galón, que será aplicable siempre y cuando se cumpla con la distribución del producto en todos los terminales que se consideraron para la fijación de la tarifa”, afirmó.

Por su parte, el representante de Corpetrolsa, Jairo Molina Bustos, explicó que el objetivo de su empresa es poder realizar importaciones de combustible con mejor calidad que la que ahora se comercializa en el país.

Cabe destacar que, el 6 de septiembre de 2021, la compañía Corpetrolsa S. A. fue calificada y autorizada para el ejercicio de las actividades de abastecimiento de derivados de hidrocarburos, biocombustibles, sus mezclas, incluidos GLP y gas natural, en todos los segmentos de mercado. EP Petroecuador garantizará que la calidad de los derivados de hidrocarburos a entregarse en los puntos de despacho se encuentre dentro de las especificaciones técnicas conforme lo estipulado en este contrato. Además, la empresa privada podrá importar los derivados que desee, siempre que cumpla con las normas NTE INEN.

El Universo.

La repatriación de 170 privados de la libertad colombianos desde Ecuador fue otro de los acuerdos con los que terminó la reunión de alto nivel entre el presidente Guillermo Lasso y su homólogo del vecino país, Iván Duque, en Carondelet, este domingo 21 de noviembre de 2021.

Duque manifestó que por este proceso supone la activación de un protocolo continuo, regular y basado en fundamentos precisos para que esa repatriación opere oportunamente.

El director encargado del sistema penitenciario, Fausto Cobo, quien también participó de este encuentro, explicó que “ya están listos los expedientes. El proceso ha avanzado. Es cuestión de días si la Cancillería así lo resuelve”.

“Es importante iniciar con este proceso, para eso se requieren tres voluntades: la primera es del propio reo, la segunda, del Estado, en donde está cumpliendo la pena; y la tercera es el país de donde el cual él procede. Entonces, si hay esas tres voluntades se puede avanzar”, explicó.

Además, aclaró que “no todos pueden ser repatriados, hay delitos que no lo permiten, hay una serie de inconveniencias que hay que ir separando, es un tema diplomático”.

De acuerdo a información de la Presidencia colombiana, en total “tan solo 2 127 (de sus connacionales detenidos en Ecuador) podrían acceder al trámite de traslado, por cuanto cumplen la condición básica de haber sido condenados por las autoridades ecuatorianas”.

El Comercio.

Los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Colombia, Iván Duque, anunciaron que el próximo miércoles 1 de diciembre se reabrirá la frontera entre ambas naciones.

Ese fue uno de los acuerdos a los que llegaron los mandatarios tras una reunión que incluyó delegaciones de ambos países, desarrollada este domingo, 21 de noviembre, en el Palacio de Carondelet, en Quito.

El cierre de fronteras rige desde marzo del 2020. Luego de la reunión dieron a conocer los compromisos adquiridos.

Duque mencionó que hay el compromiso de su nación de brindar apoyo, asesoría, acompañamiento e integración de su capacidad en seguridad para enfrentar enemigos como el narcotráfico y el terrorismo.

El mandatario colombiano acotó que ambos países comparten una agenda de emprendimiento e innovación.

Acotó que en 2022 habrá una reunión de mandatarios de Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica para reafirmar su decisión de crear el área protegida marina más grande del mundo, que une varios ecosistemas. La cita será en las islas Galápagos.

De su parte, Lasso indicó que reabrir fronteras no solo es el resultado de que ambos países hayan avanzado en el control de la pandemia del coronavirus, sino que da una solución a un problema de seguridad que se ha manifestado con la presencia de caminos ilegales.

“Al abrir las fronteras ninguna familia ecuatoriana o colombiana tendrá que pagar la extorsión de ninguna banda de delincuentes que les cobran por el paso a través de vías alternas a las vías oficiales, que serán abiertas el próximo primero de diciembre”, dijo Lasso.

Agregó que los transportistas ecuatorianos podrán cruzar la frontera y avanzar a territorio colombiano para entregar su mercadería, y lo propio harán los de Colombia.

Con respecto a la situación carcelaria, Lasso expresó que habrá repatriación de algunas personas privadas de la libertad de nacionalidad colombiana, lo que contribuirá a reducir el hacinamiento en cárceles locales. La repatriación sería de unas 170 personas privadas de la

libertad.

El jefe de Estado ecuatoriano anunció que el siguiente gabinete binacional se realizará en diciembre en suelo colombiano.

Masharos News.

El Gad Municipal de Palanda tiene programada la proclamación, exaltación y coronación de la Reina periodo 2021-2022, al conmemorarse el VIGÉSIMO CUARTO ANIVERSARIO de emancipación política.

La Señorita Anasbeth Janeth Álvarez será quién lusca la corona de la belleza de la mujer palandense.

Por su parte Mariuxy León de la Unidad de Turismo, detalla que este evento se desarrollará el viernes, 26 de noviembre del 2021 en el Parque Central a partir de las 19h00. Asimismo, se llevará a efecto el FESTIVAL DEL PASILLO, con el objetivo de resaltar el arte de musical del cantón.

La Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe, estará presente en este evento para dar mayor realce a estas festividades con el grupo de danza y baile moderno, así lo  informo Diego Arias, secretario general de la institución.

Las actividades deportivas, culturales, sociales y cívicos se desarrollarán el 26, 27, 28 de noviembre y el 02 de diciembre con el cierre de la sesión solemne y la noche de confraternidad.

GAD  DEL CANTÓN PALANDA.

El Ejecutivo tiene 10 días para responder las observaciones de la proforma presupuestaria hechas por la Asamblea Nacional, el pasado 18 de noviembre del 2021.

El plazo empieza a correr al día siguiente que el Legislativo notifique al Ejecutivo con la resolución de las observaciones. Hasta horas de la mañana de este viernes 19 de noviembre, aún no se había hecho la notificación.

De todas formas, terminado el plazo, el Presidente de la República puede acatar las observaciones y enviar una nueva proforma o también puede ratificarse en su propuesta original.

Entre las principales observaciones hechas por el Pleno de la Asamblea está la asignación de recursos para salud, educación y educación superior.

Para los dos primeros rubros, el Legislativo señala que no se cumple con el incremento anual de 0,5% como establece la Constitución. En eso coinciden expertos económicos como Fausto Ortiz, ex ministro de Economía quien explicó que el Gobierno comete un error en el mecanismo para definir el incremento; por ejemplo, “compara el aumento con el presupuesto devengado del año y no el inicial del año previo”, dijo.

Para Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, el porcentaje de aumento no se ha cumplido desde el inicio y ahora es más complicado debido a la situación económica del país.

En las comparecencias durante el debate del documento en la Comisión de Régimen Económico el Gobierno ha defendido sus asignaciones.

Por ejemplo, en los temas de salud y educación, el ministro de Finanzas, Simón Cueva sostuvo que para el incremento se ha establecido la metodología de comparar con el presupuesto codificado; es decir con lo ejecutado y lo proyectado hasta culminar el año. Así se ha hecho desde el 2015, según el funcionario.

Mientras que para el tema de recursos para las universidades y escuelas politécnicas se justificó el incremento comparando con las asignaciones iniciales de años pasados y con las variaciones por los ingresos de gestión propia.

El Comercio.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso firmó esta mañana dos contratos de inversión para el sector minero. Se trata de los proyectos Cangrejos, a cargo de la empresa Lumina; y Cascabel, de Solgold.

Ambos representan una inversión de $ 470 millones y generarán 2.000 plazas de empleo. Así lo informó la viceministra de Promoción de Exportación e Inversiones, Lorena Konanz.

La firma se dio en el marco del evento internacional ‘Ecuador Open for Business’, que aglutina a representantes de 51 países del mundo y cuyo propósito es conseguir inversiones para el país. Lasso ha ratificado que el objetivo del país es atraer inversión privada por alrededor de $ 30.000 millones en cuatro años.

En Cangrejos se prevé una inversión de $ 35,6 millones con un proyecto de cuatro concesiones que durará 25 años, y que se desarrollará en el cantón Santa Rosa de El Oro. Mientras que el contrato para Cascabel, con duración de quince años, asciende a $ 430 millones. Este segundo proyecto, parte del top mundial, se ubica en Imbabura.

La firma contó con la presencia del presidente de la República, Guillermo Lasso; el ministro de Producción, Julio José Prado; el de Energía, Juan Carlos Bermeo y los representantes de las mineras: el presidente de Lumina, Marshall Koval; y Andrew Tauton, vicepresidente de Solgold.

El presidente de la República agradeció a los empresarios, los felicitó y les deseó mucho éxito. También pidió a los inversionistas asistentes conocer más el país y “enamorarse de esta tierra maravillosa”.

Explicó que el Gobierno busca ser facilitador de los trámites y aseguró que lucha con los procesos burocráticos. “Muchas veces los trámites matan los sueños de los inversionistas”, dijo.

En este tema también hubo anuncios, pues se firmaron dos decretos para la creación del Sistema Nacional de Atracción y Facilitación de Inversiones (Senafi) y la Ventanilla Única de Inversiones (VUI). Asimismo se creó la Secretaría Técnica de Alianzas Público-Privadas y Gestión Delegada.

Lasso explicó que de esta manera se logra que los inversionistas no se pierdan en un mar de trámites y papeleos o desplazamientos de un edificio a otro.

Además, la Secretaría coordinará a las instituciones necesarias para concretar los procesos de inversión. Comentó que el Gobierno busca agilizar los procesos, y por ello, por ejemplo, la preparación de los contratos firmados en el ámbito minero han durado dos meses, cuando lo que demoraban normalmente eran dos años.

El Universo.